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De hecho, la libertad corre peligro de degenerar en mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en términos de responsabilidad. Por eso yo aconsejo que la estatua de la Libertad en la costa este de los Estados Unidos se complemente con la estatua de la Responsabilidad en la costa oeste.
A manera de introducción es importante precisar las nociones de: libertad sindical y de autonomía colectiva sindical; así como el sentido de su ejercicio responsable desde la perspectiva de la correlación de derecho-deber de toda libertad, para luego exponer el contexto histórico, político y jurídico de la autonomía colectiva sindical en Colombia antes de la Constitución Política de 1991
(I). Posteriormente, se analiza la consagración constitucional de la libertad sindical como un derecho fundamental en Colombia, al igual que la aplicación de las normas internacionales que garantizan la autonomía colectiva sindical, en virtud del bloque de constitucionalidad, a partir de la Constitución Política de 1991 (II). Por último, se plantea el problema del presente trabajo de investigación, desde una realidad contraria a la finalidad sindical en Colombia

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I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO Como premisa se constata que, en la actualidad, no existe una definición jurídica de arte, al menos en el marco de análisis en el que se realizará el presente estudio. Por ello, es necesario tener en cuenta las múltiples facetas que el fenómeno del arte puede adoptar viendo que estos matices se verifican, incluso desde el punto de vista léxico, ya que en castellano puede designarse el término arte tanto al femenino (como era la ars latina) como al masculino. Asimismo, tampoco existe una definición jurídica de street art y designarlo —o traducirlo— arte urbano o callejero puede, indirectamente, implicar una connotación jurídica diferente más o menos amplia. Por todas estas razones, analizar algo de lo que derivan indudables matices jurídicos se convierte en una tarea difícil al constatar que existen rasgos indefinidos desde el punto de vista de su definición. Frente a esta situación podría asumirse una definición doctrinal, viendo el street art como un movimiento artístico realizado en un contexto urbano o exterior, sin autorización previa y ubicado en un lugar visible al público.
. Sin embargo, esta última definición puede asociarse a un tipo de street art embrionario, tal y como existía hace varias décadas6. Hoy en día, el street art se enfrenta a elementos distorsionantes producto de su evolución. En este sentido, se observa que, en la actualidad, hay cada vez más llamamientos para realizar obras callejeras concertadas. Si bien, inicialmente, el fenómeno se ha abordado desde el punto de vista extracontractual, en algunos casos, hoy en día, se asocia a un contrato. Precisamente lo que inicialmente podía ser circunscrito en el marco de un acto unilateral, asume la connotación de la bilateralidad cuando, en algunas ocasiones, se autoriza la realización de la obra. A modo de ejemplo, en el ámbito público encontramos en la actualidad proyectos puestos en marcha para resanar o mejorar estéticamente determinadas áreas urbanas. En estas circunstancias, hay un paso evidente hacia la contractualización. De esta forma, existen ayuntamientos dispuestos a fomentar las prácticas de street art para artistas consolidados o no consolidados e, incluso, se regula expresamente la posibilidad de autorizar graffiti en el espacio público Un ejemplo claro de la evolución del fenómeno del street art aparece en los años noventa: Keith Harring pasa de ser encarcelado por dibujar en el metro de Nueva York a ser invitado al otro lado del océano para pintar una superficie de 180 metros, superficie que, años más tarde, será restaurada para su preservación. Como se puede constatar en este ejemplo, la autorización a la ejecución de una obra de street art implica la realización de maniobras en las que participan varios actores. Esto genera algunas ventajas, como la posibilidad de concordar que el comitente cancele en cualquier momento la obra si no resulta acorde con sus expectativas

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Las ideas que se proponen en este trabajo toman principalmente por base las elaboraciones teóricas propuestas, durante su larga carrera científica, por el profesor alemán Günther Jakobs. Son varias décadas de investigación de ya una escuela (la escuela de Bonn) que cuenta con seguidores en muchos países europeos y americanos, donde académicos y dogmáticos del derecho penal profundizaron y explicaron sus conceptos, crearon nuevas categorías e impulsaron profundas discusiones penales. En suma, donde se ha pretendido estudiar los problemas sociales a partir de una visión holística de la ciencia penal; una visión no individualista y en muchos aspectos más cercana a la posmodernidad. Es una perspectiva funcional-normativista del derecho penal que consideramos apta y con suficiente capacidad de rendimiento para explicar el derecho penal de la sociedad mundo, donde el riesgo y la diferenciación deben ser entendidos. Esta moderna sociedad también conoce el crimen, lo que sucede es que este es ahora global, propio de estructuras organizativas de muchos órdenes, de macroestructuras criminales nacionales y trasnacionales que operan en redes. En definitiva, son nuevas formas de aparición del fenómeno criminal que desafían todos los días la capacidad de aprehensión teórica de la dogmática del derecho penal tradicional. Ante estas nuevas realidades una concepción normativa de la ciencia penal ilumina el camino, abre senderos hasta ahora poco recorridos y, por consiguiente, aporta cimientos a la tan anhelada seguridad jurídica. En estas líneas se pretende explicar los elementos fundamentales de la imputación penal en supuestos de macrocriminalidad y de crímenes internacionales, ámbitos donde la imputación penal no puede ser entendida solamente desde la acción individual del agente. Por ello, la propuesta que hacemos es un modelo social de imputación, a partir de los elementos de las teorías de la imputación objetiva y de las posiciones de garante, buscando así crear un gran esquema interpretativo de la realidad de la gran criminalidad. En la primera parte de este trabajo expondremos la discusión tradicional sobre responsabilidad penal al interior de estructuras delincuenciales, explicando las diferentes propuestas de solución para la imputación del jefe o cabecilla de la organización. Pues en efecto, todos los esfuerzos teóricos han estado enfocados desde siempre en la responsabilidad individual de un sujeto, quizás el más importante dentro de la organización, pero a la vez quien menos contribuye empíricamente al hecho, y poco en la responsabilidad de la organización o del colectivo. Las visiones causalista o finalista del delito palidecen ante semejante desafío. Solo la pionera propuesta de Claus Roxin sobre autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder puede ser leída generosamente como un antecedente importante para una correcta solución; no obstante, el lector atento podrá advertir que la importancia del aporte de este autor se ve menguada por el apego a categorías tradicionales del derecho penal.

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Der Inhalt: Die neu bearbeitete 14. Auflage bringt das Werk auf den aktuellen Stand von Gesetzgebung, Wissenschaft und Praxis. Eingearbeitet ist neben dem Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung 2009 und Änderungen der Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher auch das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz 2020. Hinzu kommen zahlreiche Neuerungen im europäischen Zwangsvollstreckungsrecht: die Reformen der Europäischen Zustellungsverordnung 2007, der Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung 2015 und der Europäischen Eheverordnung 2019 sowie die Neueinführung der Europäischen Mahnverfahrensverordnung 2006, des Europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen 2007 und der Europäischen Kontenpfändungsverordnung 2014. Die Konzeption: Die aktuelle Auflage führt das bewährte Konzept einer wissenschaftlichen Gesamtdarstellung des Zwangsvollstreckungsrechts fort, die Wissenschaft, Studierende, Referendare und Praxis gleichermaßen anspricht. Zur Praxis zählen dabei Richter und Rechtsanwälte, aber auch Rechtspfleger und Gerichtsvollzieher als die Vollstreckungsrechtler an vorderster Front.

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St. Pauli. Ein kleiner Stadtteil in der Hafenstadt Hamburg. Nicht erst bekannt, seit den Hans-Albers-Filmen. Ein weltbekanntes Dorf mit der Reeperbahn und der Großen Freiheit. Seit dem 18. Jahrhundert zieht es Matrosen aus alle Welt an. Das Geschäft mit Glücksspiel, Prostitution und frivoler Unterhaltung blüht. Das Hafenviertel ist ein eigenes Universum. In St. Pauli soll man in Freiheit leben, wenn man sich an die Regeln hält. Dort zieht es alle hin, die, welche Geld haben und aber auch die, die Geld machen wollen. Und die die Geld haben, werden von denen, die Geld machen wollen, betrogen, erpresst und gar getötet. Es ist schon eine eigene kriminelle Welt auf dem Kiez. Sogenannte Paten bestimmen das Leben seit Jahrzehnten und sind mit ihren Methoden wenig wählerisch und es wird immer gefährlicher, ein Leben auf St. Pauli.

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Der Inhalt: Der Klausurenkurs mit Repetitorium gibt dem Leser einen verlässlichen Leitfaden zur Vorbereitung auf die Klausuren aus diesen Rechtsgebieten im Examen an die Hand. Typische Musterklausuren werden exemplarisch und realitätsnah gelöst, mit dem Ziel der Einarbeitung in die Technik der Fallbearbeitung und der Einübung typischer Argumentationsmuster. Vorüberlegungen und eine vorangestellte knappe Lösungsskizze dienen der raschen ersten Orientierung. Die Entstehung der Lösung kann anhand von ausformulierten Musterlösungen sodann Schritt für Schritt nachvollzogen werden. Auf jede Falllösung folgt ein Abschnitt «Repetitorium», in dem das Wichtigste zu besonders klausurrelevanten Problemen zusammengefasst und somit die Möglichkeit der vertiefenden Wiederholung unter Zugrundelegung der Lehrbücher eröffnet wird. Die in diesem Band enthaltenen 18 Fälle und die ihnen zugeordneten Repetitorien vermitteln den Kernbestand des familien- bzw. erbrechtlichen Wissens und decken damit die prüfungsrelevanten Fragenkreise zu einem erheblichen Teil ab.

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Wir lesen nach der Einführung die Folgen des 2. Bandes: Mord an seiner Ehefrau durch einen Stasi-Offizier, der vor Gericht zu einem Spionagefall stilisiert wurde; Tod eines schwulen Funktionärs aus dem Volksbildungsministerium, ein Frauenleiche ohne Kopf an der Transitstrecke; Missbraucht und ermordet wurde die 11jährige Nancy, ein Fall, der bis heute nicht aufgeklärt wurde; Der Tod zweier Jugendlicher durch einen Sowjetsoldaten und ein Mord an einer Pastorin aus Wernigerode 1988; Geheime Privatsache wurden die Aufzeichnungen eines Serienmörders genannt; eine Mutter als Monster, die fünf Kinder tötete; ein verschwundes Kind, welches von einem nicht schuldhaft eingestuften Mann missbraucht und ermordert wurde; Serienvergewaltigung: Seit 1985 werden in und um Berlin Frauen vergewaltigt. Der Täter will unerkannt bleiben und die Frauen gefügig machen. In Merseburg erfolgt eine Hetzjagd auf kubanische Vertragsarbeiter und fordert zwei Tote. Der Fall wird vertuscht. Systemkritiker und Republikflüchtlinge sind nicht in der Lage, ihren Kindern eine ungetrübte sozialistische Erziehung und Kindheit zu gewährleisten. Deshalb kommt es zu Zwangsadoptionen. Zuletzt folgt eine Zusammenfassung des 2. Bandes. Nach Gerichtsakten, Vernehmungsprotollen und Stasi-Unterlagen.

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Fachwissen und Berufserfahrung sind unverzichtbar, um einen Todesfall zuverlässig aufzuklären. Mord, Selbsttötung, Unfall oder natürlicher Tod? Dieses Buch hilft dabei, den Sachverhalt am Leichenfundort richtig zu beurteilen, erforderliche polizeiliche Maßnahmen zu treffen und Fehler zu vermeiden. Theoretische Grundlagen werden durch aufschlussreiche Fallbeschreibungen aus langjähriger Praxis ergänzt. Hierzu zählen:
– die strafprozessualen Bestimmungen der Todesermittlung, – die Zusammenarbeit mit dem Leichenschauarzt, – die kriminalistischen und rechtsmedizinischen Methoden der Identifizierung unbekannter Toter sowie – die polizeilichen Ermittlungen bei rechtlich relevanten Todesfällen vom Ersten Angriff bis zur Abschlussentscheidung.Anhand der Praxisfälle werden die vielfältigen Erscheinungsformen des nichtnatürlichen Todes, z.B. durch mechanisches Ersticken, scharfe und stumpfe Gewalt, Schuss, Ertrinken, Brand, Unterkühlung, Strom und Vergiftung aufgezeigt. Die Beschreibung der Leichenbefunde ist mit Ermittlungshinweisen verbunden, die es ermöglichen, ein Fremdverschulden zu erkennen oder zweifelsfrei auszuschließen. Für die 6. Auflage wurden u.a. die gesetzlichen Bestimmungen auf den neusten Stand gebracht und wesentliche methodische Neuerungen wie die Virtopsy aufgenommen.

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El agua es el elemento central de la vida de todos los seres que habitamos el planeta. A pesar de su relevancia, actualmente presenciamos cómo el recurso hídrico se transforma en protagonista de diversas circunstancias conflictivas o polémicas, ya sea a causa de las violaciones del derecho humano al agua, el desarrollo de infraestructuras, las dificultades de acceso, la baja calidad del recurso para diversos usos, los efectos generados por eventos hidrológicos extremos impulsados por el cambio climático, la inseguridad hídrica o la contaminación de los cuerpos de agua. Todas son situaciones que generan discusión, así como efectos adversos en el medio ambiente y en la salud humana. Debido a los diversos aspectos que generan debate, el derecho de aguas se enfrenta a retos importantes que ameritan en algunos casos su transformación, en otros su ajuste y en múltiples escenarios su clarificación a través del ejercicio de investigación y cotejo realizado por la academia. El tomo IX de la colección Derecho de Aguas cumple con el ejercicio analítico que corresponde a la labor académica e investigativa. En esta ocasión se estudian diversos aspectos relativos al derecho de aguas en Argentina, Colombia, España, México y Paraguay, los cuales fueron abordados por los autores con un nivel muy importante de detalle y profundidad, de manera que representan un aporte significativo al desarrollo y la consolidación de esta rama del ordenamiento jurídico. El libro inicia tratando asuntos relevantes para el derecho de aguas colombiano. Abre esta primera parte el capítulo escrito por Gloria Lucía Álvarez Pinzón, el cual estudia la «Inaplicabilidad de los POMCA formulados bajo los decretos 1729 de 2002 y 2857 de 1981», fenómeno que se explica, según la autora, en razón a lo determinado por la Política Nacional para la Gestión Integrada del Recursos Hídrico y las disposiciones contenidas en el Decreto 1076 de 2015. El capítulo relacionado a las asociaciones de aguas, escrito por Álvaro Hernando Cardona González, analiza este modo de adquirir el derecho a usar las aguas determinado en el Decreto Ley 2811 de 1974, así como sus antecedentes históricos, sus características y el procedimiento administrativo ligado a este instrumento. Del mismo modo, el autor presenta las ventajas y desventajas de la «asociación». La inversión forzosa del 1 % ordenada por la Ley 99 de 1993 es el tema elegido por Roberth Lesmes Orjuela, quien con precisión identifica los aspectos centrales de este mecanismo que permite recursos económicos destinados al desarrollo de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográfica y acuíferos (POMCA), o a la formulación y adopción de estos para la cuenca hidrográfica que alimentó la fuente hídrica utilizada en el marco de proyectos licenciados. Andrés Gómez-Rey y Diana Carolina Valencia Tello, en el capítulo titulado «Formas de hablar el agua en el derecho», identifican fenómenos jurídicos como: el derecho humano al agua, el agua como bien de dominio público, el agua como recurso y las herramientas administrativas para acceder al uso del agua; en fin, diversos intrumentos jurídicos que pretenden lograr la protección del agua y de sus usos desde variados enfoques normativos. Eduardo del Valle Mora, por su parte, identifica y estudia el complejo marco jurídico aplicable para lograr la provisión de aguas para uso industrial en los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en proyectos de yacimientos convencionales en Colombia, así como el manejo de las aguas residuales resultantes de estos.

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Esta obra colectiva es el resultado del esfuerzo de investigadoras(es) y profesoras(es) de diversas instituciones académicas, quienes buscan recontar y hacer visible el papel de las empresas en el marco de un conflicto armado de más de 50 años. Ahora bien: pese a centrase en el conflicto colombiano, algunas reflexiones de los autores permiten analizar experiencias de otros países en estos escenarios, como el caso sudafricano, lo cual enriquece la investigación sobre el casi invisible y poco discutido papel de la empresa en los conflictos armados. En este último aspecto, este libro destaca la importancia de la empresa como «gestor o constructor de paz» y analiza desde emprendimientos de economía solidaria por excombatientes hasta empresas trasnacionales que utilizan el mecanismo de obras por impuestos. Otro aspecto que destacar son los aportes acerca de la responsabilidad o criminalización del sector empresarial como terceros después de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 entre el Gobierno nacional y la guerrilla FARC-EP. Sin duda, todo un reto para la justicia ordinaria y para la Justicia Especial para la Paz que, por el momento, no resuelven uno de los dilemas de la implementación de los Acuerdos, o también conocido como el posconflicto: quién logrará que las empresas reparen a las víctimas, cuenten la verdad y, sobre todo, no repitan sus comportamientos del pasado. Aquí, el libro pretende resaltar que el conflicto interno y el posconflicto no solo se presentan con actores armados (estatales o no estatales), pues convergen distintos actores sociales que, voluntaria o involuntariamente, cambian sus camisetas de víctimas a victimarios, de cómplices a determinadores de la guerra. Precisamente, el reto de la investigación se encuentra en entender los diferentes roles de la empresa, desde proyectos productivos de excombatientes hasta los inversionistas extranjeros, en los escenarios de violencia armada, los cuales han generado, en ocasiones, efectos positivos, y desafortunadamente, en la mayoría de los casos, efectos negativos en las víctimas o comunidades de la guerra interna. En otras palabras, el desafío de entender cuándo las empresas participan como víctimas y sufren las consecuencias de la guerra en sus actividades u operacionales económicas; o cuándo se convierten en victimarios y son cómplices o determinadores de las violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario constituyendo alianzas con los grupos armados ilegales, o simplemente se benefician de dichas violaciones para obtener ventajas en sus actividades; o cuándo las empresas son un «gestor de paz» al asistir a las comunidades y tomar acciones encaminadas a la prevención de la violencia o contribuyen a reparar las violaciones cometidas y proteger los derechos humanos de la población en los territorios de la guerra.