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abusadores se acerca al 6.1 %¹¹.

      El impacto causado por el caso Irlandés hizo que durante el 2010 no solo el papa Benedicto XVI tuviera que enfrentar la situación públicamente —pidiendo perdón y reconociendo que se había fallado de forma sistemática en proteger a los niños, niñas y jóvenes bajo el cuidado de la Iglesia¹²—, sino que nuevamente se desencadenó una ola de denuncias de abusos sexuales y encubrimientos de parte de la Iglesia, pero esta vez en toda Europa. Recibieron atención internacional los casos denunciados en Bélgica, Austria, Francia, Holanda y, de una manera particularmente aguda, los casos denunciados en Alemania. El caso Alemán incluyó el develamiento de los brutales abusos sexuales y torturas sistemáticas (privación de alimentos, golpizas y amenazas) que sufrieron al menos 547 niños pertenecientes al coro católico de Ratisbona, institución que por años estuvo a cargo del hermano del papa Benedicto XVI, monseñor Georg Ratzinger.

      El caso de la Iglesia Australiana ha sido uno de los últimos en cobrar relevancia a nivel mundial. El gobierno de ese país decide el año 2012 constituir la Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, comisión compuesta por connotados académicos e investigadores que trabajarían durante cinco años entrevistando a cerca de 8.000 víctimas de abusos sexuales infantiles en todo el territorio australiano. Respecto al caso específico del abuso infantil en contextos institucionales religiosos, la Comisión Real reportó un total de 4.029 casos, la mayoría de ellos —el 61,8 %— ocurrieron en un contexto institucional ligado a la Iglesia católica. Se estimó que un 7 % del total de sacerdotes católicos australianos, entre 1950 y 2010, estuvo involucrado en la realización de estos delitos¹³.

      Las prácticas abusivas descritas por las autoridades australianas implican los mismos patrones presentes en otras partes del mundo de manipulación, extorsión y profanación del discurso religioso para justificar dichos crímenes. Destaca en ese sentido los sórdidos relatos en torno a los abusos del sacerdote Gerald Ridsdale —responsable comprobado de más de un centenar de víctimas—, quien durante las violaciones le pedía a sus víctimas que rezaran para ser perdonados, afirmando que el abuso “era parte del trabajo de Dios”, llegando incluso a violar a una niña en el altar de la iglesia ante la presencia del padre de la menor, y amenazando que si alguna de sus víctimas decía algo al respecto “Dios castigaría a sus familias”¹⁴. Debido a las evidentes políticas de encubrimiento y negligencia de parte de las autoridades eclesiales en Australia, el cardenal George Pell —responsable de las finanzas del vaticano, y muy cercano al papa Francisco— tuvo que reconocer públicamente haber fallado gravemente en el manejo de los sacerdotes pederastas. Con posterioridad, el mismo cardenal tuvo que enfrentar acusaciones legales que le imputan diversos tipos de delitos de abuso sexual a menores. En marzo de 2019 fue condenado a seis años de cárcel por violación de un niño de 13 años y abuso de otro, convirtiéndose en la persona de más alta jerarquía eclesial en ser condenada por este tipo de crímenes¹⁵.

      Ciertamente América Latina no ha estado exenta de esta oleada de denuncias. Uno de los casos que mayor repercusión pública ha tenido en el continente es el del sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de la congregación Legionarios de Cristo.

      Pese a que hay evidencia de que el Vaticano tenía información de abusos sexuales perpetrados por Maciel al menos desde los años cuarenta, no sería hasta 1997 que el caso alcanzaría una repercusión internacional cuando ocho exmiembros de la Legión difundieron una carta abierta al papa Juan Pablo II donde denunciaban haber sido abusados reiteradamente por Maciel. Respecto al caso de Maciel se ha planteado que el congelamiento y obstaculización de su proceso investigativo en el Vaticano se debió a la protección que ejerció Juan Pablo II hacia su figura, debido al aprecio y consideración especial que dicho Papa le profesaba. Solo con la llegada de Benedicto XVI se reabrió el proceso canónico investigativo contra Maciel. La sentencia iba a llegar finalmente el año 2006, cuando se le condenó a la prohibición de ejercer su ministerio públicamente, recomendándole retirarse a una vida de “oración y penitencia”. Luego de su muerte en el año 2008 terminaron de salir a la luz pública eventos relacionados con su vida, los que incluían decenas de denuncias de abuso sexual, paternidad de varios hijos no reconocidos —incluyendo el testimonios de sus hijos de haber sido abusados sexualmente por el mismo Maciel—, adicción a la morfina, y plagio intelectual.

      El resto de la información sobre los abusos sexuales realizados por sacerdotes y religiosos en México se encuentra dispersa y aun no sistematizada, aunque existan varios casos emblemáticos relevantes. Entre ellos se puede mencionar: el de Juan Aguilar de Puebla (denunciado por abuso a setenta menores), Gerardo Silvestre de Oaxaca (condenado a 16 años de cárcel, se presume que sus víctimas pueden llegar al menos al centenar), Manuel Ramírez en nueva León (cinco años de prisión por abuso a nueve niños), y Eduardo Córdova de San Luis de Potosí (prófugo, al menos 19 víctimas).

      Los últimos 15 años han existido denuncias de cientos de sacerdotes en toda América Latina, incluso produciéndose encarcelamiento de varios de ellos. Se han reportado denuncias y condenas de religiosos en los países de Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Puerto Rico, Brasil y Chile. De entre ellos me referiré brevemente al escenario chileno.

      La visibilización pública de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos en Chile tendría un punto de inflexión el año 2002, cuando se conociera la denuncia contra José Aguirre, el “cura Tato”. Luego de diez meses de proceso judicial, Aguirre fue sentenciado a doce años de cárcel habiéndose comprobado al menos una decena de abusos sexuales a menores. El mismo año 2002, el Arzobispo Emérito de la Serena, Francisco Cox fue retirado de sus funciones pastorales por “conductas impropias” y, sin que enfrentara a la justicia, se le recluyó en un monasterio en Alemania.

      Sin embargo, el rostro y símbolo de los abusos sexuales en la Iglesia chilena iba a ser el caso del exsacerdote Fernando Karadima. Pese a que ya se había realizado una denuncia eclesial en el año 2004, no iba a ser hasta el 2010 cuando el caso terminó de salir a la luz pública, y a desatar una de las mayores crisis de la Iglesia chilena, cuya duración se extiende hasta nuestros días. Karadima fue condenado el año 2011 por la justicia canónica a una vida de “penitencia y oración” debido a sus múltiples casos de abuso sexual. Un poco más tarde y pese a estar prescrito el caso, la justicia civil reafirma la veracidad de cada uno de los delitos que se le acusaban. Siete años después, en septiembre de 2018, sería finalmente dimitido del estado clerical “por el bien de la Iglesia”.

      Las repercusiones de los crímenes que Karadima cometió han sido vastas y complejas. No solo porque ha quedado al descubierto que, al igual que en otras partes del mundo, ha existido toda una red eclesial de encubrimiento, manipulación, y proteccionismo de parte de obispos y autoridades religiosas para obstruir el proceso investigativo respecto a estos crímenes; sino que, además, el caso Karadima ha develado de una forma particularmente evidente la forma como se administraba el poder en la Iglesia, sus problemáticas alianzas estratégicas con sectores de la elite políticosocial nacional, y las oscuras prácticas de control, tortura y amedrentamiento psicoespirituales que se implementaron en la formación de toda una generación de sacerdotes, muchos de los cuales siguieron ocupando posiciones de poder en la Iglesia¹⁶.

      Desafortunadamente, han existido cientos de otras denuncias y procesos hacia pederastas religiosos en nuestro país. Los intentos de sistematizar la información aún son incipientes y dificultosos debido al continuo aumento de denuncias y develamiento de abusos sexuales cometidos por religiosos. Por ejemplo, en enero de 2018 la ONG Bishop Accountability reportó que habría cerca de 80 sacerdotes que han recibido acusaciones de abuso sexual en Chile¹⁷. Sin embargo, un año más tarde, luego de la polémica visita del papa Francisco al país, las denuncias de abuso habían crecido exponencialmente, llegando a existir 164 investigaciones en curso, 220 personas investigadas, y 246 víctimas para abril de 2019¹⁸. En un reciente trabajo la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Chile sistematizó la información disponible de 230 casos de denuncia de abuso sexual, los que involucrarían a dos cardenales, seis obispos, 35 autoridades eclesiásticas, 146 sacerdotes, 37 hermanos y hermanas, cinco diáconos, tres capellanes y nueve laicos¹⁹. La Iglesia chilena ha enfrentado una profunda crisis que

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