LITMIR.BIZ

Скачать книгу

Con una frazada tapaba las escaras que se habían formado en su espalda y glúteos. El adolescente quedó internado en el Hospital San José, donde falleció un mes después por una úlcera sobreinfectada, lo que le produjo un shock séptico.

      En su casa, Carola Ortiz realizó el velorio de su hijo Emerson, de 17 años. Ese día, mientras fumaba un cigarro afuera de su hogar, recuerda que V. se le acercó. Paradas en la calle, ambas se enfrentaron a gritos. De esa discusión, la madre dice que aún siente impotencia por la frase que le gritó V.: “No vayan a decir ahora que nosotros lo matamos”.

      Tras la muerte de Emerson, la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Niños y Niñas —que pertenece a la Municipalidad de Huechuraba—, le informó a su equipo sobre lo ocurrido con el menor. Al escuchar la noticia, Paulina, una funcionaria de la oficina, no supo cómo reaccionar. Ella pidió cambiar su nombre real para este reportaje y dice que en más de una ocasión informó a los tribunales de familia sobre la situación de V. y Emerson, al que conocía desde hace un año.

      Paulina, tras revisar los documentos de Emerson, cuenta que recordó otro caso similar: el de un padre, que en julio de 2016, denunció que S., su hijo de 13 años, había sido reclutado por su vecina, quien resultó ser V. Según documentos de la OPD de Huechuraba, compañeros del colegio de S. declararon que él “conducía una moto pequeña con la que trabaja como soldado para una red de narcotráfico que opera en el sector”. Ese año, Paulina asegura que se reunió con el Centro de Medidas Cautelares, con el Ministerio Público y el Sename. En las oficinas del tribunal de familia, realizó formalmente la denuncia sobre la situación de S. y la sospecha de otros casos más. En esa oportunidad, dice que vio cómo se firmó un oficio para ser enviado al Ministerio Público.

      —Pero nunca encontré vestigios de esa denuncia. Le pregunté a compañeros y fiscales si podían buscar algo relacionado a V., pero no dimos con nada. No existía esa denuncia. No está dentro del sistema. No sé qué pasó —relata Paulina.

      La última denuncia realizada al Ministerio Público sobre el caso de Emerson y nuevos jóvenes reclutados, ocurrió en diciembre del año pasado. La jueza Pilar Villarroel, del Centro de Medidas Cautelares, presentó la información a la Fiscalía Centro Norte. Pero ella dice a Sábado que no conoció el caso de Emerson por las denuncias de los programas de protección, sino que fue a través de otro hijo de Carola Ortiz: J. El menor, después de acudir a los funcionarios de la OPD de Huechuraba, se reunió con la magistrada en los tribunales de familia. Villarroel accedió a escucharlo por dos razones:

      —En mis 18 años de experiencia en causas familiares o con menores relacionados a delitos, en solo dos oportunidades ha llegado un joven espontáneamente al tribunal y ha pedido hablar conmigo. J. fue uno de ellos. Pero nunca me habían solicitado ser ingresado a un hogar del Sename y menos que no fuera visitado por su propia familia. Él estaba desesperado, me dijo: “Métame al Sename, estoy cansado de lo que estoy viviendo” —asegura la magistrada.

      Pilar Villarroel relata que J. le solicitó salir de su casa porque estaba siendo obligado a delinquir por sus hermanos. “Lo golpearon tanto que J. denunció en Carabineros, pero, según su relato, no lo tomaron en cuenta, porque los policías sabían que su familia tenía problemas con los narcotraficantes, así que no hubo declaración ni constataron lesiones”, relata.

      J. denunció y se reunió con la jueza a escondidas de su familia. Es así como la magistrada revisó las causas anteriores del menor y las denuncias de Carola Ortiz. Ella asegura que no es primera vez que se entera de que las denuncias realizadas por los programas de protección a los tribunales de familia no son consideradas. Explica que uno de los motivos puede ser la alta carga laboral de cada magistrado, que bordean las 100 y 150 causas diarias cada uno, pero lo que realmente afecta, según ella, es lo rotativo que son los jueces en cada una de esas causas.

      —El problema es que las causas complejas no radican en un solo juez. Un caso como el de Emerson puede pasar en un año de tramitación, fácilmente, entre 15 y 20 jueces. Ahí dependerá del criterio de cada uno si revisa o no los expedientes pasados. ¿Por qué el tribunal no hizo nada y por qué actuó de forma indebida? Es porque el sistema está mal hecho. Los magistrados de medidas cautelares vemos causas que tratan desde el bullying hasta niños que pueden ser usados como soldados de tráfico. Y ese problema ocurre en todos los tribunales de familia de Chile, por lo tanto, es importante reformar íntegramente la ley, y crear un sistema de protección administrativa, que sea previo a lo judicial, con una ley de garantías que reconozca los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país.

      Además, agrega Villarroel, otra falencia del sistema es la falta de asesoramiento legal que reciben los padres involucrados en vulneración de derechos de sus hijos.

      —Carola Ortiz nunca estuvo asesorada por un abogado que la pudiese defender del sistema, que la guiara en el proceso judicial. Por muy inhabilitada que esté una persona como madre o padre, ellos tienen derecho a tener un abogado que los apoye en el proceso. El sistema debería tener como objetivo no alejar a los niños de sus padres, al contrario, debería ser habilitar o rehabilitar las habilidades de estos padres para que puedan hacerse cargo. Pero, en este caso, el problema estuvo en que el tribunal de familia no verificó que esta vecina ya tenía denuncias previas de los programas.

      Con los antecedentes, la magistrada Villarroel investigó en otros programas y dio con tres nuevos casos de jóvenes reclutados por V. “Ellos me informaron que existe un grupo organizado que va a los tribunales de familia o de garantía y piden la tuición o cuidados de niños vulnerados, los que no tienen un adulto responsable y hábil. Hoy, esos niños estarían siendo usados como soldados”. Además, la jueza asegura que pidió más datos sobre esos menores al Sename y a la OPD de Huechuraba, los que “fueron resistentes a entregar la información. Después, derechamente, ya no me respondieron más”.

      Con la información que alcanzó a recopilar, Villarroel presentó la denuncia de diciembre pasado. “Lo hice como magistrada, con mi nombre, sin escatimar en los peligros que conlleva. No lo hice a nombre del tribunal de familia porque, lo más seguro, es que quedara en el aire”. Semanas después, dice que fue citada a declarar a la fiscalía y asegura que entregó todos los antecedentes a José Morales, fiscal jefe. Nunca más recibió información del caso ni de su denuncia. Sábado se contactó con el fiscal Morales para saber el destino de las tres denuncias —que realizaron los profesionales de programas y tribunales de familia— que involucran, al menos, a 10 menores de edad; y para conocer antecedentes de V., pero prefirió no referirse al tema.

      En diciembre del año pasado J., el hermano menor de Emerson, ingresó al Cread Pudahuel. Lo hizo apoyado por una antigua profesora de su colegio, la que mantiene una estrecha relación con él.

      La profesora confiesa que ella le recomendó pedir ayuda por las golpizas que recibía de sus hermanos, cuando no quería delinquir. Incluso, por solicitud del mismo J., el tribunal de familia prohibió todas las visitas de Carola Ortiz y de su familia. Excepto a la profesora, la que después pudo llevárselo a su casa, los fines de semana. Junto a ella celebró su cumpleaños, Navidad y Año Nuevo.

      En la dinámica del hogar, junto a su marido e hija, relata la docente, notaron las verdaderas carencias del menor. “Ahí me di cuenta de que él solo necesita cariño, que lo ayuden, que le enseñen cosas cómo cortarse las uñas, lavarse el pelo con champú”, agrega. La profesora explica que J. destaca por ser un joven con una sola meta en su vida: terminar el colegio.

      —J. nunca faltó a clases. Es un chico amable, creó vínculo con los profesores, entonces, para él, fue una fortaleza estar en la escuela y rodeado de gente que lo apoyaba. Es muy querible, donde va, la gente le toma cariño. J. tiene unos ojos verdes hermosos y cada vez que lo veo, siento que sus ojos reflejan su alma. Suena raro, pero a él lo ayudó mucho ese tiempo en el Sename. No en rehabilitación ni en enseñanza, lo ayudó a escapar de lo que estaba rodeado. Hasta su cara cambió, era otro niño, uno feliz. Me decía que ahora podía dormir tranquilo. Pero se escapó.

      J. alcanzó a estar siete meses en el Sename antes de volver a vivir con su madre, quien hoy tiene la tuición de todos sus hijos de nuevo, en La Pincoya.

      —A mis hijos los

Скачать книгу