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El libro negro del comunismo. Andrzej Paczkowski
Читать онлайн.Название El libro negro del comunismo
Год выпуска 0
isbn 9788417241964
Автор произведения Andrzej Paczkowski
Жанр Документальная литература
Издательство Bookwire
En Petrogrado, setenta y seis eclesiásticos fueron condenados a penas de campos de concentración, y cuatro ejecutados, entre ellos el metropolitano de Petrogrado, Benjamín, elegido en 1917, muy cercano al pueblo y que había defendido asiduamente la idea de una Iglesia independiente del Estado. En Moscú, 147 eclesiásticos y laicos fueron condenados a penas de campos de concentración, y seis a la pena de muerte, que fue inmediatamente ejecutada. El patriarca Tijón fue recluido en residencia vigilada en el monasterio Donskoi de Moscú.
Algunas semanas después de estas parodias de juicio se inició en Moscú, el 6 de junio de 1922, un gran proceso público, anunciado en la prensa desde el 28 de febrero: el proceso de 34 socialistas-revolucionarios acusados de haber llevado a cabo «actividades contrarrevolucionarias y terroristas contra el Gobierno soviético», entre las cuales figuraban fundamentalmente el atentado de 31 de agosto de 1918 contra Lenin y la «dirección política» de la revuelta campesina de Tambov. Según una práctica que iba a ser ampliamente utilizada en los años treinta, los acusados constituían un conjunto heterogéneo de auténticos dirigentes políticos, entre ellos doce miembros del Comité Central del partido socialista-revolucionario, dirigido por Abraham Gots y Dimitri Donskoi, y agentes provocadores encargados de testificar contra sus compañeros de acusación y de «confesar sus crímenes». Este proceso permitió también, como escribió Hélène Carrère d’Encausse, «poner a prueba el método de acusaciones escalonadas como si se tratara de muñecas rusas, que partiendo de un hecho exacto —en 1918 los socialistas-revolucionarios se habían opuesto al absolutismo dirigente de los bolcheviques— llegaba a un principio… el de que toda oposición equivalía en última instancia a cooperar con la burguesía internacional»37.
Como consecuencia de esta parodia de justicia, durante la cual las autoridades pusieron en escena manifestaciones populares que reclamaban la pena de muerte para los «terroristas», once de los acusados —los dirigentes del partido socialista-revolucionario— fueron condenados, el 7 de agosto de 1922, a la pena capital. Ante las protestas de la comunidad internacional movilizada por los socialistas rusos en el exilio, y, más todavía, ante la amenaza real de un reinicio de las insurrecciones en los campos en los que «el espíritu socialista-revolucionario» seguía vivo, la ejecución de las sentencias fue suspendida «a condición de que el partido socialista-revolucionario cese en todas sus actividades conspirativas, terroristas e insurreccionales». En enero de 1924, las condenas a muerte fueron conmutadas por penas de cinco años de campo de concentración. Sin embargo, los condenados no fueron nunca liberados, y se les ejecutó en los años treinta, en un momento en que ni la opinión internacional ni el peligro de insurrecciones campesinas eran ya tenidas en cuenta por la dirección bolchevique.
Con ocasión del proceso de los socialistas-revolucionarios se había aplicado el nuevo Código penal, que entró en vigor el 1 de junio de 1922. Lenin había seguido de manera particular la elaboración de este código que debía legalizar la violencia ejercida contra los enemigos políticos, al haber concluido oficialmente la fase de la eliminación expeditiva justificada por la guerra civil. Los primeros borradores sometidos a Lenin apelaron por su parte, el 15 de mayo de 1922, a estas frases dirigidas a Kurski, comisario del pueblo para la Justicia: «En mi opinión, hay que ampliar el campo de aplicación de la pena de muerte a toda clase de actividades de los mencheviques, socialistas-revolucionarios, etc. Encontrar una nueva pena, que sería la expulsión al extranjero. Y poner a punto una fórmula que vincule estas actividades con la burguesía internacional»38. Dos días más tarde, Lenin escribía nuevamente: «Camarada Kurski, quiero añadir a nuestra conversación este borrador de un párrafo complementario para el Código Penal. (…) Creo que lo esencial está claro. Hay que plantear abiertamente el principio, justo políticamente —y no solamente en términos estrechamente jurídicos—, que motiva la esencia y la justificación del terror, su necesidad y sus límites. El tribunal no debe suprimir el terror, decirlo sería mentirse o mentir; sino fundamentarlo, legalizarlo en los principios, claramente, sin disimular ni maquillar la verdad. La formulación debe ser lo más abierta posible, porque solo la conciencia legal revolucionaria y la conciencia revolucionaria crean las condiciones de aplicación fácticas39».
De acuerdo con las instrucciones de Lenin, el Código Penal definió el crimen contrarrevolucionario como todo acto «que pretendiera abatir o debilitar el poder de los soviets obreros y campesinos establecido por la revolución proletaria», pero también como todo acto «que contribuyera a ayudar a la parte de la burguesía internacional que no reconoce la igualdad de derechos del sistema comunista de propiedad que sucede al sistema capitalista, y que se esfuerza en derribarlo por la fuerza, la intervención militar, el bloqueo, el espionaje o la financiación de la prensa y otros medios similares».
Se castigaba con la pena de muerte no solo todas las actividades (revuelta, motín, sabotaje, espionaje, etc.) susceptibles de ser calificadas de «actos contrarrevolucionarios», sino también la participación o el concurso prestado a una organización «en el sentido de una ayuda a una parte de la burguesía internacional». Incluso la «propaganda susceptible de aportar una ayuda a una parte de la burguesía internacional» era considerada como un crimen contrarrevolucionario, punible con una privación de libertad «que no podría ser inferior a tres años» o con el destierro a perpetuidad.
En el marco de la legalización de la violencia política emprendida a inicios de 1922, conviene tener en consideración la transformación que experimentó el nombre de la policía política. El 6 de febrero de 1922, un decreto abolió la Cheka para reemplazarla inmediatamente por la GPU —Directorio Político Unificado del Estado— dependiente del comisariado del pueblo para el Interior. Aunque el nombre cambiaba, los responsables y las estructuras seguían siendo idénticos, dando claro testimonio de la continuidad de la institución. ¿Qué podía significar, por lo tanto, ese cambio de etiqueta? La Cheka era, como indicaba su propio nombre, una comisión extraordinaria, lo que sugería el carácter transitorio de su existencia y de aquello que la justificaba. La GPU mostraba, por el contrario, que el Estado debía disponer de instituciones normales y permanentes de control y de represión políticos. Detrás del cambio de denominación se dibujaban la perennización y la legalización del terror como modo de resolución de las relaciones conflictivas entre el nuevo Estado y la sociedad.
Una de las disposiciones inéditas del nuevo Código Penal era el destierro a perpetuidad, con la prohibición aneja de regresar a la URSS bajo pena de ejecución inmediata. Entró en vigor en el otoño de 1922, en el curso de una gran operación de expulsión que golpeó a cerca de doscientos intelectuales de renombre de los que se sospechaba que se oponían al bolchevismo. Entre estos figuraban en primer lugar todos aquellos que habían participado en el comité social de lucha contra el hambre, disuelto el 27 de julio de 1921.
El 20 de mayo de 1922, Lenin expuso, en una larga carta dirigida a Dzerzhinski, un vasto plan de «expulsión al extranjero de los escritores y de los profesores que ayudan a la contrarrevolución». «Hay que preparar cuidadosamente esta operación», escribía Lenin. «Reunir una comisión especial. Obligar a los miembros del Politburó a consagrar de dos a tres horas por semana a examinar un cierto número de libros y de revistas.