Del laboratorio al mercado - Álvaro Ossa Daruich

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trabajan en proyectos complejos y difíciles, es común que quienes hacen investigación tengan altos niveles de autonomía operativa en su trabajo. Sin embargo, solo algunas organizaciones otorgan formalmente un grado de autonomía estratégica que brinda a los equipos de investigación la oportunidad de definir sus propias agendas y objetivos de investigación, y establecer la dirección general de sus proyectos (Criscuolo et al., 2014). Si bien es cierto esto ocurre mayoritariamente en universidades, que por lo general tienen el principio de libertad de investigación, también hay algunas empresas, como Google, donde los desarrolladores pueden dedicar el 10% de su tiempo a investigar cosas fuera de su agenda de investigación.

      A diferencia de estos casos particulares, como resultado de las restricciones impuestas por las organizaciones, los investigadores pueden recurrir a métodos informales para obtener una mayor autonomía estratégica, participando secretamente en esfuerzos de innovación no programados (Criscuolo et al., 2014). En este sentido, el bootlegging surge como un proceso continuo incremental de aprendizaje de prueba y error en I+D, y su incertidumbre no es mejor o peor que la de I+D “autorizada” (Augsdorfer, 2005), aunque esta práctica muchas veces surge debido a que la idea es difícil de justificar y bastante arriesgada a ojos de la organización.

      El valor de la investigación de bootleg para una empresa puede ser tangible e intangible. Mientras que los resultados tangibles de la investigación tienen claros beneficios económicos en términos de mayores ganancias para la compañía, los beneficios intangibles consisten en que, por un lado, aumentan la base de conocimiento tecnológico a través de la construcción de competencias y, por otro, los equipos de investigación se mantienen motivados (Augsdorfer, 2005).

      El estudio señala que en la etapa inicial de la actividad innovadora existe muy poca diferencia entre los proyectos de bootlegging y los proyectos “autorizados”. Los primeros pasos de la investigación generalmente consisten en la recopilación de datos, ya sea en forma de pequeños experimentos o revisiones de la literatura. Donde sí hay una diferencia, es en que el bootlegging representa un bajo nivel de incertidumbre en cuanto a recursos, ya que la investigación ocasiona solo costos menores adicionales en términos de consumo de tiempo y costo de herramientas, materiales y equipos, pues estos a menudo están ya disponibles en el laboratorio.

      En resumen, los gerentes que temen perder el control pueden estar seguros de que no hay nada que temer. Las ideas no se desarrollan por accidente o de forma aislada. Las nuevas ideas están de alguna manera relacionadas con lo que los investigadores ya saben (Augsdorfer, 2005).

      Existen múltiples ejemplos que demuestran que esta práctica ha significado grandes beneficios para la organización, y por supuesto, muchos dan cuenta de que ha sido un rotundo fracaso y una pérdida de recursos importantes.

      Si bien la historia de transferencia tecnológica en Estados Unidos tiene una larga data, lo cierto es que en los años ochenta se genera un fuerte impulso. En esta década, el Congreso aprobó la legislación histórica que rige la transferencia de tecnología universitaria llamada Ley de patentes y enmiendas derecho de marcas, más conocida como la Ley Bayh-Dole, impulsada por los senadores Birch Bayh, de Indiana, y Bob Dole, de Kansas. Dicha ley cambió drásticamente los incentivos para que las universidades y las empresas se involucren en la transferencia de tecnología universitaria, y simplificó el proceso de comercialización mediante el establecimiento de una política de patentes uniforme y la eliminación de muchas restricciones a la licencia de tecnologías financiadas por el gobierno federal. Más importante aun, permitió a las universidades ser dueñas de las patentes que surgían de los subsidios de investigación federales, lo que hasta esa fecha no se permitía. Se considera que esta ley no solo transformó el sistema de innovación basado en ciencia en Estados Unidos, sino que también fue la base jurisprudencial que ha permitido que beneficiarios de fondos estatales para actividades de I+D tengan derecho a patentar invenciones y conceder licencias, incentivando fuertemente la vinculación universidad-industria, y facilitando la llegada al mercado de bienes y servicios basados en resultados de investigación (Albert et al., 2015).

      Con dicha ley, dicen los autores, se incentivó a las universidades a comenzar a crear unidades encargadas de responder a la necesidad de gestionar el proceso de transferencia de manera formal, con incentivos y políticas claras, generando vínculos de largo plazo con la industria y el sector público. La mayoría de las universidades que desarrollan investigación, tienen oficinas de transferencia tecnológica conocidas también como oficinas de transferencia y licenciamiento, y cada vez más las universidades comienzan a ser motores del crecimiento económico y del desarrollo local y regional, a través de la comercialización de su propiedad intelectual.

      Aunque los efectos de la Ley Bayh-Dole sobre el aumento de patentes están lejos de ser definitivos y concluyentes, las universidades y otras organizaciones públicas de investigación protegen cada vez más sus invenciones, las que van desde desarrollos genéticos hasta programas de software, con la expectativa de generar fondos adicionales para la investigación y financiar parte de la actividad universitaria. Por ejemplo, antes de 1981, menos de 250 patentes eran solicitadas por las universidades cada año. Un poco más de una década después, se solicitaban casi 1.600 patentes cada año (Henderson et al., 1998; Shane, 2004). Otro de los datos relevantes relacionados con las patentes es que entre 1993 y 2000 a las universidades de Estados Unidos se les concedieron aproximadamente 20.000 patentes. Durante ese período, algunas de estas patentes universitarias generaron millones de dólares en ingresos por licencias, y estimularon la creación de más de 3.000 nuevas empresas.

      Según datos de la asociación de gestores tecnológicos universitarios, AUTM por su sigla en inglés, entre 1996 y 2017, la transferencia tecnológica en Estados Unidos ha apoyado la creación de cerca de seis millones de nuevos empleos, se han creado más de 13.000 empresas basadas en ciencia, y se ha contribuido con 865 billones de dólares al producto interno bruto del país (Atkins, 2009).

      Dicha organización realiza encuestas anuales entre las organizaciones que son parte de la asociación, denominada AUTM Licensing Survey. Los resultados del año 2018, mostraron que 828 nuevos productos comerciales se lanzaron al mercado ese año. Adicionalmente, 1.080 nuevas empresas fueron creadas en 2018 (AUTM, 2017).

      En Europa existen diferencias significativas en términos de la gestión de la propiedad intelectual de las universidades, aunque es posible encontrar cierta convergencia, según el estudio realizado por Siegel (2015). En el Reino Unido, por ejemplo, las universidades han fortalecido cada vez más sus derechos sobre la propiedad intelectual generada por sus académicos, mediante una normativa que considera la distribución de regalías asociadas entre quienes participaron en la creación de los resultados de investigación y las áreas de las universidades que participaron en el desarrollo.

      El estudio plantea que en Alemania y Bélgica adoptaron la legislación tipo Bayh-Dole a fines de la década de los noventa, mientras que en Francia este tipo de regulación ya existía desde hacía algún tiempo. En Italia, los investigadores pertenecientes al sector público reciben el derecho de propiedad de sus desarrollos, pero en la mayoría de los casos las universidades realizan un contrato formal de manera individual para otorgar los derechos de propiedad intelectual a la universidad. En Suecia y Finlandia se están llevando a cabo discusiones para cambiar sus políticas y regirse por un modelo tipo Bayh-Dole más que por el modelo de propiedad del inventor.

      Por otra parte, la mayoría de los países europeos ha cambiado su legislación para hacer posible y más atractivo para los investigadores y académicos asumir participación accionaria sobre empresas que se creen para desarrollar y explotar comercialmente sus resultados y para poder recibir regalías o ingresos, producto de la comercialización. En Francia, por ejemplo, antes de 1999 era ilegal que un académico asumiera participación accionaria sobre una empresa (Albert et al., 2015).

      El estudio agrega que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, el nivel de actividad comercial en las universidades europeas es relativamente bajo en comparación con los altos niveles de rendimiento científico e inversión en investigación con los que cuentan.

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