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provinciales o nacionales para resolver el problema. Simultáneamente, para el ámbito de la CABA, el gobierno de entonces creó en 2003 un cuerpo especial en la Policía Federal –la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (Doucad)–, entrenado para “contener” sin reprimir y resistir sin reaccionar, que tenía prohibido el uso de armas letales. La negociación era una instancia fundamental para evitar la represión. Los comisarios con jurisdicción en los ministerios nacionales de Desarrollo Social y de Trabajo intermediaban entre los referentes de los manifestantes y los funcionarios nacionales encargados de atender las demandas, a fin de liberar las calles y avenidas cortadas.

      Analizar esta etapa histórica desde la perspectiva de la Gendarmería revela una vez más que las agencias estatales que gestionaron esas poblaciones en la Argentina reciente no han sido necesariamente congruentes entre sí ni tampoco hacia adentro. De este modo, los esfuerzos por reponer, suturar, expandir o recomponer el Estado benefactor estuvieron a la par del crecimiento acelerado de la fuerza militar federal que nos interesa. Las incongruencias acumuladas, sumadas a condiciones sociales imposibles de administrar por el gobierno de turno, son evidentes en la Gendarmería, no solo por la diversificación de sus despliegues y la disparidad de sus misiones, sino sobre todo por sus mutaciones, que también se expresan en el modo de vida de sus integrantes.

Algunas precisiones sobre el trabajo de campo

      Podríamos agrupar en cinco etapas el proceso de producción de datos que demandó la escritura de este libro. Algunas no tuvieron el carácter usualmente atribuido al trabajo de campo etnográfico, y aun así fueron imprescindibles para que este pudiera comenzar y seguir una trayectoria relativamente próspera. Como le ocurrió a Federico Neiburg (2017) en Haití, en algunos casos la publicidad y la exposición del conocimiento producido fue el ingrediente sustancial y en otras lo fue su ocultamiento, la reserva de información ya sea a la Gendarmería, al Ministerio de Seguridad o a la prensa. La primera etapa comenzó en 2008, cuando el libro Los usos de la fuerza pública. Debates sobre militares y policías en las ciencias sociales de la democracia (Frederic, 2008) llegó a manos de un oficial que cursaba una maestría virtual en la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui) y estaba destinado en el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina (Iugna). El Iugna se presentaba por primera vez a evaluación de la Coneau y, a través de ese contacto, me pidieron que diseñara el área de investigaciones aún en ciernes. Me propusieron que quedara como secretaria de investigación, pero no acepté; aun así, mi relación con algunos de esos oficiales, que luego fueron destinados a otras áreas de la Gendarmería, perduró en el tiempo.

La segunda etapa resultó de la convergencia entre algunas preguntas de investigación y las demandas de conocimiento del flamante Ministerio de Seguridad de la Nación, formalizadas en sucesivos convenios con la Unqui. La solicitud consistía en realizar un diagnóstico sobre la formación y capacitación de las fuerzas federales de seguridad. Yo había dejado el cargo de subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa (2009-2011), al que había llegado por la convocatoria de Nilda Garré. Esta experiencia de diseño e implementación de políticas destinadas a las Fuerzas Armadas, tanto como las investigaciones ya mencionadas (Frederic, 2008), me dieron un lugar para intervenir desde la investigación y el asesoramiento. Organicé un grupo de investigadores[11] con el que hicimos primero un estudio sobre la formación en la Policía Federal (Frederic, Galvani y otros, 2016) y luego en la Gendarmería. Los informes producidos contaban con descripciones exhaustivas, resultado de horas de observación participante y entrevistas, y circularon entre las máximas autoridades de la Federal y la Gendarmería, con excepción del informe sobre el Operativo Cinturón Sur, que el ministerio resolvió no difundir. En cualquier caso, los datos aquí volcados son producto de mis propias observaciones y conversaciones en distintas instancias del trabajo de campo y no proceden de los informes en su momento enviados al ministerio. Durante esta segunda etapa yo había resuelto concentrarme en la jurisdicción más problemática de la CABA, la Comisaría 34, donde había sido asesinado Demonty, así como en las fuerzas que actuaban allí. De ese modo pude comparar la tarea de los policías y luego la de los gendarmes en Cinturón Sur. El estado en que encontré a los gendarmes que prestaban servicio en este operativo me llevó a comunicar por escrito a las autoridades del Ministerio de Seguridad de entonces y verbalmente a los comandantes de la Gendarmería la situación crítica del personal. Dos meses después, en octubre de 2012, ocurrió la protesta protagonizada por gendarmes y prefectos en reclamo de un decreto del Ejecutivo que bajaba aún más sus salarios y precarias condiciones de trabajo. Mi intervención en Página/12, donde subrayé el carácter salarial y laboral del reclamo, contra las interpretaciones sobre su carácter golpista,[12] fue valorada por la cúpula de la Gendarmería designada luego de la movilización y acuartelamiento. Sus integrantes me invitaron reiteradas veces a conversar sobre el problema e incluso me pidieron que diera una conferencia para un grupo de 100 oficiales de mayor jerarquía.

      La tercera etapa estuvo marcada por mi interés en conocer la “frontera”, ese ambiente operacional que los gendarmes reclamaban como su lugar en el mundo y donde desarrollaban las tareas que ellos habían elegido como “Centinelas de la Patria”. En 2013, dando continuidad a los convenios iniciados entre Seguridad y la Unqui, viajé en dos oportunidades a Orán y Aguas Blancas (provincia de Salta), sobre la frontera con Bolivia, para conocer la vida operacional y educativa en el escuadrón y sus secciones. Durante mi segunda estadía, nuestros estudios etnográficos sobre el accionar de la fuerza continuaban siendo de interés para las nuevas autoridades civiles y sobre todo para los gendarmes. Para entonces el nuevo director de Personal había lanzado una convocatoria para incorporar antropólogos a la Gendarmería, que ya contaba con dos en el Iugna. Quería ampliar esa participación a otras funciones. Cuando me consultaron sobre su interés y las dificultades, les expliqué que la idea de ser asimilados al estado militar desalentaba a la inmensa mayoría de mis colegas.

La cuarta etapa, entre 2015 y 2016, no obedecía a ninguna demanda del ministerio, pero contaba con el interés de las autoridades de la fuerza, quienes me recibieron y aportaron datos relacionados con las denuncias de gendarmes contra las autoridades. También mantuve conversaciones y realicé algunas entrevistas con oficiales y suboficiales en actividad y en disponibilidad[13] como consecuencia de aquella protesta, e incluso con retirados. Recogí distintas versiones de la disidencia y el inconformismo de quienes, aun estando fuera de servicio, seguían sintiéndose gendarmes y pensaban herramientas para mejorar el bienestar de sus camaradas. Fui contactada por uno de esos oficiales, ya retirado, para integrar equipos multidisciplinarios que pudieran asistir a las fuerzas de seguridad y policiales en temas de bienestar en todo el país. Misión que me interesó pero no llegó a concretarse.

La última etapa del trabajo de campo me permitió abordar una vez más el espacio operativo, recorrer las unidades de prevención barrial de Cinturón Sur, los escuadrones y destacamentos de Buenos Aires y del interior, y conversar con el personal de todos los grados sin restricciones. Esta etapa se vio facilitada por el vínculo construido durante las anteriores y por haber ganado la edición 2017 del concurso de proyectos de investigación científico-tecnológicos (PICT) del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología con el tema “Estado y seguridad pública. Obediencia, desobediencia y autoridad en las fuerzas policiales y de seguridad en la Argentina contemporánea”. A la Dirección Nacional le interesaba el tema porque había reincorporado a 95 de los 108 destituidos por la protesta de octubre, y no podía supervisar su reintegración. Sin embargo, la desaparición de Santiago Maldonado demoró el acceso hasta que finalmente las autoridades políticas autorizaron el estudio con el único pedido de que fuéramos prudentes y reservados. Seguimos la indicación hasta la represión de diciembre de 2017, cuando la Gendarmería hizo su bautismo de fuego como fuerza antidisturbios en jurisdicción de la CABA con motivo del tratamiento parlamentario de la ley previsional, y fue encontrado el cuerpo sin heridas de Santiago Maldonado. Fue entonces cuando produje algunos textos de divulgación de esta última etapa de trabajo de campo, los que envié apenas publicados a las máximas autoridades de la fuerza.[14]

      Sin duda, el punto de inflexión en mi vínculo de casi diez años con gendarmes de diversa jerarquía fue la mencionada intervención en un medio gráfico de circulación nacional durante el conflicto protagonizado por gendarmes y prefectos en octubre de 2012. Mi postura

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