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el caso de lo cultural y del papel del Estado, de manera específica, se utilizaron los aportes de la escuela francesa posestructuralista. En este sentido, en lo que corresponde al papel del Estado, análisis de nivel meso, se utilizó el concepto de gubernamentalidad, y como articulador entre el nivel meso y el macro se utilizó el concepto de habitus, que a su vez articula el nivel macro mediante los conceptos de poder simbólico y discursos hegemónicos, como se presentó en la figura 2.

      A propósito, de estas complejas interrelaciones, a continuación, se explorarán las relaciones entre los conflictos por recursos naturales y la puesta en marcha de iniciativas estatales dirigidas al paradigma del “desarrollo”.

      Es importante resaltar que la noción de conflictos ambientales intratables es valiosa, pero falla al examinar la necesidad del cambio social para la transformación de los conflictos, como sí es entendido por las escuelas de paz europeas (por ejemplo, por autores como Galtung, Burton, Schmid, Lewin y Fisher). Más aún, esta noción no examina siquiera la función del poder simbólico y de los discursos hegemónicos en los conflictos, aunque debe resaltarse que fueron los estudios de Azar, como vimos, los que involucraron la historia y el origen poscolonial de las instituciones de gobierno a cargo de evitar o gestionar conflictos intratables.

      En cuanto a la colonialidad del saber y el origen de las instituciones del Sur, es claro que la gubernamentalidad —con sus mecanismos y lógicas de actuación, entendidas como las pautas y principios que la orientan— remonta sus orígenes a la administración colonial, que, en su momento, estaba dirigida fundamentalmente a garantizar la apropiación y el control de los recursos y de la población presente en los territorios conquistados, para hacer funcional la extracción sistemática de recursos valiosos para las metrópolis, con muy poca consideración por la supervivencia de las poblaciones aborígenes locales o por el uso sostenible de los recursos naturales; por esta razón algunos autores hablan de genocidio, el cual no se ha detenido (Bernecker y Jaffé, 1992; Klauer, 2005).

      Con las “independencias”, las instituciones de gobierno, creadas de manera superpuesta al aparato de administración colonial y luego vinculadas a un nuevo dispositivo poscolonial extractor, permanecieron bajo la tutela de los saberes y nociones eurocéntricas, manteniendo las concepciones hegemónicas de superioridad cultural y racial y de desprecio por la población aborigen local, su supervivencia, bienestar o el uso adecuado de los recursos naturales (Quijano, 2000).

      Los países de Latinoamérica se alinearon al modelo de gobierno republicano francés en boga y al discurso económico liberal eurocéntrico, el cual mantuvo y ratificó al Sur como exportador neto de recursos naturales y concretó unas formas asimétricas de intercambio desigual y de dominación que permitieron su articulación al modelo poscolonial de división internacional del trabajo, papel que hoy bajo la lógica neoliberal ha sido reactivado y potenciado.

      Toda esta reflexión tiene por objeto poner de relieve la incapacidad de la gubernamentalidad y de sus mecanismos en los países del Sur para desmarcarse de este pasado colonial y del acoplamiento de tecnologías de poder (modernas y premodernas), cuyas consecuencias en las dimensiones económica, social, política, institucional y cultural¹⁵ son el mantenimiento de un conjunto de pautas y regularidades culturales (habitus) que depreda los recursos naturales, con poco interés por la supervivencia de las poblaciones locales y que se ampara en la excusa actual de la búsqueda del “desarrollo económico”, la competitividad o la internacionalización de sus economías, basadas en la extracción minero-energética o en la producción de commodities (Quijano, 2000).

      En efecto, desde los estudios eurocéntricos del conflicto, los abordajes a la intratabilidad no han tenido en cuenta el papel que cumplen en su emergencia la colonialidad del saber, el poder simbólico, los discursos hegemónicos —como los de desarrollo, desarrollo sostenible o conservación— y sus prácticas en el Sur, ingrediente central de los conflictos por recursos naturales con rasgos de intratabilidad.

       Conflictos por recursos naturales generados por iniciativas de desarrollo

      Este campo de estudios, como su nombre lo indica, aborda las relaciones entre la puesta en marcha de distintas iniciativas dirigidas a promover el desarrollo y la emergencia de conflictos por recursos naturales.

      En la actualidad, un creciente número de conflictos por recursos naturales emergen por causa de los efectos de megaproyectos, cuyas externalidades negativas, costos y beneficios, son repartidos inequitativamente entre los actores involucrados y terminan por destruir la base natural de la que dependen grandes grupos de población para su supervivencia.

      En repetidos casos, los megaproyectos de infraestructura y comunicaciones, productivos petroquímicos, mineroenergéticos, entre otros, desatan graves problemas de salud pública por causa de la contaminación con sustancias nocivas del agua, el suelo o el aire, como ha sido documentado por la economía y, sobre todo, por la ecología política, que los ha definido como conflictos redistributivos.

      La literatura académica desde este campo de estudio ha investigado y analizado numerosos conflictos causados por la minería, la explotación de hidrocarburos y la construcción de megaproyectos productivos. En su trabajo han registrado sus efectos sobre la naturaleza y los grupos de población locales, usualmente los menos poderosos pero los más afectados negativamente (Alimonda, 2002, 2011; Gudynas, 2005, 2007; Martínez-Alier, 2004, 2006; Sabatini, 1997a, 1997b).

      En efecto, este grupo de autores, por ejemplo, ha examinado numerosos conflictos socioambientales, o también denominados conflictos redistributivos, en los países del Sur, que han sido la base para elaborar una tipología de conflictos por recursos naturales asociados a iniciativas productivas “de desarrollo”, y de los movimientos sociales que buscan detenerlas.

      Este campo de estudios interdisciplinario, que combina elementos de la ecología, la economía política, la antropología y la teoría crítica posestructuralista al desarrollo, utiliza como conceptos centrales las categorías de conflictos ambientales, conflictos socio-ambientales, conflictos redistributivos o ambientalismo de los pobres (Alimonda, 2002, 2011; Martínez-Alier, 2004; Gudynas, 2005, 2007).

      Es importante resaltar de manera especial los conflictos generados por megaproyectos de extracción minera y de hidrocarburos que se han tomado a Latinoamérica, y, en particular, a Colombia en las últimas dos décadas. Se puede decir que, en el actual contexto neoliberal, los proyectos de los que dependen las economías del Sur o son extractivos o dependen en gran medida del sector primario (Alimonda, 2002, 2011).

      En este sentido, el Atlas de Justicia Ambiental ha identificado la intensidad y recurrencia de los conflictos asociados a prácticas extractivistas en Colombia. Así en marzo del 2014 se reseñaron 73 conflictos ambientales en Colombia, y en 2018 se reseñan más de 110. Según estos datos,

      las exportaciones de origen primario, incluyendo las manufacturas basadas en recursos naturales pasaron de representar el 77 al 80 % del total entre 1990 y 2011. Pero además esta reprimarización tiene un gran sesgo hacia el sector minero-energético. Por un lado, este sector incrementó su participación en el PIB de 2 % al 11 % entre 1975 y 2012. Por otro lado, crecía su dinámica exportadora. En el caso del petróleo y sus derivados, las exportaciones pasaron de 8 % a comienzos de los setenta, hasta más del 50 % del total de ventas al exterior en 2012. Por su parte, el carbón y el ferroníquel alcanzan en este año el 12 y 2 % respectivamente. En síntesis, para los últimos años cerca del 64 % de los productos exportados provienen del sector minero-energético. (Justicia Ambiental, 2014)

      En los conflictos socioambientales los actores se enfrentan para exigir una distribución más equitativa de los costos y beneficios de las actividades extractivas y productivas, y la eliminación, disminución, mitigación o compensación de los impactos sociales y ambientales negativos generados, tales como el aumento de la inseguridad, los impuestos y el costo de vida, asociados al incremento en las demandas de alimentos, vivienda, salud, educación y recreación, entre otros, los cuales acarrean la llegada de un gran número de población trabajadora o flotante, así como las dinámicas de ruidos, malos olores y contaminación

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