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el año 2008 Colombia reconoce las violencias contra las mujeres como una violación a los derechos humanos y un problema de salud pública mediante la Ley 1257. En el 2013 reconoce por medio de la Ley 1639 que una de las formas de estas violencias es la ocasionada por ataques con agentes químicos y define las medidas de atención integral y protección de las víctimas. En 2016 robustece el marco normativo a través de la Ley 1773, en la cual se reconoce el delito autónomo de ataques con agentes químicos. Este marco se refuerza con la Ley 1971 en el año 2019, en la que se establecen medidas de protección adicionales y se prioriza el derecho a la atención en salud y la promoción del acceso al trabajo.

      Por medio de la Resolución 4568 de 2014 el Ministerio de Salud adopta el Protocolo de Atención de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos, en el que se describe la prestación de servicios por parte del primer respondedor en el lugar de los hechos de la agresión, la atención prehospitalaria, las acciones a realizar en el servicio de urgencias y las acciones especializadas durante la hospitalización de la víctima. Si bien se establecen algunas directrices para orientar la atención ambulatoria, la descripción detallada de las atenciones en salud física y mental posteriores al alta hospitalaria exceden el alcance del documento. Por otra parte, aunque se plantean acciones en salud mental y se enfatiza la importancia del abordaje interdisciplinar, se describen principalmente las acciones a realizar para atender las secuelas físicas del ataque.

      Teniendo en cuenta estos vacíos en los protocolos y guías de atención desarrolladas desde el sector salud, así como las voces de víctimas que exigen acciones de acompañamiento para lograr una real inclusión familiar, educativa, laboral y social, se elaboró este documento. Está dirigido a profesionales de la Salud Mental de las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas y Privadas adscritas a una Entidad Administradora de Planes de Beneficios (EAPB) en el territorio nacional. Estas tienen la responsabilidad de la atención, acompañamiento y seguimiento a las sobrevivientes de ataques con agentes químicos, sus familias y personas significativas de su entorno en las diferentes fases de atención en salud, incluida la fase de seguimiento poshospitalario por consulta externa.

      Este escrito tiene el fin de establecer los procesos y procedimientos para la evaluación e intervención en salud mental con enfoque psicosocial en las víctimas y sobrevivientes, sus familias y personas significativas de sus entornos. Se brindan herramientas para el abordaje a nivel individual y familiar en todas las fases de intervención. Se establece una estrategia integral de seguimiento, rehabilitación e inclusión social en los diferentes entornos en los que se desenvuelvan desde el enfoque de derechos, de género, psicosocial y transformador. Finalmente, se describen las acciones de articulación intersectorial, que promueven el restablecimiento de sus derechos.

      El documento es el resultado de dos años de investigación participativa, en el marco de un proyecto de la Facultad de Psicología de la Universidad El Bosque con el apoyo de la Fundación Reconstruyendo Rostros, la Secretaría Distrital de la Mujer, El Hospital Simón Bolívar y con la asistencia técnica del Ministerio de Salud y Protección Social. Fue ajustado con base en los resultados de un proceso que incluyó su revisión por parte de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud OPS/OMS, de la Harvard School of Medicine y de las instituciones que hacen parte de la Mesa Intersectorial de Ataques con Agentes Químicos. Esta investigación es el resultado de un proceso intersectoriales entre la academia, el Gobierno nacional y local, las agencias de cooperación y las organizaciones de base comunitaria.

      Las técnicas para la recolección de información sobre las necesidades en salud mental de las víctimas incluyeron la observación participante, entrevistas a profundidad y grupos focales con más de 20 mujeres sobrevivientes y sus familias. Esto permitió conocer de primera mano: emociones y sentimientos según la fase de atención en salud; los impactos a nivel familiar y en personas significativas del entorno para cada una de las fases de atención descritas; las experiencias previas de atención en salud mental, esto incluye las barreras de acceso y las buenas prácticas en salud; las experiencias y necesidades individuales para construir posiciones consensuadas sobre cuáles son las necesidades en salud mental tanto de víctimas como de familiares; los factores de riesgo y factores protectores para la salud mental; la afectación a las diversas áreas de ajuste; las estrategias propias, familiares y comunitarias empleadas para hacer frente a estas afectaciones.

      El proceso de exploración sobre las necesidades en salud mental de las víctimas para establecer los procesos y procedimientos para la evaluación e intervención en salud mental se vio complementado por información recolectada a través de estas mismas técnicas con profesionales del ámbito de la salud física y mental con larga trayectoria en la atención en casos de quemaduras con agentes químicos del Hospital Simón Bolívar y con expertas en género y derechos de la Secretaría de la Mujer de Bogotá y del Ministerio de Salud y Protección Social. Por último, se realizaron tres encuentros en los que participaron profesionales de la salud junto con las sobrevivientes y sus familias.

      Los resultados del análisis de la información recolectada fueron socializados con las participantes en diversos espacios y a través de un trabajo colaborativo, fueron determinadas las estrategias de evaluación e intervención en salud mental, enfocadas a la recuperación y al restablecimiento de sus derechos.

      Este libro se divide en cuatro capítulos. En estos se busca describir las acciones y estrategias terapéuticas en salud mental con enfoque psicosocial que se deben realizar en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y desde los enfoques psicosocial, de género, de derechos, transformador y del principio de acción sin daño.

      En el primer capítulo, titulado «Los ataques con agentes químicos en Colombia y la atención integral en salud mental» se realiza una introducción a los ataques con agentes químicos en Colombia y se describen los mecanismos de registro de la incidencia del fenómeno en el país. Se presentan definiciones sobre las violencias de género, sobre los ataques con agentes químicos como un tipo de violencia de género y se presenta el marco conceptual sobre el que se construye este documento. En él se describen conceptos asociados a la salud mental que han de ser tenidos en cuenta por profesionales que acompañan el proceso de intervención y que dan cuenta de la salud mental como un proceso dinámico y complejo.

      En el segundo capítulo se especifican los enfoques y principios que han de ser tenidos en cuenta para realizar las intervenciones en salud mental. Se describe y justifica la necesidad de realizar la atención desde un enfoque de derechos, lo que implica el reconocimiento de los derechos y la dignidad humana. Así pues, cada una de las intervenciones que se lleven a cabo han de estar enmarcadas en estos principios: el enfoque psicosocial, para reconocer que las violencias generan afectaciones en diferentes dimensiones del ser humano y estas han de ser abordadas desde la integralidad, así como reconocer que las afectaciones, emociones y sentimientos están regulados por el contexto. El enfoque de género, que reconoce y visibiliza relaciones de poder en las que lo masculino es sobrevalorado en detrimento de lo femenino y a través del cual se plantea que las violencias de género son el resultado de procesos de discriminación y subvaloración histórica a los que están expuestas las mujeres, por lo que las intervenciones en salud mental con enfoque psicosocial basadas en el enfoque de género deben reconocer estas dinámicas y dirigirse a transformarlas. El enfoque trasformador, que reconoce que cada persona tiene potencialidades, capacidades y debilidades que deben ser reconocidas y transformadas para que se puedan superar las vulnerabilidades, contribuyendo a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes. Por último, el principio de acción sin daño, que reconoce que no existen prácticas institucionales neutras y que, en algunos casos, estas pueden reproducir o acentuar las relaciones de poder y generar revictimización si no se actúa bajo los principios de los enfoques antes mencionados. En este apartado también se describen con detalle los avances normativos que ha tenido el país en el tema de violencias de género y específicamente frente a los ataques con agentes químicos, por esta razón se incluye una descripción de las leyes promulgadas para la prevención, atención y sanción en estos casos, así como otras resoluciones, decretos y circulares relacionadas.

      En el tercer capítulo, titulado «Ataques con agentes

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