La aplicación judicial de los derechos fundamentales - Aharon Barak Serie Intermedia de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho

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tomando en cuenta el aspecto objetivo de los derechos constitucionales. Demostraré este punto mediante dos importantes conceptos válvula del derecho privado: la política pública y la buena fe.

      La política pública es uno de los conceptos válvula más importantes. El mismo opera tanto en el derecho público como en el privado. A través de este concepto, “el ordenamiento jurídico asegura el flujo constante de valores fundamentales hacia el derecho privado. Esto promueve armonía en el ordenamiento jurídico. A través de la ‘política pública’ el ordenamiento jurídico asegura un comportamiento adecuado en las relaciones interpersonales”63.

      Los principales componentes de la política pública son los valores que conforman el aspecto objetivo de los derechos constitucionales. La política pública constituye la satisfacción de valores como la dignidad humana, la libertad, la privacidad, la propiedad y la libertad de ocupación. Por supuesto, junto a estos valores se encuentran otros valores adicionales que reflejan el interés público. Estos valores colisionan.

      Frecuentemente, estos principios básicos colisionan el uno con el otro […] La libertad de ocupación de una persona limita la libertad de contrato de otra. La libertad de expresión de un individuo limitad la dignidad humana de otro. Esto es especialmente obvio dentro del marco de ‘política pública’ del derecho de contratos, ya que uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico es la libertad contractual […] y uno de los derechos fundamentales del hombre que tiene que ser tomado en cuenta es la autonomía de la voluntad individual. Esto es parte de la dignidad humana y la libertad. Una relación contractual es una expresión de esta autonomía. La libertad de contrato es un derecho constitucional. Cuando el contenido de un contrato limita la libertad de ocupación, la dignidad humana, la libertad de movimiento, la libertad de consciencia y religión o la libertad de expresión, la ‘política pública’ no debe entenderse con base en la simple aplicación de esos principios64.

      La solución a este conflicto se encuentra en una ponderación adecuada que refleje la importancia relativa de los valores en colisión. “Cuando se determina el ámbito de la ‘política pública’ tiene que llevarse a cabo una ponderación interna entre los valores e intereses en conflicto”65.

      Únicamente cuando el peso de los principios relacionados con la libertad de contratos y con la autonomía de la voluntad del individuo es menor que el peso del valor que se le opone, habrá espacio para invalidar una estipulación contractual, o la totalidad de un contrato, debido a un conflicto con la política pública66.

      El juez Procaccia tenía razón cuando expresó que “determinar el ámbito de la política pública requiere una ponderación delicada y compleja entre los valores e intereses en colisión”67. Dicha ponderación se puede aprender, a través de la analogía interpretativa, de las reglas de ponderación de la proporcionalidad constitucional68.

      La buena fe, para propósitos de este capítulo, es un criterio objetivo. El mismo expresa un estándar de honestidad, justicia y lealtad entre adversarios69. Tiene el objetivo de asegurar que una persona que busca promover sus intereses lo haga de una manera justa y siempre tomando en cuenta las expectativas justas de la otra parte. “Ser humano frente a ser humano, uno no puede comportarse como un lobo, pero tampoco tiene uno que ser un ángel. Ser humano frente a ser humano, uno tiene que actuar como ser humano”70.

      La honestidad y la justicia entre rivales son requeridas por la buena fe y reflejan valores que le dan forma al aspecto objetivo de los derechos constitucionales. La buena fe refleja la consideración de los valores objetivos que se refieren a la dignidad humana, a la privacidad, a la propiedad y a la libertad. La buena fe es de hecho un “canal”71 a través del cual fluyen los valores objetivos del ordenamiento jurídico, y que refleja los valores del derecho constitucional en el derecho privado. Otros valores relacionados con el comportamiento interpersonal de individuos con intereses opuestos también fluyen por este canal. Estos valores se hallan en colisión constante. La buena fe refleja el balance apropiado que debe haber entre ellos. Este balance expresa la importancia social relativa de los valores en conflicto72. Al establecer este balance es posible aprender, por analogía, de las reglas de ponderación que son parte de la proporcionalidad constitucional73.

      ¿Qué ocurre si la interpretación del derecho privado –la cual toma en consideración los aspectos objetivos de los derechos constitucionales– conduce a un resultado que no expresa plenamente este aspecto? Este es el caso cuando una norma de derecho privado provee una solución que no se ajusta a la ponderación interpretativa entre los aspectos objetivos de los derechos constitucionales o entre los demás valores objetivos protegidos constitucionalmente. ¿Cuál es el efecto de dicha norma de derecho privado? La respuesta es que su constitucionalidad será cuestionada. De hecho, dicha norma de derecho privado es el resultado de un acto estatal (ya sea mediante la adopción de una ley ordinaria o del desarrollo del derecho común). En la medida en que esta norma limite el derecho constitucional de un individuo vis-à-vis el Estado, esta limitación será inconstitucional a menos que se satisfagan los requerimientos de la cláusula limitativa en general y los requisitos de la proporcionalidad stricto sensu en particular. Así, la irradiación de los valores objetivos en la base de los derechos constitucionales hacia el derecho privado no garantiza, por sí misma, que una norma de derecho privado sea constitucional. Es posible que debido a limitaciones lingüísticas, y a la existencia de valores adicionales y contradictorios, el intérprete concluya que la norma limita los derechos constitucionales individuales vis-à-vis el Estado, y que dicha limitación no es proporcional.

       1. EL SILENCIO DEL DERECHO PRIVADO

      La interpretación del derecho privado asume la existencia de un texto legal relevante. ¿Qué ocurre si dicho texto no existe? Si la absorción de los derechos constitucionales como valores objetivos en el derecho privado ocurre mediante las propias disposiciones de este último, ¿qué ocurre cuando no existe una norma relevante de derecho privado? ¿Es este el punto en que la aplicación indirecta deja de funcionar?

      Para poder responder a esta pregunta debemos enumerar los diferentes significados del silencio en el derecho privado74. Este silencio asume diferentes voces. Por ello, los dos significados relevantes que le pueden ser atribuidos son la solución negativa y la laguna.

      Una solución negativa consiste en una conclusión interpretativa conforme a la cual la solución provista en la ley contiene una solución negativa implícita con relación a asuntos no regulados por ley. A veces, la solución negativa reflejará los aspectos objetivos de los derechos constitucionales. En una situación como esa, la aplicación indirecta es determinada por la solución negativa. ¿Pero qué ocurre si la solución negativa rechaza la irradiación que surge de los valores objetivos del derecho constitucional? ¿Cuál es el destino de la aplicación indirecta en una situación como esa? En esa situación, ¿acaso la aplicación indirecta de los derechos constitucionales se hace imposible?

      Mi respuesta es que la

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