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el cambio climático; aplicar profundos cambios en el parque automotor para reducir las emisiones e incrementar el uso del tren; limitar los efectos “nefastos” del transporte aéreo en los vuelos internos y la construcción de nuevos aeropuertos; hacer obligatoria la renovación energética global de las construcciones al 2040; limitar grandes superficies comerciales en las afueras de las ciudades; aumentar la longevidad de productos reparables y el reciclaje obligatorio de todos los productos de plástico para el 2023; orientar inversiones hacia proyectos “verdes” y publicitar el impacto del carbono en bienes y servicios; y generalizar los temas medioambientales y de desarrollo durable en la educación. Existen también diversas proposiciones relacionadas con la alimentación: mayor consumo vegetariano y reducción del consumo de carne y de productos lecheros, eliminación de la sobrexplotación pesquera, y la prohibición de pesticidas dañinos del medioambiente para el 2035. Además, se plantea reformar la Organización Mundial del Comercio, para incluir la obligación de considerar los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático en las negociaciones de acuerdos comerciales (Garric y Barroux, 2020).

      Los problemas no tratados hasta ahora con la suficiente atención deberían ser asumidos en esta década con mayor responsabilidad. Es el caso del calentamiento global generado por la actividad humana, asunto ratificado por informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, del cual se habla hace más de cuarenta años, con pocos resultados y tardía puesta en práctica de los compromisos del Acuerdo de París de 2015. El grave peligro de desatenderlo es que la recesión económica impacte tan negativamente que, mientras el mundo se recupera de la crisis, no existan fondos para los recursos que implica una transición a una economía descarbonizada, de energías limpias sustitutivas. Habrá que contar también con los precios del petróleo en los mercados mundiales pues, de mantenerse muy bajos, la transición energética se complicaría.

      No es posible comprender el daño real del sector de los combustibles fósiles si no se lo analiza a través del prisma de la justicia racial, la desigualdad económica y la sanidad pública […], los sucesos de 2020 […] subrayan la urgencia de que los distintos movimientos sociales por el clima, la justicia social y la equidad se unan para exigir cambios estructurales desde una perspectiva ambiental. (Temple, 2020)

      Lo anterior procura ecologizar la economía a través de un nuevo contrato social entre el Gobierno, las empresas y los ciudadanos. Se debería entonces contar con compromisos a corto, mediano y largo plazo, para no repetir lo acontecido durante la crisis mundial del 2008, pues los esfuerzos de recuperación económica estuvieron acompañados de una fuerte alza del co2, que perjudicó los planes contra la contaminación ambiental. Por eso, en la recuperación económica de sectores como el aéreo y automotor, se sugieren medidas de transición energética más exigentes, aunque será difícil hacer prevalecer este enfoque frente a aquellos que se basan en la recuperación económica, generando enfrentamientos permanentes entre grupos empresariales y grupos ecológicos. Así ocurre con el objetivo de la Comisión Europea de alcanzar la neutralidad de carbono en el continente para el 2050: ha sido rechazado por algunos Gobiernos y grupos empresariales, mientras que grupos políticos, ong y ecologistas lo defienden (Garric et al., 2020).

      La pospandemia y la integración multidimensional en América Latina

      En la pospandemia, la integración multidimensional será un vector fundamental e indispensable. Servirá para contrarrestar el avance de nacionalismos autárquicos y populistas contrarios a la integración, pues su consolidación dificulta la continuidad de estos procesos. Además, la coyuntura de la pospandemia es adecuada para formas de trabajo más solidario, manejo de objetivos en común, soberanías compartidas sin tanto egoísmo localista, y eso le corresponde a la integración. Según plantea la Cepal (2020a), “es posible que la mejor solución sea una nueva globalización con una gobernanza proclive a la inclusión y la sostenibilidad, pero para participar activamente en esa nueva globalización, América Latina y el Caribe debe integrarse productiva, comercial y socialmente” (p. 20).

      A esto se suma el crecimiento de los niveles de endeudamiento interno y externo, la falta de liderazgo y la pérdida de credibilidad en las instituciones, la disminución de las remesas de migrantes desde el exterior y de las corrientes de turismo, además de la contracción del comercio internacional. Estas son nuevas realidades en la pospandemia que pueden enfrentarse y solucionarse a través de una integración latinoamericana multidimensional, renovada y bien reformulada, de soluciones comunitarias y solidarias.

      Así ocurrió en el proceso de integración europeo, con una respuesta comunitaria, mutualizada y consensuada a la recesión económica provocada por la covid-19, que —cabe señalar— no es responsabilidad de ningún país en particular. Después de cuatro días de duras negociaciones presenciales de los 27 Gobiernos del bloque, durante julio del 2020, en Bruselas, se aprobó una ayuda global de 750 000 millones de euros. El 70 % estaba destinado a ser utilizado en solo dos años: 390 000 millones de euros, como subsidio o transferencias directas, no reembolsables por los países beneficiarios, principalmente del sur del continente; y 360 000 millones de euros en préstamos de 27 a 28 años, con una tasa muy baja de interés. A esto se suma la aprobación del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, por un monto mayor de 1000 millones de dólares.

      Entre las acciones por destacar, está la financiación del paquete de ayuda global por la pandemia, a través de eurobonos de emisión de deuda de la propia Comisión Europea, usando como aval el presupuesto comunitario. Este se reforzará con impuestos, como el del plástico no reciclable establecido para el 2021, y deberá estudiar nuevos impuestos de tasa numérica digital y de ajuste al carbono en fronteras, aplicable a productos importados cuya huella de carbono no corresponda a los estándares (Stroobants y Malingre, 2020; El País, 2020).

      La Unión Europea ha logrado no solo responder a las consecuencias de la pandemia de manera más solidaria, federal e integrada, sino que ha procedido a sentar las bases para una tesorería común, en la cual los países miembros resultan solidarios de una deuda comunitaria. Esta medida contribuirá a avanzar hacia una unión fiscal que profundizará la integración europea en sus compromisos como unión económica. Se vienen más debates de lo acordado en los parlamentos nacionales, en el Parlamento Europeo y en la Comisión, y con esto se abre la posibilidad de profundizar los alcances de la integración europea. Al respecto, el exministro belga y presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señala lo siguiente: “Será responsabilidad de las instituciones europeas y de los Jefes de Estado y de Gobierno convencer. Y yo pienso que es bueno para la democracia que tengamos un debate, en todos los Estados miembro, sobre la Europa que queremos” (Malingre, 2020).

      Ahora bien, fue una negociación difícil: los denominados países frugales (Holanda, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca), contrarios a entregar unos recursos a un fondo perdido, sin control previo de unos planes de inversión y de reformas, lograron reducir la cifra a 390 000 millones de euros, cuando la solicitada era de 500 000 millones de euros. Además, a cambio de contar con el respaldo de países como Hungría y Polonia, se hicieron algunas concesiones sobre el respeto de las normas de derecho comunitario, aspecto que seguramente será reconsiderado por el Parlamento Europeo.

      Las negociaciones contaron con el claro liderazgo, tan necesario en momentos de crisis como la pandemia, de la canciller alemana Angela Merkel, que considera que la negociación fue la prueba más grande del proceso

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