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de seis años; Y., de ocho; J., de nueve; y Emerson, de diez. Además, el grupo de niños también solía deambular, en la madrugada, cerca de la autopista Américo Vespucio. En más de una ocasión, Carabineros los trasladó hasta su casa.

      A raíz de esas conductas, que se repitieron durante años, Ortiz fue acusada de vulneración de derechos a sus hijos. Como sanción, el Centro de Medidas Cautelares —área del tribunal de familia que se enfoca en causas de violencia intrafamiliar y medidas de protección a menores— dictaminó cumplir con diversos programas que ayudarían a reparar y reinsertar a la madre y a los menores.

      Los cuatro niños también acumulaban varias inasistencias y tenían un significativo desnivel en sus etapas escolares, ya que algunos aún no pasaban de primero básico, cuando en realidad tenían que estar en quinto. Muchas de esas ausencias se debían a conflictos con otros alumnos, ya que eran molestados por su higiene y vestimenta.

      —Les decían “Los bacterias”, porque siempre andaban sucios y pidiendo plata. Ellos tenían un rollo con una conocida traficante del sector, siempre robaban o amenazaban a los otros profesores

      —recuerda un docente que conoció a los menores y que prefirió no revelar su nombre.

      En más de una ocasión, Carola Ortiz pidió que sus hijos fueran internados en el Sename. Al no tener un trabajo estable, dice que era difícil ejercer la maternidad de sus nueve hijos.

      —Estuve bien mal, no tenía los recursos, no podía cuidarlos. Quería que los internaran, porque se portaban mal, salían a robar. Yo tenía que ir a trabajar y nadie me ayudaba. Se me fueron de las manos, nomás. Perdí el control de ellos. Perdí al Emerson. Como no iba al colegio, comenzó a reunirse con otros jóvenes, los que se pasaban el día afuera de la casa de mi vecina. Todos menores de edad. Él consumía marihuana, se volaba. Después, la vecina lo invitó a dormir en su casa. Le dije que no quería que pasara tiempo allí, pero como eran traficantes, venían todos a intimidarnos.

      En diciembre de 2014, en la tarde del día de Navidad, Emerson, por voluntad propia, se mudó a la casa de su vecina. Sin zapatos y en la reja de entrada, pidió ser invitado a la cena, a lo que V. accedió. Según el propio relato de Emerson, incluido en informes del caso, ese día le regalaron un par de zapatillas nuevas. No serían los únicos regalos que le darían, recuerda su madre.

      —V. le dijo a la magistrada que mi hijo había llegado muerto de hambre y sin zapatillas a su casa. El Emerson le siguió el juego, pero también mintió porque la Navidad sí la pasamos juntos. Le regalé unas zapatillas Nike. El problema es que no le gustaron porque eran de su hermano mayor. No podía regalarle unas nuevas, siempre le compré usadas, pero eran buenas igual —agrega Carola Ortiz.

      En abril de 2015, el tribunal de familia recibió un informe sobre los avances de Carola Ortiz, en relación a la vulneración de derechos de sus hijos. En este se evidenciaba un cambio y un compromiso por haberlos matriculado en el colegio, lo que benefició a los menores, excepto a uno: Emerson.

      “Durante enero y febrero no asiste a las actividades ni al colegio (…), tampoco ha sido posible tomar contacto con él, en el contexto de visita domiciliaria, debido a que el joven se encontraría viviendo con una vecina, la cual se dedica al tráfico de drogas. La madre da cuenta de que ella ha intentado ir a buscar al joven, sin mayores resultados”, consigna el informe.

      Dos meses después, el 16 de junio de 2015, Emerson y V. asistieron voluntariamente al tribunal de familia. Según el acta de la audiencia no programada del Centro de Medidas Cautelares, V. contó que le dio un hogar al menor y que vivía con ella. También explicó que no podía mandarlo al colegio porque no era su apoderada. Allí V. solicitó el cuidado provisorio de Emerson. Él declaró estar de acuerdo y bien con su vecina. Frente a la jueza Paulina Roncagliolo, ambos negaron el consumo y venta de drogas en el domicilio.

      Según un informe social, en ese momento V. tenía 25 años, era madre de tres niños y había cursado hasta segundo medio. En su casa vivía con los menores, más tres adultos, hogar que mantenía como vendedora en un puesto de flores y con su pareja, que trabajaba como taxista. Pero esa versión sobre sus ingresos no pudo ser comprobada con ningún documento. Emerson tenía 14 años y solo había llegado hasta segundo básico. Nunca volvió a clases.

      Antes de finalizar la audiencia, la consejera técnica del tribunal revisó el historial de vulneraciones de Emerson y de los otros tres hijos de Carola Ortiz, quien no estaba presente ese día. Luego, la jueza Paulina Roncagliogo autorizó entregar el cuidado provisorio de Emerson a V. Todo el proceso duró diez minutos.

      En la madrugada, cuando salía de su casa para ir a trabajar, Carola Ortiz dice que solía encontrarse con la misma escena: su hijo Emerson parado en la esquina de su calle, con un banano negro colgando de un hombro. Allí guardaba la droga que vendía.

      —Se amanecía en la calle. Me contó que le pagaban diez lucas por hacer esa pega. A él le gustaba la vida de traficante, tenía todo en bandeja y con eso era feliz —recuerda la madre.

      A pesar de que la tuición de Emerson la tenía su vecina, Carola Ortiz seguía participando en programas de protección e intervención a menores. El Programa Especializado en Calle (PEC) de Recoleta fue uno de los primeros en escuchar e informar las denuncias de la madre.

      El PEC Recoleta pertenece a la Corporación Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), la que busca reducir o interrumpir el tiempo de permanencia de los niños y jóvenes en la calle, junto con la defensa y promoción de los derechos de estos. Además, ACHNU es una institución colaboradora del Sename.

      Cuando V. recibió la tuición de Emerson, Gabriel Sáez, trabajador social, era director del PEC Recoleta. Para él, no era el primer caso de jóvenes reclutados por narcotraficantes.

      —Ellos conocen así el rubro, tienen acceso a celulares, ropa y zapatillas. No lo connotan como algo negativo, al contrario, lo manifiestan como una manera fácil de obtener dinero todos los días. La mayoría de las familias que se dedican al tráfico reclutan a estos jóvenes, los usan como soldados y estos dejan de asistir al programa —dice Sáez.

      Una situación similar vivió Emerson, asegura su madre.

      —Mi hijo empezó a vivir otra vida, le regalaban ropa cara, zapatillas, Play Station, lo trasladaban en autos o manejaba moto. Cosas que yo no le podía dar, tengo muchos hijos y hago lo que puedo.

      Según documentos, a los que tuvo acceso Sábado, el PEC Recoleta le informó al tribunal de familia —en julio y agosto de 2015— las denuncias de Ortiz. Este último expediente fue enviado a Paulina Roncagliolo, la jueza que autorizó la tuición del menor a V.

      El protocolo para las denuncias de narcotráfico e informes realizados por estos programas son entregados al tribunal de familia, el que, a su vez, debería traspasar la información al Ministerio Público para que se investigue. Gabriel Sáez asegura que en denuncias anteriores, con otros casos parecidos, la fiscalía lo citó o le pidió más documentación del hecho. “Pero en este caso nunca me llamaron a declarar; asumo que no pasó nada”.

      En diciembre de 2015, Sáez dejó la dirección del PEC Recoleta y en su reemplazo asumió María Carreño, trabajadora social que conocía las denuncias de Carola Ortiz. Ese mismo mes, el PEC Recoleta envió por segunda vez un informe a la jueza Roncagliolo, del tribunal de familia.

      En él se detalla que V. no cumplía con lo estipulado por el programa y el tribunal; que Emerson había vuelto a la casa de su madre, después de que ser golpeado por V. y utilizado para robar; y que “la mejor alternativa para los jóvenes (los cuatro hijos de Ortiz) es salir del espacio actual donde se encuentran e irse a uno más protector donde pueden ser restituidos sus derechos vulnerados y cuenten con un adulto responsable”. Ese espacio era internarlos en una residencia del Sename, situación que había ocurrido en el pasado.

      En esa ocasión, el PEC Recoleta consultó el ingreso de los niños en cinco residencias: una de ella no tenía vacante, dos tenían disponibilidad para los próximos meses y el resto no respondió la solicitud.

      En junio de 2016, el PEC Recoleta volvió a entregar nueva documentación

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