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Modelando el emprendimiento social en México. Группа авторов
Читать онлайн.Название Modelando el emprendimiento social en México
Год выпуска 0
isbn 9786079380793
Автор произведения Группа авторов
Жанр Зарубежная деловая литература
Издательство Bookwire
Consolidación y fortalecimiento
El siglo XXI dio inicio con la llegada a la presidencia de México de Vicente Fox Quesada. La elección representó no solo la alternancia al poder que durante más de setenta años estuvo dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino la esperanza de generar un cambio en lo económico y lo social.
Uno de los ejes centrales del gobierno de Fox fue impulsar una política social para el combate a la pobreza. Para tal efecto, se creó la Ley General de Desarrollo Social (2004) y la Ley de la Economía Social y Solidaria (2012) que, junto con el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), dieron impulso al desarrollo de empresas sociales. La política social partió del proceso de la descentralización que México ha vivido desde la década de los ochenta, con el objetivo de fomentar la participación de las entidades federativas y los municipios en la creación e implementación de programas de desarrollo, con énfasis en aquellos relacionados con grupos vulnerables (Cogco Calderón, Rodríguez Vargas y Pérez Cruz, 2010).
En este esquema de descentralización que se consolida durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), el gobierno federal creó el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, con el propósito de aplicar estrategias coordinadas y organizadas para dar respuesta a las demandas de la población que se encuentra en alguna situación de marginación o pobreza (Sedesol, 2007). Esto dio lugar a la creación de “redes de política pública” (Maríñez Navarro, 2007), donde se presentan relaciones de interdependencia entre actores que persiguen un fin común.
Este programa sectorial percibe la necesidad de “promover la participación de la sociedad para la generación y fortalecimiento del capital social” (Sedesol, 2007). Desde esta visión, es importante destacar el aspecto de la participación de la sociedad. Durante el gobierno de Calderón, Sedesol operó 24 programas orientados al fomento de la participación comunitaria en zonas que presentan niveles de marginación o pobreza. Uno de los programas, denominado “Programa de Coinversión Social”, tenía por objetivo mejorar la calidad de vida de los pobladores como una iniciativa de corresponsabilidad entre sociedad civil y el Estado. Por un lado, el Estado promueve el fortalecimiento del desarrollo humano sustentable y el fortalecimiento institucional de las OSC, a través del otorgamiento de un recurso económico; y por el otro, las OSC, atendiendo a su objeto social, contribuyen a la mejora de las condiciones de vida de un grupo de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La figura 2.1 representa una línea de tiempo abreviada de los principales eventos discutidos en las secciones anteriores de este capítulo. Si bien el cronograma no es exhaustivo, demuestra claramente la tendencia histórica de las principales actividades políticas y económicas en México en lo que se refiere al ES (mitad inferior de la figura) y algunas actividades internacionales significativas (mitad superior de la figura).
Retos del sector social y el papel de las sociedades cooperativas
Uno de los grandes desafíos en el siglo XXI de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las sociedades cooperativas como una modalidad de aquellas, es dotarse de una mayor solidez institucional y aspirar a niveles más altos de profesionalismo en el ejercicio de sus operaciones. De hacerlo, podrán asumir un papel protagónico en la construcción de una sociedad más justa y más humana. Podrán desempeñar el papel de agentes de cambio y constructoras de ciudadanía.
México sigue enfrentando en la actualidad rezagos en su desarrollo social, con un alto índice de pobreza y marginación en amplios sectores de la población, aunado al hecho de una persistente e injusta distribución de la riqueza. Resulta relevante, por tanto, propiciar un mayor apoyo al cooperativismo en México para que, por medio de una acción colectiva y la unión de esfuerzos, puedan alcanzarse mejores condiciones de vida para sus agremiados.
Figura 2.1. Hechos relevantes para el desarrollo social de México, 1844-2014
Fuente: Moreno, complementada con información de Green Street y EY México, 2018.
Las cooperativas pertenecen a una clasificación especial dentro de las organizaciones de la sociedad civil (ver capítulos 3 y 7 de este libro). Puede considerarse que llegan a ubicarse en el sector de actividad económica perteneciente a la economía solidaria (Guadarrama y Girardo, 2008).
Las cifras oficiales sobre la situación social en México de 2000 a 2010 siguen siendo alarmantes para un sector amplio de la población que vive en condiciones de pobreza y abandono, de modo que la desigualdad es una constante. Este escenario presenta una dicotomía entre crecimiento económico y desarrollo social, lo que vuelve imperativo encontrar soluciones para elevar los niveles de vida de las poblaciones más necesitadas. El cooperativismo es considerado un instrumento de cambio social a favor de la justicia, la libertad y la democracia; se rige por leyes de transparencia, coherencia y rendición de cuentas y es un sistema de organización jurídica cuyo objeto es realizar en forma común un fin social de justicia distributiva y democracia económica.
Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, directivos y empleados para que puedan contribuir de manera eficaz al desarrollo de la organización. A la vez que se centran en las necesidades de sus socios, trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades.
El presidente Manuel Ávila Camacho da su apoyo al cooperativismo con la creación del Banco Nacional de Fomento Cooperativo, en 1941. En los posteriores regímenes del periodo 1946-1976, el movimiento cooperativista se debilita por la falta de apoyo de los gobiernos. Aunque el cooperativismo no recibió apoyo directo del gobierno encabezado por Echeverría, el movimiento cobró ánimo y el número de cooperativas que se registraron superó a las del gobierno de Cárdenas, esto debido al alto índice de desempleo y a la fuerte crisis económica, lo cual obligó a los trabajadores desempleados a buscar alternativas en el trabajo asociado. El presidente López Portillo (1976-1982) apoyó el movimiento al crear la Comisión Intersectorial de Fomento Cooperativo en 1978. No fue sino al final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari que se promulga la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC), publicada en agosto de 1994.
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas (1994), en su artículo 2:
La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
A pesar de los vaivenes que ha sufrido el movimiento cooperativo en México a través de su historia, una de las formas de reactivación de las economías de los países emergentes es utilizar el cooperativismo para promover su reactivación, aprovechando su experiencia a través del desarrollo del sector social y sus organizaciones. Si se considera que la cooperativa está inmersa en una comunidad con determinadas características socioculturales, su compromiso es identificar las necesidades reales de esa comunidad para que sus objetivos sean compatibles con el sentido de pertenencia, confianza y seguridad de sus socios o agremiados (Inostroza, 1989)
Es en este contexto que destaca la relevancia de este tipo de organizaciones que, aunque han sufrido una serie de limitaciones tanto legales como políticas, constituyen en sí mismas una forma de organización con un amplio sentido social y una alternativa para sectores tradicionalmente marginados, como por ejemplo las mujeres, minorías étnicas y los desempleados.
La descentralización y los procesos de democratización siguen abriendo espacios de participación para el sector social representado por las organizaciones de la sociedad civil, pero deberán demostrar mayor capacidad de injerencia en la elaboración de políticas públicas.
El fortalecimiento institucional es el esfuerzo planificado y realizado de una organización para incrementar su efectividad e impacto social, mejorar su eficiencia, su calidad de gestión y su coherencia organizacional a largo plazo.