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La deuda defraudada. Alfonso W. Quiroz
Читать онлайн.Название La deuda defraudada
Год выпуска 0
isbn 9789972574535
Автор произведения Alfonso W. Quiroz
Жанр Документальная литература
Издательство Bookwire
El minero propietario Carlos Renardo Pflucker intentó superar el problema de la inexistencia de una fuerza de trabajo permanente mediante la inversión de 8000 pesos para cubrir los gastos de viaje de 20 operarios de nacionalidad alemana, a los que contrató en Europa con un sueldo de cinco reales por jornada de trabajo. Este intento de importar mineros no tuvo éxito pues varios de los trabajadores alemanes se rebelaron ante las condiciones de vida tan adversas que encontraron en Morococha, sublevándose varias veces y emprendiendo la fuga a Lima. La inversión de la compañía en Morococha era de 100 000 pesos anuales, de los eriales 30 000 se dedicaban exclusivamente a los gastos de transporte y fletes. Debido a que no se logró instalar un horno de reverberación –una de las ideas del propietario para reducir costos–, los gastos de arrieraje del mineral calcinado a Lima eran muy altos. Adicionalmente, el propietario tenía que invertir fuertes cantidades cada vez que se les requisaban las mulas a los arrieros, algo frecuente durante las numerosas luchas de caudillos en la zona. Inclusive, se tuvo que equipar una recua de propiedad de la compañía, con peones traídos de Piura, a un costo de 10 000 pesos, ante la capacidad copada de esa forma de transporte en los meses de verano debido al traslado de hielo a Lima.
Con la bonanza guanera y el repunte de las haciendas azucareras hacia 1860, los créditos a la minería debieron volverse más exiguos, pues los capitales se quedaban en la costa21. La situación era diferente en 1844, cuando había prosperidad en Cerro de Pasco por su alta producción de plata, la que no duró mucho y atrajo a muchos comerciantes limeños dedicados a la exportación de plata piña. Ante las necesidades de las tropas estacionadas en Jauja durante los años de conflictos entre los caudillos Castilla, Vivanco y Elías, los comerciantes Guillermo Donovan, Manuel Argumanis, Faustino Cavieses, Francisco Larco, Manuel Villate, Baltazar Lequerica, Bernardo Iturriaga y José Fuentes buscaron sacar provecho. Firmaron contratos con el prefecto y comandante general de Junín, el general Juan José Salcedo, para pagar por adelantado 4 reales por cada marco de plata piña que intentaban exportar vía Lima y Huacho. En total se hicieron contratos por 60 876 pesos, monto a que ascendían aquellos impuestos adelantados. Esto constituyó una forma de préstamo que brindaba el comercio a los caudillos, al adelantar sumas que los comerciantes habían recargado a los mineros. Los comerciantes se beneficiaban con esta transacción pues los derechos normales para la exportación de plata piña eran de 8 reales por marco. El contraste con la política de empréstitos y requisitorias forzosos impuesta sobre los mineros y arrieros de la zona se hace evidente22.
La situación del agro durante la primera mitad del siglo XIX demuestra, tal vez, tendencias depresivas más serias que las de la minería. Las devastaciones y cambios de la propiedad de las haciendas ocurridos durante la lucha por la Independencia, así como las fuertes fluctuaciones del precio del azúcar, se agregaban a las causas de la crisis agraria que se remontaban a la época colonial. La pérdida de los mercados de Bolivia, Río de la Plata, Quito y Santiago ya había erosionado las bases de la agricultura costeña y de su clase terrateniente. Al igual que los mineros, los hacendados se vieron obligados a depender del costoso crédito por consignación otorgado por comerciantes al irse extinguiendo las fuentes de financiamiento eclesiástico. En consecuencia, los fundos se deterioraron significativamente al añadirse a todos los problemas anteriores la escasez de mano de obra esclava debido a la legislación abolicionista («vientre libre») y a las dificultades internacionales del tráfico de esclavos23. En la agricultura de la sierra se notará una creciente autonomía local y el predominio del gamonalismo que se aprovecha del cambio en la propiedad de las haciendas impuesto por el nuevo orden republicano.
Macera ensaya una cronología del agro costeño sobre la base de las descripciones de Santiago Távara y de otros contemporáneos. En ella se evidencia una influencia muy fuerte de los distintos ciclos de la comercialización del azúcar sobre las diversas coyunturas por las que pasa la agricultura costeña entre 1830 y 1850. Según esta cronología, el agro costeño pasa por su peor época entre 1829 y 1839 debido a la baja de precios del azúcar y los problemas surgidos por la dificultad de colocar productos en los mercados tradicionalmente accesibles. Debido a esta situación, la renta de la tierra en la costa decaerá de un 5% a principios de siglo a un 2 o 3% a mediados del mismo. Ciertos síntomas de paulatina recuperación se observarán entre 1840 y 1850. Cultivos comerciales de algodón empiezan a aparecer en la década de 1840 en los valles de Piura, Casma, Santa, Ica, Nazca, Camaná, Tambo, Sama y Azapa. Hacia 1849 la producción total de algodón era de 50 000 quintales, a pesar de que su cultivo se realizaba en forma tradicional. Sin embargo, la verdadera transformación de la agricultura costeña ocurrirá en la década de 1860 con la aparición de plantaciones azucareras con cierto nivel de inversión en las zonas del norte y la costa central, y la utilización masiva de la fuerza de trabajo china24.
La agricultura de la costa central producía en las provincias del departamento de Lima, en 1839, alrededor de tres millones de pesos básicamente en productos alimenticios. La provincia de mayor producción en esta zona era Chancay con 700 000 pesos, de los cuales una cantidad considerable correspondía a lo producido por la crianza de cerdos. En Cañete el cultivo de caña de azúcar era el prioritario25.
En 1833, un vocero de los hacendados del departamento de Lima reclamaba que «ninguna de las clases del estado ha sufrido pérdidas tan considerables, ni agravios tan manifiestos, como la de los hacendados de las provincias litorales del departamento de Lima»26. Denunciaba la fuerza brutal utilizada para desposeer a los hacendados de sus productos, numerario y brazos de labranza para sostener al Ejército Libertador, aparte de sembrar la insubordinación entre los esclavos. Además, al decretarse la ley de «vientre libre» se perjudicó aún más a los hacendados, haciéndoles soportar el costo de la emancipación de los hijos de esclavos nacidos después de 1821 que debería haber sido cubierto por la deuda pública. Como resultado de esto, los hacendados se vieron obligados «por una parte, a disminuir sus consumos, las utilidades de otra clase industriosa [los comerciantes], y los impuestos indirectos que pagaban al erario público, reduciéndolos, por otra parte, a la necesidad de cultivar mal sus fundos, privando a la nación de grandes productos»27. El vocero sindicaba al ministro Bernardo Monteagudo, radical iniciador de la política de secuestros a españoles, como uno de los principales responsables de tal crítico estado de cosas.
Salaverry intentó beneficiar al grupo de hacendados hacia 1834 con una legislación proesclavista pero su periodo de mandato fue muy corto. La modalidad de chacra de esclavos se difundió ampliamente en el agro costeño hasta la llegada de los culís chinos, verificándose el hecho de que los hacendados no fueron un grupo de presión decisiva para obtener del Estado la protección de sus intereses ni una porción mejor del reparto de beneficios de la cancelación de la deuda interna.
Entre 1825 y 1845 el sector comercial ubicado en Lima resulta tal vez el único sector de la economía peruana que no participó de las dificultades que aquejaron tanto a la minería como a la agricultura. Esto se debió al carácter altamente rentable que iban adquiriendo las actividades de importación de mercancías, préstamos y créditos comerciales a los sectores privado y público y, cuando las exportaciones se lograron recuperar, el comercio con productos de exportación. En un minucioso trabajo basado en el análisis de matrículas de patentes –impuestos del 4% sobre los beneficios de los negocios de Lima–, Gootenberg logra probar cuantitativamente que aquellos dedicados a la actividad comercial entre 1830 y 1860 obtuvieron los mejores ingresos, por encima del sector manufacturero, el de servicios y del agregado de los negocios limeños sujetos a los patentes. Mientras que entre 1830-1845, años de guerra interna, los ingresos de otros sectores decaían hasta en un 30%, el sector comercial logró mantener sus ganancias aproximadamente al nivel de 1830 y, hacia 1845-1850, las incrementa en un 50-60% por encima del nivel de 183028. Esto demuestra la posición privilegiada que van logrando adquirir los comerciantes durante la primera mitad del siglo XIX, lo que a su vez les otorgará la oportunidad de obtener preferencial trato en relación a la cancelación de la deuda interna y en materia de política económica. Con esto quedan delineados los factores económicos que condicionarán la división entre acreedores marginados y acreedores privilegiados frente a la solución del asunto de la deuda interna pendiente.
Los acreedores marginados