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la puesta en práctica de medidas nacionales de distinta naturaleza destinadas a que las normas internacionales tengan plena vigencia en el Derecho Interno. En ese sentido, no solo comprende la incorporación de la norma internacional en el ordenamiento jurídico nacional (aspecto que depende de la orientación monista o dualista del sistema), sino también la adopción o derogación de cuanta medida legislativa o no legislativa efectiva deba tomarse para el cabal cumplimiento de una norma (Salmón, 2007, pp. 30-31).

Por otro lado, esta obligación se ha materializado a través de la jurisprudencia del tribunal, cuando en determinadas ocasiones se ha realizado un control de las normas legales de ciertos Estados, en aplicación del control de convencionalidad. Según veremos con mayor detalle más adelante, este concepto se planteó en el caso Almonacid Arellano vs. Chile del 26 de setiembre de 2006, aunque sería equivocado afirmar que recién a partir de ese momento se define el concepto de esta obligación, pues existen varios casos anteriores en los que se postulan ideas iniciales en torno a esta definición96.

De esta manera, la Corte IDH ha entendido que el control de convencionalidad se refiere a la obligación de los órganos vinculados a la administración de justicia en los Estados parte de la CADH de verificar que las normas internas que aplican a cada caso en concreto no afecten los alcances de las disposiciones contenidas en la Convención Americana97. Lógicamente, la Corte IDH solo puede ejercer este poder de control sobre aquellos Estados que hayan aceptado su competencia contenciosa, pese a que la obligación de adopción de disposiciones de derecho interno alcanza a todos los Estados parte de la CADH.

      En cuanto a su contenido, la CADH recoge la mayoría de los derechos civiles y políticos previstos en el PIDCP e incorpora importantes novedades. Sin embargo, es sucinta en lo que se refiere a derechos económicos, sociales y culturales, cuya regulación quedó encomendada al Protocolo de San Salvador. La siguiente tabla presenta una comparación entre los derechos recogidos por la Declaración Americana, la CADH y los Pactos Internacionales de Naciones Unidas:

      Tabla 2. Derechos humanos reconocidos por la DADDH, la CADH y los pactos internacionales de Naciones Unidas

Derechos	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre	Convención Americana sobre Derechos Humanos	Protocolo de San Salvador
Acceso a la Justicia	Artículo 14		Artículo XVIII	Artículo 25
Asilo			Artículo XXVII
Asociación	Artículo 22		Artículo XXII	Artículo 16	Artículo 8
Beneficios de la cultura		Artículo 15	Artículo XIII		Artículo 14
Derechos de los niños y las niñas	Artículo 24	Artículo 10		Artículo 19	Artículo 16
Descanso		Artículo 7	Artículo XV		Artículo 7
Educación		Artículo 13	Artículo XII		Artículo 13
Familia	Artículo 23	Artículo 10	Artículo VI	Artículo 17	Artículo 15
Garantías procesales	Artículo 14		Artículo XXVI	Artículo 8
Honra e intimidad	Artículo 17		Artículo V	Artículo 11
Igualdad ante la Ley	Artículo 26		Artículo II	Artículo 24
Indemnización				Artículo 10	Artículo 7
Integridad	Artículo 7		Artículo I	Artículo 5
Inviolabilidad del domicilio	Artículo 17		Artículo IX	Artículo 11
Libertad	Artículo 9		Artículo I	Artículo 7
Libertad de expresión	Artículo 19		Artículo IV	Artículo 13
Libertad religiosa	Artículo 27		Artículo III	Artículo 12
Libertad sindical		Artículo 8			Artículo 8
Libre determinación de los pueblos	Artículo 1	Artículo 1
Licencia por maternidad		Artículo 10			Artículo 9
Nacionalidad	Artículo 24 (solo en el caso de los niños)		Artículo XIX	Artículo 20
Participación política	Artículo 25		Artículo XX	Artículo 23
Personalidad jurídica	Artículo 16		Artículo XVII	Artículo 3
Petición			Artículo XXIV
Prohibición de la esclavitud	Artículo 8			Artículo 6
Prohibición de la tortura	Artículo 7			Artículo 5
Propiedad			Artículo XXIII	Artículo 21
Protección de la maternidad y la infancia			Artículo VII		Artículo 15
Rectificación y respuesta				Artículo 14
Residencia y libertad de tránsito	Artículo 12		Artículo VIII	Artículo 22
Reunión	Artículo 21			Artículo 15
Salud		Artículo 12	Artículo XI		Artículo 10
Seguridad social		Artículo 9	Artículo XVI		Artículo 9
Trabajo		Artículo 6	Artículo XXXVII		Artículo 6
Vida	Artículo 6	Artículo 11	Artículo I	Artículo 4	Artículos 6 y 9
Fuente: basado en los tratados referidos, los dos primeros ubicados en www.un.org y los restantes, en www.oas.org.

      3. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante, CIPST) fue adoptada el 9 de diciembre 1985 por la Asamblea General de la OEA en su Decimoquinto Periodo Ordinario de Sesiones realizado en Cartagena de Indias, Colombia. Esto luego de que, en el seno de las Naciones Unidas, fuera adoptada y abierta a ratificación la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 10 de diciembre de 1984. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2298, y tras cumplirse 30 días desde la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación99, la convención entró en vigor el 28 de febrero de 1987. Actualmente, el tratado cuenta con 18 Estados parte.

Si bien el artículo 5 (derecho a la integridad personal) de la CADH ya regulaba la prohibición de tortura, de penas y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, su adopción parte del reconocimiento de que para hacer efectivas las normas regionales y universales en materia de derechos humanos que establecen que este tipo de tratos representan una ofensa a la dignidad del ser humano, hacía falta elaborar una convención que no solo prevenga sino que también sancione la tortura100. El instrumento define a la tortura en los siguientes términos:

[…] todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica101.

Resulta novedoso en este tratado que, pese a ser una convención orientada a generar obligaciones sobre los Estados en relación con la prevención y sanción de la tortura, el artículo 3 establezca supuestos de responsabilidad individual por el delito de tortura cuando este es cometido bien por empleados o funcionarios públicos, o bien por personas particulares que actúen por instigación de aquellos. En sentido similar, la Corte IDH, a través de su jurisprudencia, ha determinado que son tres sus elementos constitutivos: a) un acto intencional, b) que causa severos sufrimientos físicos o mentales, y c) que se cometa con determinado fin o propósito102.

Debe notarse que, a diferencia de lo establecido por la CIPST en relación con la calidad

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