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elegidos, a los que pueden exigirse competencia y responsabilidades. Pero exige llevar a cabo al menos cuatro reformas: tratar de asegurar a todos al menos unos mínimos económicos, sociales y políticos, perfeccionar los mecanismos de representación para que sea autentica, dar mayor protagonismo a los ciudadanos, y propiciar el desarrollo de una ciudadanía activa, dispuesta a asumir con responsabilidad su protagonismo81.

      El fomento de una sociedad activa y alerta a los intereses generales no es posible si se la mantiene en la ignorancia o si se fomenta el odio frente a los demás, estrategia común en los partidos totalitarios cuando no pueden aplicar la fuerza para imponerse y prevalecer abusivamente. Nace entonces la inmensa importancia de la docencia que enseña a pensar bien y a expresarse libremente, que es estar libre de prejuicios y manipulación.

2. CRISIS Y SOBREVIVENCIA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

      1. La crisis de representación política tiene su origen en un creciente distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones, lo que se manifiesta en apatía y desconfianza, así como en el debilitamiento de los partidos políticos y la instauración de otros cauces de representación de intereses como las corporaciones multinacionales. Los medios de comunicación han multiplicado el efecto de estos cambios en beneficio de intereses privilegiados y minoritarios. Así, muchas de las críticas al funcionamiento de la democracia representativa tienen carácter plural. Determinados sectores han afirmado que si bien lo que está presente es la democracia representativa, el Estado ideal es aquel que se basa en las modalidades de la democracia directa y semidirecta, por lo que es preciso implantarlas y ampliar los mecanismos propios de la democracia participativa. Olvidan, sin embargo, que el indispensable pluralismo político tiene una expresión más acabada con la democracia representativa, pues el pueblo soberano, en un referéndum, por ejemplo, responde a lo que le preguntan, no a otra cosa; en otros términos, quien plantea la pregunta influye directamente en la respuesta final, como un debate recortado, simplificado. Más coherente es afirmar que tanto la democracia participativa como la deliberativa solo tienen consistencia y viabilidad en la democracia representativa, pues son actores secundarios, aunque complementarios solo en ciertos temas y ocasiones.

      La contraposición entre las llamadas «representación-mandato» y «representación-independencia» ha puesto de manifiesto, una vez más, el tema del mandato imperativo. A ello se agregan las críticas por no haber sabido responder adecuadamente a los estragos causados por la crisis financiera reciente ¿CUÁL?, al aumento de la desigualdad social, la percepción de una clase política autónoma desconectada de los votantes y la extendida corrupción descubierta, en un ambiente de cambio por la globalización de los mercados y la irrupción de las nuevas tecnologías.

Los críticos más agudos argumentan que el poder se encuentra donde están los ciudadanos y no en las instituciones llamadas a representar la voluntad general. Retomar ese control, afirman, es retomar la soberanía, y se apoyan en el constitucionalismo clásico que afirma que hay que controlar el poder poniéndolo al lado de los ciudadanos, para volver a utilizar su fuerza inclusiva. La soberanía se convierte así en la clave para interpretar la crisis que ya anunciaba el proceso de globalización, en virtud del cual el poder de las corporaciones trasnacionales supera el poder de los Estados de tamaño medio. Esta crisis ha hecho, dicen esos críticos, que tanto los ciudadanos como las instituciones que los representan hayan perdido el poder que hoy detentan los mercados financieros, lo que desafía al constitucionalismo democrático que se construye teniendo como base la dignidad humana, constitucionalismo que ha combatido y triunfado en el terreno de los principios. La crisis de legitimidad se deriva, según esa argumentación, de la incapacidad de las instituciones para defender justamente los postulados alcanzados por el constitucionalismo democrático, porque sus estructuras jurídico-políticas no pueden contener la brecha entre lo que postulan los principios y la realidad. «La crisis —dice Guillén— es la brecha entre la sociedad y el Estado, la expresión de la fuerza normativa de lo fáctico, la muestra de la incapacidad del Estado de integrar el conflicto social aportando soluciones satisfactorias a los titulares de la soberanía»82.

Otros críticos consideran que uno de los problemas más graves en las sociedades modernas se encuentra en la falta de lealtad política de los dirigentes, en la adulteración de los derechos y en su falta de transparencia y su conducta corrupta. Ello se refleja en el clientelismo político y la crisis de los partidos tradicionales, pues se ha extendido su financiamiento ilegal y la falta de publicidad, control y rendición de cuentas. También, por cierto, en la delegación de una autoridad enorme en representantes que gozan de una discrecionalidad casi absoluta de la que no suelen dar cuenta a sus representados, lo que se agrava cuando ese poder se otorga a quienes actúan en organismos internacionales de gran impacto en materias de gran importancia, lo cual hace poco «democrático» su accionar83.

2. Otro tema vinculado a la crisis de representación es la constatación de que la división de poderes desarrollada en el siglo XVIII e incorporada en prácticamente todos los textos constitucionales —es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— ha sufrido en la realidad una alteración radical por el surgimiento de potentes contrapoderes, formales e informales, tales como los medios de comunicación, las empresas trasnacionales, el mercado financiero y gobiernos de ámbito regional representativos no solo de intereses materiales sino también de composición étnica, cultural o religiosa distinta a la de la población mayoritaria. «Por lo tanto —afirma Ramón Adell—, la idea rousseauniana que parte de que un pueblo es una unidad histórica de costumbres y hábitos de vida en común, cuyos integrantes acuerdan formar un Estado para gobernarse mejor, estableciendo equilibrios entre tres poderes, se aleja de la realidad»84. En un contexto de individualismo exacerbado y de quiebra de lo colectivo, la sociedad se atomiza en la soledad del propio individuo y se vuelve descreída tanto de las instituciones como de los proyectos colectivos, a lo que se suma la desigualdad y la corrupción, así como mayorías silenciosas conservadoras y poco participativas. Este es el contexto que da lugar a la crisis de representación.

3. El Perú no es ajeno a esa crisis, la que está asociada a la de los partidos políticos, pues casi todos ellos han perdido identidad y carecen de idearios y programas. De cierta forma, esto se ha extendido a otras importantes instituciones políticas fundamentales, como el Congreso, del cual la población tiene una opinión muy desfavorable85. Es preciso asimismo señalar que los procesos electorales son cada vez menos deliberativos y más dependientes de una propaganda audiovisual con poco contenido. Por ejemplo, la institucionalización de la conflictividad social, las continuas protestas en varias partes del territorio son parte de la escena política en el Perú y ello, afirma Carmen Ilizarde, es fruto de una crisis de representación, que ha sido incluso reconocida por el Estado, tal como lo ponen en evidencia los informes de la Defensoría del Pueblo. Quienes intervienen lo hacen reivindicando un mayor espacio. Esa conflictividad social, dice Ilizarde:

merece pensarse como una forma de participación política independiente del sistema de representación política que tiene en los partidos a su institución central. Más que frente a una forma alterna de representación, nos encontramos con formas diversas de ejercer la auto representación [sic] para afirmar el desacuerdo y lograr un cambio en el Estado a partir de acciones colectivas de incidencia directa. Este tipo de participación política ha ido consolidándose en el tiempo en el que los partidos políticos han ido desapareciendo y dándole paso, a su vez, a otras formas de organización para la competencia electoral, una suerte de emprendimientos políticos que no buscan ejercer la representación sino llegar al poder y enseñorearse en él86.

Resulta comprobable que después del colapso de los partidos políticos tradicionales durante el fujimorismo, el sistema fue remplazado por un modelo autoritario y vertical, que no ha podido superarse o recomponerse en los últimos años de gobiernos democráticos. Ello ha influido para que varios intentos de representación fueran en la práctica reemplazados por la prebenda y un clientelismo relacionado con intereses concretos lejanos de los mayoritarios y de las necesidades más apremiantes de la población. Uno de los efectos de la práctica fujimorista ha consistido en que la sociedad prescinda cada vez más del referente estatal y los partidos tengan dificultades para interpretar lo que ocurre en la sociedad, lo que favoreció la idea de emplear procedimientos plebiscitarios para

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