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e. Los nuevos ejes de las reformas universitarias públicas

      Es difícil encontrar un claro escenario de tendencias únicas en las reformas de la educación superior, en tanto existe una amplia y compleja diversidad de orientaciones. Es claro que el escenario cambió radicalmente: la democracia está instalada en la región y las universidades han perdido su eje como espacio de lucha democrática. La diferenciación institucional ha determinado que ellas ya no pueden asumir la totalidad de las demandas de acceso, ya que las carencias financieras y las demandas de calidad han impuesto políticas selectivas. La proliferación institucional ha planteado la necesidad de regulaciones públicas y la propia globalización ha promovido también estándares internacionales compartidos de funcionamiento de la educación superior. En este sentido se abren nuevos derroteros del debate sobre la autonomía y las tendencias de las transformaciones futuras de la educación superior. Sin embargo, más allá de la diversidad de estrategias propias, la tendencia más marcada de las reformas está dada por su supeditación a los marcos que fijan las políticas y los estrechos espacios en los cuales se pueden dar las reformas internas. Ello, más allá de que históricamente las universidades han tenido dificultades en instrumentar reformas a su interior y que sus fuerzas transformadoras internas muchas veces han quedado bloqueadas en la fragmentación, la burocracia universitaria y la necesidad de unanimismos difíciles de conseguir, o han sido extremadamente lentas.

      Desde los años 70 y variando en cada país en función de políticas, ideologías y recursos financieros, el objetivo de incrementar la cobertura que había caracterizado la dinámica de la educación superior se transformó lentamente al transferirse una parte significativa de la creciente absorción de bachilleres hacia nuevas instituciones, primero públicas y luego privadas en la mayor parte de la región. Esta estrategia se realizó por medio del establecimiento de mecanismos restrictivos al ingreso automático a las universidades y el incentivo a la creación de otras ofertas. Recursos escasos y necesidades infinitas, base de la economía mercantil para asignar y restringir el acceso a los bienes y servicios a través de los precios que ajustan demandas y ofertas, en el caso de la educación superior en América Latina, al mantener la gratuidad estableció las limitaciones en accesos diferenciados con base en conocimientos a través de una restricción selectiva al consumo de dichos servicios educativos en función de ingresos económicos y, por ende, una selección social al ingreso a las universidades autónomas latinoamericanas y también —derivado de ello— un mejoramiento de su calidad al detener la masificación sin límites.

      Tal proceso de diferenciación universitario fue expresión de una política pública que buscó quitarle el monopolio del servicio educativo superior a las universidades autónomas, abrir espacios a la acción privada y de otras modalidades y niveles públicos y, al tiempo, ayudar a darle flexibilidad a los desarrollos disciplinarios al facilitar el uso de mecanismos de mercado al asignar recursos, todo lo cual sentó una nueva lógica de la educación superior desde los años 80. A partir de esta selección de ingreso, el núcleo central de las orientaciones de las universidades públicas cambió radicalmente, al no estar estas asociadas a canalizar la expansión de la matrícula y la masificación del ingreso. El eje de sus problemas —y con ello el establecimiento de las prioridades de sus políticas internas— varió radicalmente y por ende también sus lógicas y orientaciones estratégicas. Sin embargo, aun cuando es difícil establecer claramente una visión del panorama futuro y de cuáles serán las características distintivas de las universidades públicas en el siglo XXI, es posible empezar a visualizar un pasaje de los ejes de las reformas desde determinantes internos de las instituciones hacia políticas de reformas gestadas externamente a ellas, y desde dinámicas orientadas a la masificación hacia políticas focalizadas en la calidad, en la oferta de postgrados y en la investigación.

      Este pasaje desde impulsos internos hacia imposiciones externas es derivado de realidades sistémicas en la educación superior que comienzan a imponer políticas colectivas por encima de las instituciones. Así, los ejes de las políticas se focalizan en los problemas centrales compartidos de la educación superior —los cuales mayoritariamente provienen de la diferenciación institucional— que han incentivado los problemas de articulación y de recorrido, de una fuerte diferenciación de la calidad como derivación de la formación de circuitos diferenciados de calidad, de las inequidades derivadas de la elitización de las universidades públicas y de las restricciones de acceso de tipo económico a la educación pública.

      Las reformas, aún acotadas, no tendrán una única orientación. En los países donde la universidad pública no estableció significativas barreras de ingreso y, por consiguiente, donde las instituciones privadas se articularon como instituciones de elite ante la fuga de las clases medias y altas hacia la educación privada, los ejes de las potenciales reformas se continuaron focalizando en sus líneas tradicionales y más intensamente en la regionalización de la matrícula, la reducción de los niveles de deserción, repetición y abandono y en la obtención de adicionales financiamientos públicos para mantener la expansión de la matrícula, como son los casos de Argentina, República Dominicana, Panamá y Uruguay y, asociado a los accesos de los indígenas, Bolivia.

      Sin embargo, será en el marco del modelo dual con restricciones de acceso irrestricto a la educación superior en las universidades públicas, que es el más generalizado en la región, donde finalmente se establecerán los nuevos derroteros de los caminos universitarios, los cuales necesariamente serán altamente diferenciados. Para unas instituciones los problemas se localizan en la gestión y en la capacidad de gobernabilidad de las instituciones y, por ende, en el poder a su interior dada la cogestión y la dispersión de los centros de poder. Para otras, en el marco de la continuación de la expansión de la cobertura, los problemas derivan de las limitaciones del financiamiento público y su necesidad de financiamientos adicionales. Sin embargo, en general para las universidades que han puesto restricciones de ingreso, el eje de su acción tenderá a focalizarse en cómo incrementar la calidad, que implica un mayor incremento de los costos y por ende la necesidad de obtener más recursos públicos y una diversificación financiera ante la restricción al cobro de la matrícula, como son los casos de Perú, Costa Rica, México, Guatemala, Bolivia, Panamá, Uruguay, Brasil y ahora Ecuador. Aquellas instituciones que se focalicen en la búsqueda de aumentar la calidad avanzarán necesariamente hacia las dinámicas educativas de la sociedad del conocimiento al promover los postgrados, la virtualización de la enseñanza, la internacionalización, la educación permanente y la investigación. Los datos muestran claramente que, en general, la universidad pública autónoma latinoamericana, al restringir los ingresos en función de selecciones con base en la calidad, desde fines de los 70 comenzó a elitizarse estructurándose como un mecanismo para transferir recursos públicos hacia los sectores procedentes de los quintiles de mayores ingresos. Actualmente, en general en la región en ese camino se tiende a un desarrollo más orientado hacia la calidad y hacia una mayor gobernabilidad, con las complejas situaciones que esta estrategia tiene para implantarse. En este modelo en proceso de construcción, la tensión proviene además de la equidad y de ella derivan algunas políticas

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