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Esa frase de campaña le trajo a AMLO la confirmación de aliados y simpatizantes, pero también le granjeó confirmar a viejos y nuevos adversarios. ¿Qué tipo de proyecto reformador, o restaurador, de la educación básica plantea el lopezobradorismo? ¿Quiénes serán sus aliados prácticos, tácticos y estratégicos? ¿Cómo se construirá la agenda y los contenidos de una nueva reforma educativa? Muy probablemente, las dirigencias aparentemente antagónicas del SNTE y la CNTE serán potencialmente consideradas como aliados inevitables del nuevo proceso reformador (o contrarreformador, o reformador de la reforma), pues los costos de actuar en solitario pueden o podrían ser muy altos para el nuevo gobierno.

      En educación superior, las incógnitas rebasan con creces las respuestas. Más allá de las generalidades, como las de admisión universal o la de becas para todos los jóvenes que promocionó generosamente AMLO en sus decenas de mítines y entrevistas, no se sabe muy bien ni el qué ni el cómo ni el cuándo, ni quiénes se encargarán de diseñar una propuesta de política educativa para este nivel que tenga que lidiar con temas como el de la calidad, el financiamiento público, las bombas estalladas y las de relojería que son las pensiones y jubilaciones del profesorado universitario, la autonomía universitaria, el papel de las universidades privadas, el instrumental regulatorio adecuado para un sistema masificado y heterogéneo, las relaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación, el papel y los perfiles del posgrado.

      Estas preguntas y temas exigen decisiones de gobierno para traducirlas en agenda y programa. Definir el ordenamiento, la organización y las prioridades gubernamentales en el sector requieren de cierto trabajo intelectual y de un análisis sistémico de las capacidades institucionales para abordar la agenda, pero también de un “cálculo de complejidad” y la valoración del carácter estratégico, táctico o pragmático de las propuestas de solución en tanto problemas públicos. Desde esta perspectiva, el gobierno educativo significa el conjunto de estructuras, agencias y actores que permiten formular una agenda, tematizar y organizar las prioridades del gobierno, y definir las decisiones estratégicas, las políticas y los programas públicos necesarios para incidir en el abordaje y la (posible) resolución de los problemas de la educación mexicana para los próximos años.

      En todos los niveles del sistema educativo —el básico, el medio y el superior, incluyendo el posgrado— el problema del gobierno educativo de despliega en dos direcciones. De un lado, hacia la dimensión de la gobernabilidad sistémica. Del otro, hacia la dimensión de la gobernanza institucional. El primero está relacionado con la gestión del conflicto; el segundo, con la gestión de los cambios. Ambas dimensiones son fundamentales para tratar de comprender las lógicas de acción del gobierno educativo (Acosta, 2018).

      En el pasado reciente del sector, los problemas de gobernabilidad y de gobernanza han coexistido empíricamente. El impulso a la reforma educativa que se inició en el marco del Pacto por México anunciado desde principios de 2013, al inicio del gobierno peñanietista, fue anunciado explícitamente como una estrategia de cambio cuyo propósito central era “recobrar la autoridad del Estado” en la educación. A partir de un diagnóstico catastrófico del sector, el gobierno federal tomó la decisión de reformarlo a través de un proyecto centrado en la carrera magisterial y la evaluación docente, que significó básicamente la modificación de las reglas de ingreso, promoción y mejora del profesorado, la reforma a las funciones y atribuciones del INEE, y, tardíamente, años después, hacia 2017, mediante el diseño de un “nuevo modelo educativo” orientado a la mejora de la calidad de la educación mexicana.

      Más allá de los contenidos, las contradicciones y los efectos no deseados (o perversos) de las reformas, o de las inconsistencias lógicas de su diseño e instrumentación, lo que importa destacar es el hecho de que de manera explícita, el gobierno federal asumió que el núcleo de las reformas descansaba en la capacidad de gestión e instrumentación de los cambios —la gobernanza educativa—, para lo cual se tomó la decisión de construir un andamiaje legal-normativo y una coalición política promotora de las reformas —integrada por el gobierno federal, los gobiernos estatales, partidos políticos, organismos empresariales y asociaciones civiles, y la burocracia sindical del SNTE—, que permitieran gestionar de manera efectiva los cambios y ajustes asociados al proyecto reformador.

      Sin embargo, como bien sabemos, los conflictos estallaron en diversas arenas y espacios de la educación básica. El espectáculo de movilizaciones, violencia, huelgas, marchas y paros dominó el escenario educativo nacional en diversas entidades y ciudades del país. Mientras que en algunos territorios y poblaciones las reformas se instrumentaron de manera “suave”, en otros las iniciativas y acciones reformadoras fueron furiosamente bloqueadas y cuestionadas. En el ámbito intelectual y académico, las reformas produjeron reacciones encontradas, que se expresaron en posturas diversas: el apoyo franco o cauto de los críticos y los escépticos respecto tanto de las propuestas de reforma, como de los críticos a la misma (Acosta, A., 2018).

      En este escenario, la gestión del conflicto se convirtió en la bestia negra de las reformas educativas. Los problemas de gobernanza considerados como el núcleo duro de la acción del gobierno fueron desplazados sistemáticamente por los problemas de gobernabilidad del sector. La tensión entre cambios y conflictos se convirtió en la seña de identidad de una reforma que aún requiere ser valorada y evaluada en sus distintas dimensiones, alcances y componentes. Quizá ha llegado el momento de iniciar la autopsia de una reforma que no logró consolidarse en el ánimo público.

      c) El futuro educativo y el nuevo gobierno

      La hora de gobernar, de hacer gobierno, ha comenzado para el lopezobradorismo. En las próximas semanas y meses asistiremos al proceso de transición de la administración pública federal que culminará con la toma de posesión del nuevo presidente de la república el 1 de diciembre de este año. Durante este periodo se forjará la agenda gubernamental básica que dará sentido al programa de gobierno sexenal y a los programas sectoriales respectivos.

      La formulación teórica y las evidencias empíricas del campo del análisis de las políticas y del papel de los gobiernos nacionales en la gestión de los asuntos públicos indican que ninguna política ocurre en el vacío histórico e institucional. En cada campo de la acción pública hay legados, herencias, estructuras e intereses que determinan de manera significativa las posibilidades de acción de un nuevo gobierno. Esa característica fundamental estará presente, sin duda, en el campo educativo mexicano.

      Lo interesante del momento mexicano es la fuerza con la que llega un nuevo gobierno a enfrentar la combinación de déficits y logros que se han acumulado en cada sector. Y aquí, el lopezobradorismo llega con una fuerza política y social como no había ocurrido en ninguna otra experiencia de alternancia desde el año 2000. El viejo sistema de partidos concentrado en tres grandes fuerzas (PRI, PAN y PRD) ha sido sustituido por una fuerza hegemónica inocultable representada por Morena, una organización pragmática, no ideológica, que absorbe intereses diversos y contradictorios, que combina rasgos del nacionalismo posrevolucionario, tendencias al hiperpresidencialismo, prácticas de neocorporativismo y neopopulismo, junto con elementos del socialismo cristiano, del conservadurismo moral (aportados por el Partido Encuentro Social, el PES), y unos toques del radicalismo revolucionario marxista, o más bien, neostalinista (aportados por el Partido del Trabajo, el PT). Claramente antineoliberal, el perfil del nuevo gobierno anticipa una transición interesante y un conjunto de desafíos inéditos para un gobierno electo democráticamente.

      Para el sector educativo, la transición perfila tres tipos de asuntos que, desde mi punto de vista, constituyen el núcleo estratégico de la acción y las decisiones del gobierno para el periodo 2018-2024. El primero de ellos tiene que ver con la reforma educativa diseñada e instrumentada de manera accidentada y heterogénea por el actual gobierno federal. El segundo tiene que ver con el paradigma de políticas y el sistema de creencias que predomina desde hace treinta años en la educación superior. El tercero tiene que ver con el problema del gobierno educativo.

      En aras del tiempo, me concentraré en enunciar brevemente los contenidos y características de cada uno de estos tres asuntos y de sus respectivos dilemas, reconociendo que tanto su complejidad, como los dilemas educativos, requieren mayores elementos explicativos.

       Reforma educativa:

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