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Austria, Dinamarca, Alemania y Noruega, han eliminado el llamado privilegio del profesor, que otorgaba a los académicos el derecho a poseer patentes. El derecho a la propiedad intelectual ahora se ha transferido a las universidades, mientras que los inventores académicos reciben una parte de los ingresos vía regalías, acorde al modelo Bayh Dole.

      El caso de Latinoamérica es más reciente y diverso, ya que cada país ha vivido realidades diferentes. Por ejemplo, en Argentina, si bien es cierto las primeras actividades surgen en la década de los años ochenta, como punto de partida de la institucionalidad se considera la creación en los noventa de la unidad de vinculación tecnológica a nivel estatal, la cual fue pionera en la región latinoamericana. Más recientemente y a partir de la necesidad de diseñar y ejecutar una política integral de promoción de la vinculación y la transferencia tecnológica, se crean en el año 2013 las oficinas de vinculación tecnológica dentro de los centros científicos tecnológicos argentinos.

      Estas oficinas tienen la finalidad de promover la explotación comercial de los resultados de las actividades de investigación, de transferencia y de servicios de ciencia y tecnología, así como realizar la gestión administrativa, el seguimiento y la evaluación, incluyendo los convenios celebrados entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET y sus contrapartes (Oficinas de Vinculación, n.d.).

      En 1981, en Brasil se comenzó a diseñar los Nucleos de Innovación Tecnológica, NITs, con el objetivo de mejorar los vínculos entre academia e industria y, pese a los esfuerzos estatales, la iniciativa se suspendió a fines de la década de los ochenta (Santos, 2016). En la mísma década, comenzaron las actividades del Programa de Apoyo para el Desarrollo Científico y Tecnológico, PADCT, vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, en cuyas áreas de acción está incluida la propiedad industrial. En 1998 comenzó un debate sobre la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo económico de Brasil, particularmente en relación con la internacionalización de la economía. En esa década, la falta de una legislación nacional que contemplara y guiara las acciones de esta área en desarrollo fue evidente ya que los Centros de Innovación Tecnológica, TIC, recibieron diferentes nombres y divergieron en acciones que estaban totalmente desenfocadas. Esta situación fue crucial para la creación de la Ley de Innovación Nacional de Brasil en 2004 (Chais et al., 2017).

      La Ley de Innovación de 2004, definió TIC como un Centro de Innovación Tecnológica cuyo objetivo es gestionar la política de innovación, monitorear los procesos de desarrollo desde la investigación hasta la innovación, y promover asociaciones entre universidades y empresas. Con este impulso, en 2006 se creó el Foro de Gestores de Innovación y Transferencia de Tecnología, FORTEC, por sus siglas en portugués, con el objetivo de compartir experiencias y buenas prácticas de gestión, impulsar la formación y cualificación de profesionales en materias de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología (Santos, 2016). Las actividades vinculadas a las TICs en las universidades se relacionan con la atención a la política institucional y el incentivo con respecto a la cultura de innovación a través de la protección de propiedad intelectual, licencias de patentes, gestión de acuerdos de transferencia de tecnología, interacción entre universidades y empresas, organización de eventos que promueven y crean un entorno propicio para la difusión de la innovación en la universidad, y asistencia a investigadores en la recaudación de fondos para la innovación, entre otras actividades. Nuevamente la Ley Bayh-Dole inspiró la Ley de Innovación de 2004 en Brasil (Chais et al., 2017).

      En el caso de Chile, la historia es más reciente aun. Si bien es cierto que el país cuenta con una ley de propiedad intelectual que data de los años setenta, recién a principios de este siglo algunas universidades comenzaron a crear unidades encargadas de gestionar la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica.

      En el país, los esfuerzos por impulsar la transferencia tecnológica fueron generados por el Estado, y es así como a comienzos de los años dos mil se realizaron las primeras tentativas de crear institucionalidad y comenzar el proceso de formación de personas que serían las encargadas de gestionar las oficinas de transferencia en los siguientes años. Comenzada la segunda década, la agencia estatal encargada del fomento a la innovación y el emprendimiento, dependiente del Ministerio de Economía, denominada Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, lanzó un financiamiento para la creación y el fortalecimiento de capacidades de comercialización y transferencia tecnológica dentro de las instituciones, y en este contexto convocó al primer concurso para fortalecer Oficinas de Transferencia y Licenciamiento de universidades y centros científico-tecnológicos nacionales. En un inicio se apoyó a más de veinte instituciones, las que desarrollaron nuevas políticas, procedimientos y regulaciones de propiedad intelectual, aumentaron sus redes de contacto y formaron capacidades internas.

      Durante el año 2012 se crea la “Red de Gestores Tecnológicos de Chile”, una corporación de derecho privado sin fines de lucro, constituida por profesionales que trabajan en universidades y centros científico-tecnológicos en temáticas relacionadas con la transferencia tecnológica, cuyo objetivo es vincularse y relevar la importancia de la transferencia tecnológica en el país.

      Además de los programas del Ministerio de Economía, en 2012, el Ministerio de Educación creó programas de financiamiento para incentivar la innovación basada en ciencia en las universidades chilenas, lo que aceleró y fortaleció el sistema.

      CORFO ha continuado el apoyo a las oficinas de transferencia y licenciamiento del país, con el objetivo de apoyar su consolidación y posicionamiento dentro de la institución y hacia el exterior, y aumentar la cartera de iniciativas con potencial de mercado, incrementando de forma significativa el número de revelaciones de invención, contratos de I+D, licencias, consultorías e investigación colaborativa con empresas y otras entidades de I+D+i, tanto a nivel nacional como internacional.

      En 2015, CORFO lanzó un nuevo instrumento que dio paso al nacimiento de los hub de transferencia tecnológica, cuyo objetivo es crear una entidad que agrupe a diversas universidades, en tamaño, especialización y ubicación geográfica, con la hipótesis de hacer más eficiente la gestión de transferencia tecnológica y escalamiento de resultados de I+D a través de la concentración de capacidades y capital humano altamente especializado, orientada hacia la creación de negocios en distintas industrias en mercados globales, con acceso a redes de apoyo a la internacionalización de los emprendimientos de base tecnológica.

      Si bien es cierto que desde el año 2011 se han realizado esfuerzos importantes en la creación de capacidades de gestión tecnológica en las universidades y centros científico- tecnológicos, habiendo importantes avances institucionales en gestión de propiedad intelectual y formalización de procesos de transferencia tecnológica, solo recientemente ha comenzado a notarse un incremento en el número de patentes y licencias, y son todavía incipientes los resultados en contratos tecnológicos y creación de empresas de base tecnológica, debido a que se trata de procesos que toman tiempo de maduración.

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