¡La calle para siempre! - oscar a alfonso r

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Andrés Barrera G.

      Pedro Ignacio Bernal F.

      Diana Carolina Camargo C.

      Laura Camila Garzón B. B.

      ¿Prevenir o remediar? Todas las naciones se han enfrentado a esta disyuntiva estratégica en algún momento de su historia. En relación con sus problemas sociales más agobiantes, inseparables de la garantía del Estado a los derechos fundamentales de amplios segmentos poblacionales generalmente marginados de los beneficios del desarrollo, son reiterados los análisis de diferente naturaleza que inclinan la balanza en favor de la prevención y, sin embargo, predominan las políticas reactivas, más onerosas e ineficaces que las políticas activas. La primacía de las políticas reactivas indica que han existido y existirán gobernantes que ignoran deliberadamente las reglas constitucionales del Estado Social de Derecho, para recrearse ante el clamor de la manida “voluntad política”.

      Ese sistema acarrea consecuencias sociales que, al alcanzar cierta envergadura, mutan a fenómenos que parecen insuperables. La incertidumbre sobre los derechos fundamentales de la población desplazada de manera forzada con el uso de la violencia y la persistencia y sistematicidad socioespacial del asesinato de los líderes sociales después del Acuerdo Final son, sin lugar a duda, los más conocidos por los colombianos. En un Estado Social de Derecho serio, esto se habría evitado. Hay otros fenómenos que, por diversas razones como la naturalización o la falta de interés mediático, no tienen el mismo interés societal, siendo el más protuberante el de la habitabilidad de miles de personas en las calles de las metrópolis colombianos.

      Ese desinterés es paliado por la atención humanitaria reactiva de entidades públicas y de algunas organizaciones no gubernamentales que, por su mismo diseño, pretenden hacer más tolerante la vida en la calle a una reducida porción de este grupo social, antes que procurar una solución a la desesperanza que emana de enfrentar el miedo, el hambre y el frío.

      Por su parte, la justicia tampoco contribuye eficazmente a enfrentar el problema social de la habitanza de la calle. El abandono de menores de edad y de personas desvalidas es un delito tipificado en el artículo 127 del Código Penal, declarado exequible en sentencias de la Corte Constitucional como la C-034/05. Sin embargo, existen más de 10.000 personas abandonadas en las calles de Bogotá y no se conoce de un número siquiera parecido de juicios por abandono.

      En este capítulo se busca, mediante un análisis de bibliografía seleccionada, precisar que la elección de habitanza de la calle hace parte de las libertades formales de las personas, pero no de su libertad real, por cuanto es el entorno social el que moldea de manera decisiva su decisión. Seguidamente se exploran esos elementos del entorno social a partir de un balance crítico de una porción de la abundante literatura académica destinada al análisis del fenómeno de la habitanza de la calle para, en la parte final, analizar la dialéctica inmanente a las razones de los habitantes de la calle que los llevaron a tomar la decisión, no sin antes revisar lo que ocurre en otras metrópolis del continente. Esas evidencias estadísticas son la base para el desarrollo de la hipótesis fundamental de esta obra cual es que, desde una perspectiva psicológica del ciclo vital individual, los habitantes de la calle de cualquier sexo y grupo etáreo, ingresan de manera precoz a la etapa de la desesperanza con la que se inicia el ciclo mortal de las personas.

      Guiarse por la idea de que los habitantes de la calle hicieron tal elección porque es ese el tipo de vida que quieren llevar conduce a la misma conclusión a la que se llega con la voluntad política: ¡no hay nada que hacer! Y, en tal caso, lo mejor es no intervenir. Esta ideología es insustancial, pues conviene de manera simplista en que eso es la libertad. Y claro que es libertad, pero en términos meramente formales; es decir, la libertad formal tiene como función opacar la libertad plena.

      Las capacidades de las personas delinean la noción de sus libertades reales en la obra de Sen (2000), pues el acumulado de las primeras les confiere la ampliación de su haz de oportunidades. Desde esta perspectiva, los derechos políticos y humanos son determinantes de las libertades. De allí que el desarrollo implica eliminar las privaciones de libertad, entre las que están la pobreza, la desigualdad, la inasistencia sanitaria, la tiranía, las privaciones sociales, el abandono, los Estados represivos y demás; es decir, la falta de libertades está relacionada directamente con la falta de oportunidades y se priva la libertad cuando hay falta de servicios y atención social.

      La diferenciación entre las nociones de desarrollo y subdesarrollo no es universal ni automática, en razón a que las instituciones tienden a edificarse en buena medida sobre los valores y costumbres sociales, entre las que existe una relación simbiótica con la libertad. Sin embargo, las investigaciones empíricas que han adoptado una perspectiva instrumental han enfatizado en que las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora, son los determinantes del desarrollo y, por tanto, son los ejes normativos de las políticas públicas.

      La falta de libertad surge a raíz de procesos inadecuados o por insuficiencia de oportunidades para conseguir lo que mínimamente les gustaría a las personas conseguir. Un ingreso insuficiente está asociado a fenómenos como la mortalidad prematura, la desnutrición y el analfabetismo y, por esta razón, los sistemas de seguridad social son imprescindibles para la política pública. Por ejemplo, el sistema de seguridad social europeo respecto al desempleo tiende a compensar el bajo nivel de renta o su ausencia temporal, y se realiza aun si ello conlleva la confianza personal entre los subempleados y desempleados.

      Pero la mera voluntad de acción individual no es suficiente para explicar el desarrollo. Jiménez (2016, p. 3) discute la dimensión social de la libertad, asimilándola a la libertad de procesos, noción que no hace parte de la aproximación desde la perspectiva de Sen de las capacidades individuales, ya que guarda más relación con la idea de las capacidades absolutas.

      Cualquier teoría de la justicia social es incomprensible si en su construcción elude la cuestión distributiva, como ocurre con los enfoques basados en el individualismo ético de la oportunidad. La coerción a la libertad de expresión, la censura a quienes piensan diferente o el desplazamiento y confinamiento forzados, son algunos ejemplos de los obstáculos de que se ocupa la libertad de procesos, pero es algo más, pues también se ocupa de la negación de las relaciones interpersonales como rasgo distintivo de algún entorno social; es decir, hay restricciones sociales que coartan procesos (Jiménez, 2016, p. 4-5): de nada sirve saber escribir si el ejercicio del poder lo impide, de nada sirve tener una fuente de agua si no es posible beber.

      Los individuos que han acumulado capacidades seguramente serán más libres que aquellos que no lo han hecho, pero unos y otros quedarán confinados en similar precariedad si el entorno socialmente construido así lo determina. Son las capacidades sociales y técnicas acumuladas por las sociedades las que gozan del poder para potenciar o constreñir el desarrollo de las capacidades individuales y, por ello, son asumidas como “capacidades sociales” o “capacidades de funcionamiento”, a las que es consustancial la noción de “contracapacidad” que no son otra cosa que los impedimentos para funcionar surgidos del entorno social (Jiménez, 2016, pp. 5-6): la voluntad política asida al clientelismo es una contracapacidad al obstruir deliberadamente la libertad social, tanto de elegir como de disponer de bienes públicos.

      Nieto y Koller (2015) buscan sintetizar el panorama general de la discusión internacional sobre la definición de habitante de calle, encontrando diferencias entre las definiciones propuestas en países desarrollados, países en vía de desarrollo y las Naciones Unidas. Aunque la habitabilidad en calle es un fenómeno social presente en muchos países y en varios momentos históricos

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