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circunstancias actuales está ligada tanto a los límites del poder del Estado, en el contexto de condiciones nacionales e internacionales, como al carácter remoto, a la desconfianza y escepticismo que se expresan acerca de los arreglos institucionales existentes, incluyendo la eficacia de la democracia parlamentaria»97.

      Pues bien, son parte de ese movimiento de reformas políticas las propuestas de democracia participativa y democracia deliberativa que resumimos a continuación y que se vinculan con los mecanismos de la democracia directa. Luego, se critica su viabilidad.

2. La llamada democracia participativa, cuyos más importantes promotores pueden ubicarse en la segunda mitad del siglo XX, es presentada como un avance y perfeccionamiento de la democracia representativa. Propone usualmente utilizar, para reforzarla, algunas de las modalidades de la democracia directa. Busca responder a las políticas agresivas neoliberales que debilitan el llamado Estado del bienestar, al plantear una mayor participación directa y un control más acusado a los representantes elegidos. Ramírez Nardiz cita a Sartori, para quien la democracia participativa es aquella forma de gobierno en la que «el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder»98. Más precisamente, consiste en la introducción de un conjunto de instrumentos que hagan posible ampliar la participación ciudadana en el gobierno, buscando que el ciudadano tome parte de la vida pública. Esos instrumentos, que no pretenden remplazar a la democracia representativa, son —entre otros— las iniciativas legislativas populares, los referendos y la revocatoria de mandatos.

Las propuestas de la democracia participativa buscan dotar de contenido al ideal democrático, sea ampliando los derechos, promoviendo la autogestión y el espíritu asambleístico, esto es, aumentar la presencia de los ciudadanos en la deliberación y en las decisiones de asuntos de interés público. Esas propuestas han sido reconocidas en varias Constituciones de países latinoamericanos, entre ellos el Perú. Pero esta circunstancia no las libera de críticas varias, fundamentalmente asociadas a la afirmación de que el ciudadano no tiene la capacidad necesaria para decidir sobre asuntos complejos, pero también a que no participa con otros en la discusión de los temas públicos. Aquellos asuntos sometidos a votación son tratados principalmente en los medios de comunicación, donde en muchos casos se ejerce una manipulación evidente, de modo que no son los ciudadanos quienes suelen imponer los puntos o temas sobre los que deberán pronunciarse en referéndum. Quienes por su lado defienden las propuestas dan gran importancia al espacio público99 como lugar de privilegio para que los agentes sociales puedan obtener información y tomar decisiones adecuadas a los intereses de las mayorías.

      Hay que anotar que esa participación se da con mayor frecuencia y facilidad en el ámbito local y tiene contenidos muy variables. Por ejemplo, puede estar dirigida al intercambio de información con el Gobierno o las autoridades sobre asuntos vinculados a determinadas tomas de decisiones sobre la atención preventiva de las enfermedades, o a buscar un consenso acerca de ciertos aspectos urbanísticos controvertidos para determinadas obras de infraestructura. Pero poca duda cabe de que la participación en estas materias no basta para sostener —y, menos, cuestionar— el edificio de la democracia representativa.

3. La llamada democracia deliberativa es un desarrollo de los postulados teóricos de la democracia participativa, pero más preocupada por la parte práctica vinculada al diseño institucional. A pesar de su reciente impulso, debe advertirse que la reivindicación de la deliberación es tan antigua como la democracia misma100. Dice Martí que «la democracia deliberativa es un modelo político normativo cuya propuesta básica es que las decisiones políticas sean tomadas mediante un procedimiento de deliberación democrática»101, esto es, un modelo de toma de decisiones que persigue cómo debería ser la realidad política, un ideal regulativo hacia el que se debe tender en la medida de lo posible. En otras palabras, se trata de la utilización de un procedimiento deliberativo como precondición para que las decisiones políticas adquieran legitimidad.

Los promotores de la democracia deliberativa afirman que buscan mejorar la calidad de la democracia, abogando por un debate informado, el uso de la razón y la búsqueda de la verdad. Señala Held que «la idea fundamental de los demócratas deliberativos es desterrar cualquier noción de preferencias fijas y sustituirla con un proceso de aprendizaje en el cual y por el cual la gente acepte los asuntos que tienen que comprender para mantener un juicio político sensato y razonable»102. La legitimidad política ya no se basa tanto en los resultados de las votaciones en procesos electorales o en la regla de la mayoría cuanto en ofrecer argumentos defendibles de las decisiones públicas para mejorar la calidad de estas últimas, sustituyendo el lenguaje del interés por el lenguaje de la razón. En otras palabras, consideran que «el intercambio de razones públicas en la deliberación crea un nuevo principio de gobierno legítimo»103. Y para que su ideal político «sea eficaz los ciudadanos tienen que estar libres de las influencias tergiversadoras de la desigualdad del poder, riqueza, educación y otros recursos. Lo que importa es un acuerdo motivado racionalmente, no un resultado producido por la coerción, la manipulación o el pacto. Este modelo exige que los ciudadanos disfruten de una igualdad formal y sustancial»104.

Entre los principios democráticos para la toma de decisiones, la democracia deliberativa privilegia el de argumentación sobre los de negociación y del voto. Entienden el principio de argumentación como un intercambio desinteresado de razones a favor o en contra de una propuesta en condiciones de igualdad y con la disposición de ceder ante el mejor argumento105.

Aquí, los mecanismos más promocionados son el derecho de petición, la iniciativa legislativa popular, las consultas y los referéndums deliberativos, la participación en asociaciones y consejos a nivel municipal y los presupuestos participativos106.

4. Las propuestas por una democracia tanto participativa como deliberativa, como es natural, han dado lugar a diversas críticas. Ellas se concentran, en primer término, en las dificultades de encontrar en las grandes urbes modernas, más que en pequeños poblados, condiciones que hagan posible un debate alturado, informado y respetuoso. Consideran que sus promotores parten de una premisa que desconoce en el ser humano común la ausencia de altruismo y de conocimiento general para enfrentar problemas complejos. Se afirma, creemos que, con razón, que «el ideal de imparcialidad expresa una ficción, ya que descansa en el supuesto de que la gente puede trascender sus peculiaridades cuando se dedica a deliberar»107. También se afirma que con la deliberación es imposible generar acuerdos o consensos y que más bien ella puede incrementar los conflictos en lugar de mitigarlos. Así mismo, que no hay garantía de que una mayor participación dé lugar a una de mayor calidad. Hay también firmes críticas a las propuestas de democracia directa por su fácil manipulación. Sus defensores, por su parte, replican que los desacuerdos persistentes y posteriores a la deliberación constituyen un paso firme para conocer mejor las diferencias y buscar superarlas108.

      5. Pero el verdadero test para calibrar la conveniencia y viabilidad de los instrumentos que propone la democracia participativa, dice con razón Josep M.ª Castella:

consiste en examinar su origen, es decir, si van de abajo arriba. Esto significa que es algo impulsado y querido por los ciudadanos. Se participa si, cuando y para lo que interesa a la ciudadanía. En cambio, cuando la participación es organizada desde el vértice del poder hay que ponerla bajo sospecha, pues es muy probable que se pretenda o se utilice para afianzar y legitimar una determinada acción de gobierno, tendiendo a llamar a la participación a aquellas asociaciones que reciben subvenciones del poder o que son títeres de partidos y, por tanto, revisten el clientelismo de democracia109.

      6. Finalmente, reconozcamos que la democracia no puede quedar librada a la deliberación, pero sin ésta no hay democracia. Se señala entonces que si bien la capacidad de delegación, sobre la que se asienta la representación, cede frente a las prácticas deliberativas, lo cierto es que para que funcionen grandes porciones de la política debe haber delegación, para, de esa forma, evitar caer en el espacio pantanoso de los plebiscitos. Solo una parte del trabajo político es discursivo. Es imposible, si se desea ser eficaz, remplazar la profesionalidad y la experiencia de los representantes para resolver intrincados asuntos de gobierno. La experiencia enseña que cuando prima lo deliberativo puede brillar la argumentación aguda y hasta original, pero que siempre se trata

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