¡La calle para siempre! - oscar a alfonso r

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incitados por terceros, consideran el consumo de alucinógenos como una práctica liberadora del estrés, o por los que promueven las conductas delictivas como mecanismo de resarcimiento de los daños causados por la sociedad que los excluye.

      A las expectativas de los jóvenes al educarse suelen oponerse los proyectos educativos en curso en los que prima la imposición de criterios morales y dogmas, sobre la promoción del talento, situación que se asemeja a la restricción de capacidades discutida por Sen (2011). La persistencia de modelos civilizatorios en la educación que, bajo la pretensión de ilustrar continúan difundiendo arcaísmos como el de la servidumbre natural, imponen reglas homogeneizadoras para un universo diverso, está asociada a visiones del mundo que se gestan de manera premeditada como resultado de un proyecto de sociedad elitista. Cuando el joven percibe que su talento es reprimido, a fin de someter su voluntad a las reglas del proyecto educativo civilizatorio, afloran tensiones que se manifiestan inicialmente en la indisciplina, seguida por el desinterés y la inasistencia a las aulas, y concluyen con el abandono. Al llegar ese momento, el conflicto familiar se agudiza y los padres que son orgánicos del proyecto educativo civilizatorio por haberse formado en él, porque su grupo principal de contacto también lo es o porque simpatizan con el proyecto político que lo impulsa, tienen incentivos para imponerlo también en el hogar. La comparación con los aprovechados hijos de otros hogares exacerba la animadversión del joven talentoso con el entorno inmediato, produciéndose entonces el abandono y su llegada a la calle.

      Así como llegan niños a habitar la calle, también llegan personas adultas y, dentro de este grupo, las de mayor edad constituyen un fenómeno social igualmente apremiante con tendencia a agravarse en vista del incremento de las tasas de envejecimiento y de la ausencia de cobertura de algún programa pensional o de renta básica de ciudadanía para la mayor parte de los adultos mayores.

      Los adultos mayores que son considerados como una carga para sus familiares, particularmente por los hijos ya adultos que manifiestan su intolerancia con las conductas propias de quienes han llegado a la senectud, son repudiados por estar en un ciclo improductivo cuya prolongación es incierta y, por tal razón, no ameritan gasto alguno, pues el que pudieran realizar no tendrá retorno. En tal situación, la fragilidad de los vínculos fraternos es arrasada por la racionalidad beneficio/costo, y el desahucio y el abandono sobrevienen con posterioridad al maltrato al que son sometidos. Una porción de los adultos mayores indeseados es recibida en hogares geriátricos en donde reciben el cuidado a cambio de las mensualidades a cargo de los familiares, algunos de los cuales eventualmente los visitan. Algunas familias que no tienen disponibilidad para pagar las mensualidades o que, por otras razones, no están dispuestas a hacerlo, intentan que su responsabilidad sea asumida por el Estado internándolos en alguna entidad de beneficencia o en un asilo y, cuando no lo consiguen, optan por el abandono del adulto mayor en lugares en donde saben que llamarán la atención como una sala de urgencias de un hospital, un centro comercial o una terminal de transporte.

      Un rasgo inquietante es que la mayor proporción de los adultos mayores que llegan a habitar en la calle son hombres. Algunos psicólogos ecuatorianos sostienen que tal proporción bordea el 70% y que ello se debe, en especial, a cierto rasgo de la cultura patriarcal en la que los vínculos afectivos de los hijos se establecen con la madre, porque el padre proveedor del ingreso familiar siempre estará ocupado o cansado para afianzarlos (Mosquera, 2012). Una relación tiránica entre padres e hijos incrementa la posibilidad del abandono y hasta el desahucio en la vejez, ante la ausencia de sentimientos como el del respeto ganado o la solidaridad, aflorando en cambio el odio y la venganza. El desahucio ocurre en ocasiones con el despojo subrepticio de los bienes del adulto mayor, orquestado generalmente por los hijos con el auxilio de otros familiares quienes, recurriendo al engaño y a la suplantación, usurpan su propiedad, a sabiendas de que incurren en el delito de abandono agravado con el de defraudación mediante el abuso del adulto mayor en condiciones de inferioridad, prescritos en el capítulo sexto del título primero, y sexto y séptimo del título segundo del Código Penal.

      En los Estados que han perdido el monopolio en el uso de la fuerza, así como aquellos que abusan de ella, el propósito fundante de la preservación del imperio de la ley es relegado a un segundo plano ante el embate de los que imponen sus criterios a sangre y fuego. El desarraigo que sobreviene a fin de preservar la vida es un determinante de la habitanza de la calle cuando las víctimas del conflicto no encuentran el amparo en los lugares de destino.

      Interno. La exagerada prolongación temporal del conflicto interno armado ocasiona la ampliación de su cobertura territorial y, además, su degradación. El mayor contingente de víctimas es la población que, en evidente estado de indefensión, es objeto de los grupos violentos armados. Siendo el propósito estratégico de tales grupos el ensanchamiento de su dominio territorial que facilite su accionar y, a la vez, el desplazamiento del enemigo, la propiedad de los habitantes de las zonas rurales de las regiones desarticuladas de los procesos de desarrollo se configura como el principal botín de una gesta desigual, cuyo fragor llama la atención de testigos que los violentos procurarán silenciar. El despojo ilegal de la propiedad bajo amenaza de muerte, y la persecución de los testigos de los crímenes de los violentos, producen el desplazamiento forzado que, con el paso del tiempo y el recrudecimiento de ese accionar, involucra al resto del país (Alfonso, 2014, pp. 243-325).

      El cruce de fuego entre facciones en combate ocasiona el desplazamiento masivo de la población residente en esas zonas que por lo general se agrupan para emprender el éxodo hacia la cabecera municipal más próxima en busca de resguardo y protección temporal. La amenaza selectiva ocasiona el desplazamiento de personas y sus hogares de manera aislada, optando el grupo familiar por la cabecera más próxima cuando, de forma similar a los hogares víctimas del desplazamiento masivo, abrigan la esperanza del retorno a su parcela. Por el contrario, entre los que deciden desplazarse hacia las metrópolis prevalece la idea del cambio de residencia permanente, contándose dentro de ellos un amplio número de hogares cuyos miembros han sido testigos de los crímenes de los violentos y, por ello, víctimas de sus afrentas (Alfonso, 2015, pp. 36-58). Las metrópolis son las principales receptoras de esta última modalidad de desplazamiento, pues allí es posible reconstruir un proyecto de vida, pero en un hábitat diferente. Al interior de las metrópolis también ocurren procesos violentos de desplazamiento originados en el desarrollo de economías ilegales, como también en prácticas predatorias asociadas a la renovación del acervo inmobiliario en el que grupos criminales coluden con políticos, funcionarios de la administración local y de la policía (Pérez y Velásquez, 2013 pp. 463 y ss.; Galindo, 2018).

      La informalidad urbana cumple la función social de acogida habitacional a la población desplazada no cubierta por los programas nacionales y distritales, entablándose relaciones de reciprocidad, positiva o negativa, en el submercado de alquiler (Sáenz, 2015: 289) a partir de vínculos de amistad, parentesco o de garantía de un tercero. En ausencia de tales vínculos, o debido a los conflictos intra e interfamiliares al interior de los inquilinatos, sobreviene un segundo desplazamiento forzado que remite al afectado a la habitanza de la calle.

      Externo. Fenómenos como la inexistencia de la garantía del Estado a los derechos civiles de las personas, la inestabilidad económica y la amenaza de grupos armados paraestatales a etnias

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