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local y en los hallazgos obtenidos en el proceso de investigación participativa que contribuyó a la construcción de este documento y que incluyen: la sistematización de los signos y síntomas identificados por las personas sobrevivientes, sus madres y padres, hijos e hijas y demás familiares (grupos focales con víctimas sobrevivientes). Así como los signos y síntomas evidenciados por las y los profesionales expertas/os en salud mental (Hospital Simón Bolívar y Secretaría Distrital de la Mujer); las barreras de acceso encontradas; y los servicios que se requieren para el restablecimiento de su vida con proyectos en el ámbito familiar, de pareja, educativo, laboral y ocupacional, entre otros.

      El cuarto y último capítulo pretende ser una guía para la intervención. En este se describe la constitución del equipo técnico en salud mental y el proceso de intervención en cinco etapas diferentes: en el lugar de los hechos, durante la urgencia hospitalaria, en el momento de la hospitalización, una denominada fase pre-alta, y por último, se describen aspectos clave de la intervención durante la atención ambulatoria. En las cuatro primeras fases se establecen las intervenciones individuales y familiares a realizar por el equipo de salud mental especializado y no especializado. En la quinta fase (seguimiento o atención ambulatoria) toman protagonismo los servicios sociales y las personas significativas del entorno de la víctima para potenciar el proceso de recuperación y la incorporación en cada uno de los entornos de la vida de la persona: pareja, familia, trabajo, educación, entre otros. La construcción de este capitulo se realizó con el apoyo de varias instituciones, entre ellas el Hospital Simón Bolívar, pionero en la atención a víctimas de ataques con agentes químicos.

      Con estos elementos, este libro pretende brindar las herramientas necesarias para realizar la atención y el acompañamiento desde una postura ético-humanística que sea capaz de acoger las complejidades de las experiencias derivadas del evento de violencia. Se busca evitar acciones de revictimización y de patologización proponiendo acciones y medidas en las que se tenga en cuenta a la víctima, a su familia y a su contexto. Esperamos que brinde a los profesionales de la salud mental las herramientas para acercarse a las víctimas de ataques con agentes químicos desde una perspectiva de escucha sobre sus propias necesidades. Con el fin de poder ayudarlas en el proceso de restablecimiento de su vida cotidiana, potencializando el restablecimiento efectivo de sus derechos.

1 Los ataques con agentes químicos en Colombia y la atención integral en salud mental

      Los ataques químicos: un tipo de violencia de género

      Los coloquialmente llamados «ataques con ácido» son una modalidad de violencia en la que se arrojan sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel de una persona con la intención de desfigurarla, mutilarla o torturarla. Sus consecuencias son físicas, psicológicas, sociales y espirituales de por vida (Berlamas, 2013).

      En el año 2013, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia realizó un análisis de la información de casos de ataques con agentes químicos en el país, a través de los registros del Hospital Simón Bolívar y del Instituto Nacional de Salud. Este análisis contempló los casos registrados entre enero del 2008 y julio del 2013. Se identificaron en ese entonces 366 mujeres agredidas con químicos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).

      De los casos totales presentados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud entre los años 2012 y 2013, el 80% fueron mujeres y el 20% restante hombres. La edad promedio de las víctimas fue de 25,8 años, el 82% sufrió lesiones localizadas principalmente en cara y cuello (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).

      Con estos hallazgos, Colombia reconoce la problemática de ataques con agentes químicos como una forma de violencia contra la mujer y crea en el año 2013 la primera Ley relacionada con la atención a las víctimas. Este mismo año se da inicio al registro de casos en los sistemas de información. Sin embargo, fue en el año 2015 cuando el Ministerio de Salud y Protección social y el Instituto Nacional de Salud generaron un mecanismo de registro más específico para notificar las violencias basadas en el género: el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Violencias de Género (SIVIGE), en el que fueron incluidos los ataques con agentes químicos como un tipo de violencia de género. Con este nuevo sistema, se han registrado un total de 75 casos en el año 2015 y 35 en el año 2016. En los años 2017 y 2018 el total de casos reportados fue de 83 (50 mujeres y 33 hombres).

      Panorama de los ataques con agentes químicos en Colombia

      Una de las grandes dificultades que ha tenido el Estado colombiano es poder identificar el número exacto de víctimas quemadas por agentes químicos en el país, especialmente de los casos ocurridos antes del desarrollo del Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Violencias de Género (SIVIGE).

      El Hospital Simón Bolívar proporcionaría detalles sobre las 69 víctimas identificadas entre el 1998 y el año 2012, que representan los únicos datos sobre la incidencia de estos ataques en el país previo al 2008 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014)1. De los casos registrados en este hospital, el 80% fueron mujeres con baja escolaridad, dependencia económica y emocional de sus parejas y con historias de violencia física o psicológica por parte de estas. La edad promedio de las víctimas fue de 25,8 años. El 82% sufrieron lesiones localizadas principalmente en cara y cuello. El 50% de las víctimas necesitó cirugías reconstructivas de párpados y el 31% de las víctimas sufrió ceguera de al menos un ojo. El principal agresor fue su pareja actual o expareja; y la ruptura reciente de la relación resultó ser un factor asociado al ataque (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).

      En la mayoría de los casos, según identificaron Gaviria-Castellanos, Gómez Ortega y Gutiérrez (2015), las mujeres relatan que han sido atacadas en la calle de forma inesperada, sintieron que alguien les lanzó de frente o por la espalda un líquido que las encegueció y les produjo un dolor tan intenso que les impidió identificar al agresor. El líquido es lanzado generalmente a la cara y por escurrimiento produce lesiones en cuello y tórax. Las áreas anatómicas más afectadas son: la cara, el cuello, las manos y la zona genital. La mayoría de las víctimas requieren múltiples procedimientos reconstructivos que se prolongan por largos periodos de tiempo (Resolución 4568 de 2014).

      Estas lesiones, además de ser de muy difícil abordaje y de provocar graves secuelas cicatriciales y funcionales en las víctimas, impactan de manera significativa a las familias y los contextos donde las víctimas desarrollan sus actividades diarias.

      Entre el año 2014 y el 2016, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 474 personas quemadas con agentes químicos. Sin embargo, se encontraron dificultades para identificar el número de personas atacadas cuando se realizó el análisis de la información, ya que los registros no diferenciaban entre la quemadura por violencia y la quemadura por accidente u otras causas. De igual manera, se tuvo en cuenta la desagregación por tipo de sustancia. En el análisis realizado se encontró que en el año 2014 se reportó el mayor número de casos con un total de 283. De estos, el 42,76% fueron niños y niñas (121) y el 45,23% mujeres entre 20 a 49 años (128); del total de casos reportados en mujeres, el agresor fue su pareja o expareja en el 48% de las ocasiones. Mientras que los principales agresores de niños, niñas y adolescentes fueron sus familiares.

      Teniendo en cuenta las dificultades encontradas en los sistemas de información, a partir del año 2015 el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud tomaron la decisión de registrar diferenciadamente los casos de ataques violentos en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Violencias de Género. Con este sistema de vigilancia se encontró un total de 75 casos en el año 2015 y 35 casos en el año 2016. Del total de casos para los dos años, el 61 % fueron en mujeres (67) y el 39,1 % en hombres (43). Durante los dos años, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes fue 43,64 % y de personas adultas 56,46 %; para el caso de las mujeres, solo el 25 % de los registros identificaron como agresor a sus parejas o exparejas, el 75% de presuntos agresores fueron personas desconocidas, otro familiar, un conocido/a sin ningún trato y sin información. En el año 2017, hubo un total de 54 casos, 23 hombres y 31 mujeres. En el 2018

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