ТОП просматриваемых книг сайта:
La deuda defraudada. Alfonso W. Quiroz
Читать онлайн.Название La deuda defraudada
Год выпуска 0
isbn 9789972574535
Автор произведения Alfonso W. Quiroz
Жанр Документальная литература
Издательство Bookwire
(1) Nac.: nacionalidad, E = europeo (español), L = limeño (2) Esposa del marqués de Valle Umbroso
* Datos gentilmente proporcionados por Alberto Flores Galindo, quien me prestó uno de sus cuadernos de apuntes de la investigación que realizó sobre la aristocracia mercantil colonial a fines del siglo XVIII, y comienzos del XIX: Aristocracia y plebe, (Lima, 1984). Los datos de este cuaderno los obtuvo del Juzgado de Secuestros, años 1821-1822, legajos 1 a 11, Tribunal de Cuentas, AGN.
** Datos obtenidos de los cuadros que aparecen en la obra de José María Córdova y Urrutia, Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento de Lima. (Lima, 1839), Tomo I; pp. 88-90, 91-93, 98-100, 124-25. Tomo II, pp. 5-6.
La agricultura de Cajamarca pasaba por una situación tal vez más crítica que la de la costa norte36. Existía una vinculación entre la deprimida producción ganadera de la zona y la depresión de la demanda de dichos productos en la costa norte. Debido a ese cuadro de abatimiento, las propiedades se depreciaron y ocurrió un proceso de adjudicaciones análogo al que observamos en la costa norte y en otros lugares del Perú durante los primeros años republicanos.
En Chota se adjudicó haciendas a militares a quienes se les adeudaba sueldos y a los que se quería premiar por su participación en las contiendas de la Independencia. Es el caso de la adjudicación de la hacienda Llaucán al general de división Bias Cerdeña37. Esta hacienda tenía especial importancia pues lindaba con el cerro San Fernando, principal fuente del mineral de Hualgayoc, cuyas vetas todavía se seguían explotando en 1820 pero luego decayeron irremediablemente en años posteriores. En una petición fechada el 8 de enero de 1830, el general Blas Cerdeña expone méritos y servicios en las campañas de la Independencia, Bolivia y Colombia, pidiendo que se le recompense con la adjudicación de la hacienda Llaucán a cambio de 6000 pesos que se le debían, por ajustes de cuentas realizadas en la tesorería departamental de Arequipa en noviembre de 1828, y en la comisaría general de Cajamarca en febrero de 182038.
En un decreto supremo dictado por el Presidente Gamarra en enero de 1830, se lee:
Teniendo en consideración los importantes serbicios que ha prestado a la Nación el Benemérito General de División Dn. Bias Cardeña [...] se adjudica a fabor del referido Gral. en todas sus partes la Hazienda denominada San Francisco Llaucán cita en la Provincia de Chota Departamento de la Libertad, pues aunque por el ajustamiento que presenta sólo es deudor el Estado de cinco mil setecientos cinco pesos […] y el valor de la referida Hazienda sube a la cantidad de diez y ocho mil pesos [...] cede a su favor los doce mil novecientos ochentaicinco pesos [...] que resultan de aumento39.
De esta forma se cancelaban las deudas con los militares ilustres, utilizando los fondos administrados por el Tribunal del Consulado y la Dirección de Consolidación, creada en 1826. Dichos fondos provenían en su mayoría, como veremos en el capítulo 2, de los bienes cautivos de la antigua administración colonial (Temporalidades) y de los conventos supresos (a los cuales se añadían las propiedades del Tribunal de la Santa Inquisición extinto).
En el caso de la hacienda Llaucán, se trataba de una propiedad implicada en el concurso de acreedores del banquero Juan de la Cueva, que quebró en 1635. Los bienes de este banquero fueron asumidos por el Real Tribunal del Consulado, que los administraba con el objeto de indemnizar a los 579 acreedores (entre ellos el Tribunal de la Santa Inquisición –debido a que algunos de los clientes de De la Cueva fueron acusados de judaizar–, cuyas rentas luego pasarían al Estado republicano), a quienes se les debía por un monto de 1 068 284 pesos. Sin embargo, estas sumas acreedoras nunca serían canceladas pues la antigua deuda colonial nunca se consolidó, a pesar de que hubo algunos débiles intentos por hacerlo.
El Real Tribunal del Consulado arrendaba la hacienda Llaucán, que perteneció a Juan de la Cueva, y el producto del arrendamiento ingresaba al fondo de indemnización destinado a satisfacer a los acreedores del concurso. Después de la Independencia, el Estado republicano continuaba arrendando dicha hacienda a los antiguos locatarios, los excoroneles del ejército colonial Miguel y Pablo Espinach, vecinos de Cajamarca; y a la muerte de Miguel, en 1827, se intenta cambiar de arrendatario. La testamentería de Miguel Espinach, que continuaría en posesión de la hacienda hasta 1830, debía, según el director de Consolidación, el arrendamiento vencido entre los años de 1820 y 1827, a razón de 2000 pesos anuales. Entre 1828 y 1830, año en que se verifica la adjudicación de la hacienda a Cerdeña, sería Manuel Espino, el albacea de la testamentería Espinach, el administrador de la hacienda.
En 1830, el apoderado legal de Blas Cerdeña, don José Mariano Cavada, coronel comandante de los cívicos de Celendín, tomará posesión de la hacienda a pesar de las protestas del minero de Hualgayoc, Domingo de la Cueva, descendiente de Juan de la Cueva, quien reclamará para sí la propiedad de la hacienda. En 1832 Cerdeña renuncia a la posesión de la hacienda por «inconvenientes para el goce pacífico» de la misma. El Estado le otorga a cambio, por decreto presidencial, 1000 pesos mensuales de la tesorería del Cusco y 500 pesos mensuales por la de Ayacucho, hasta cubrir la cantidad de 20 000 pesos. En 1852 Cerdeña recibe 25 700 pesos en vales de consolidación.
Tanto en el caso del general Plaza como en el del general Cerdeña, observamos la compensación privilegiada a caudillos militares en desmedro de los que mayor perjuicio sufrieron debido a la destrucción y expropiación de propiedades. Al repartirse los recursos de la deuda interna, antes de 1859, con obvio favoritismo, se contribuye a una inicial concentración de las mejores tierras en manos de gamonales que se aprovecharon del ausentismo de los dueños de las adjudicaciones.
En la sierra central, dos casos de beneficiados por la deuda interna en desmedro de acreedores menos influyentes fueron los de Francisco de Paula Otero y los hermanos Olavegoya del valle del Mantaro. Paula Otero se inicia como arriero en la zona, estableciéndose en Tarma a fines del siglo XVIII. Durante la Independencia fue comandante general de las guerrillas del centro y gobernador de Tarma. A partir de 1833 adquiere varias haciendas, entre ellas la hacienda Cachi-Cachi, situada entre Jauja y Tarma y, a través de la parentela de su esposa, entra en el negocio