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fue la aristocracia colonial, que se hallaba en franca decadencia. La política de secuestros, entre 1821 y 1824, ahondó la crisis del agro y del sector terrateniente noble, así como parte del sector mercantil29. Alrededor de 43 haciendas en los valles de la costa central pasaron al control del Estado, el cual adjudicó algunas de ellas a líderes militares patriotas, y cerca de 47 comerciantes de supuesta filiación realista se vieron obligados a emigrar30. Se modificó bruscamente el carácter social de la propiedad de la tierra en la costa central. Los dueños que se marcharon definitivamente perdieron en forma irremediable sus propiedades. Sin embargo, hacia 1825 se abrió una brecha legal por la cual algunos de ellos se convirtieron en acreedores del Estado por concepto de propiedades secuestradas. Al encontrarse los gobernantes de esos años con que nadie quería invertir en la tierra, la legislación de los secuestros retrocedió abruptamente, primero, al ser abolidos los juzgados privativos en 1823 y luego, al decretarse, el 2 de marzo de 1825, que la mayoría de las propiedades de los emigrados quedaban libres de secuestro y que los parientes de los secuestrados debían renunciar a solamente la quinta parte de sus propiedades en favor del Estado. La propiedad de la tierra constituía un peso demasiado grande para el Estado republicano que buscaba deshacerse de las tierras de conventos supresos, Temporalidades, Inquisición y otras heredadas del Estado colonial. No se vio mejor forma de hacerlo que adjudicando tierras a caudillos militares y, ante la incapacidad de estos en materia de negocios, devolviendo parte de las propiedades expropiadas. Así, muchos de los verdaderos perjudicados por la destrucción y el cambio de propiedad que acompañaron a las campañas militares de la Independencia se verían marginados al no contar con los necesarios recursos para defender sus casos ante el Estado. Este es un proceso que va de la mano con los tempranos intentos por consolidar la deuda interna, entre 1826 y 1827, al otorgar tierras a cambio de depreciadas cédulas de reforma y otros valores de la deuda interna31.

      Un caso de secuestro notable es el de Fernando Carrillo de Albornoz, conde de Montemar, quien demoró muchos años en adquirir nuevamente sus tierras que ya habían sido adjudicadas a otros privilegiados acreedores del Estado. Asimismo, doña Ignacia Novoa pierde sus haciendas Montalván y Cuiva, en Cañete, a manos del prócer chileno Bernardo O’Higgins. Doña Petronila Zavala, expropietaria de la hacienda San Regís, en Chincha, y los marqueses de Valle Umbroso, Montesclaros y otros consignados en la tabla 1, perderían sus haciendas a manos de los generales Sucre, Echenique, Balta, Reyes y otros. Algunos de estos miembros de la aristocracia colonial quedarían permanentemente marginados del proceso de cancelación de la deuda interna. Otros, sin embargo, como lo demuestra la tabla 1, lograron recuperar parte de sus propiedades hacia 1839. Además, algunos pocos buscarán fortalecer su vulnerable posición mediante estratégicos arreglos crediticios con poderosos comerciantes, lo cual garantizará reconocimientos de deuda interna que serán compartidos con sus acreedores mercantiles.

En las provincias de la costa norte también se evidencian cambios en la propiedad de la tierra a través de transacciones con valores de la deuda interna que dejan rezagados a legítimos acreedores En su estudio sobre el valle de Jequetepeque, Burga demuestra que al inicio de la República había una carencia de tierras disponibles en los alrededores del pueblo de Guadalupe, debido a la temprana tendencia al latifundio instaurada por un convento agustino. Al suprimirse los conventos con menos de ocho religiosos, en 1826, el Estado pasó a ser el propietario de las tierras de dicho convento. Los antiguos arrendatarios enfiteutas32, quienes subarrendaban parcelas a los pobladores del pueblo de Guadalupe y que, antes de la supresión, pagaban una renta al convento agustino, ahora debían pagarle al Estado. Sin embargo, los enfiteutas criollos del valle buscaban la propiedad directa de la tierra, primero desplegando hostilidad contra el convento al convertirse en los primeros en proclamar la independencia en el valle, y luego gestionando la compra directa de la tierra al Estado republicano33.

En este proceso también intervinieron foráneos al lugar, acreedores del Gobierno, funcionarios y militares quienes, junto a los enfiteutas, compraron tierras a precios devaluados, debido al deterioro de las propiedades, y con papeles de la deuda interna sobrevaluados, entre 1829 y 1846. Por ejemplo, al general José María Plaza, a quien el Estado le reconoce una deuda de 9600 pesos en 1828, se le entrega en 1829 como pago a cuenta la hacienda Mari-Núñez, de 100 fanegadas, la hacienda Talla, de 291 fanegadas, y otros terrenos cerca de Guadalupe. Asimismo, a José Colens se le otorga la hacienda Tecape, y a Domingo Casanova se le adjudica en 1845 la hacienda Limancaro por créditos insolutos34. En 1850 Casanova recibirá además 62 500 pesos en vales de consolidación.

A partir de 1842, las ventas por parte del Estado a los antiguos enfiteutas se incrementan: el coronel Jacinto Rázuri compra la hacienda Lurifico en 4000 pesos, pagados en créditos de la deuda interna. Ante la intensificación del proceso de transferencia de la propiedad de la tierra, que benefició a algunos pocos que sabían acaparar y colocar provechosamente los valores depreciados de la deuda interna, el primer Gobierno de Castilla brindó, en 1849, un paliativo a favor de los desposeídos pobladores de Guadalupe, verdaderos perjudicados por la depresiva situación del agro del valle. Se aceptaron cédulas de deuda interna para la compra de predios urbanos en el pueblo. Las viviendas de Guadalupe pertenecían al Estado, que decidió venderlas a aquellos ocupantes que hubiesen adquirido créditos de la deuda interna por cupos o empréstitos en años anteriores. En enero de 1851, se acordó pagar tres pesos en cédulas de la deuda interna por cada fanegada. Se presentaron 203 personas que compraron 325 fanegadas, quedando sobrantes 332 fanegadas que luego fueron repartidas entre los primeros compradores. Sin embargo, aunque ahora dueños de sus viviendas, los habitantes del pueblo de Guadalupe siguieron careciendo de acceso a la propiedad de las tierras de cultivo, las que se concentraron en pocas manos35. Así, a pesar de que los pobladores de Guadalupe fueron mejor tratados por los ejecutores de la deuda interna que los habitantes de otros lugares, los primeros constituyen un claro ejemplo de acreedores marginados.

Tabla 1 Cambio y permanencia de los dueños de propiedades rurales de la costa central, 1820 y 1839

Razón de las haciendas secuestradas, 1821-1823*			Dueños de haciendas en 1839**
Hacienda	Partido	Dueños	Nac.1	Hacienda	Distrito	Dueños
Andahuasi	Sayán	Anselmo Salinas	E
Boza	Chancay	Marqués de la Boza	L	Boza	Chancay-Aucallama	Gerónimo Boza
Buenavista	Lurín	Josefa Jacot
Caqui	Chancay	Francisco Aliaga		Caqui	Chancay-Aucallama	Señores Cueva
Carrisal	Pisco	Vicente Algorta
Caucato	Pisco	Fernando del Masco
Concha	Surco	Antonio Tarranco
Chacra Alta	Bellavista	Antonio Solórzano	E
Chancaillo	Chancay	Manuel Elguera	E	Chancaillo yViña Ramírez	Chancay	Manuel Elguera y familia
Chacaca	Huaura	Luis Basono	E
Chuquitanta	Carabayllo	Marqués del Valle Umbroso		Chuquitanta yVillaseñor Alto	CarabaylloBocanegra	Grimanesa de la Puente2
Chunchanga	–––	Román Idiáquez
El Convento	Supe	Manuel García	E
Gala	Lurigancho	Bruno Vitoseco
Huando	Chancay	Rosendo Gao	E	Huando	Huaral	Dr. Pedro Reyes
Lanchas	Pisco	Vicente Algorta
La Huaca	Chancay	Juan Pasquel	E
Las Salinas	Chancay	José Laos	L	Las Salinas yHuascata	ChancayLate	José Laos
Motocachi	Santa	Matías Antiga	E
Palpa	Chancay	José Basurco	L	Palpa	Aucallama	Conv. Sto. Domingo
Paramonga	Pativilca	Anselmo Salinas	E
Pando	–––	Josefa Ramírez de Arellano
Pasamayo	Chancay	Antonio Solórzano	E
Santa Clara	Late	Francisco Goytizolo		Santa Clara	Late	Fco. Скачать книгу В начало < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > В конец