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Verdad y Reconciliación, juicio finalizado, y que hubiera documentación disponible en los principales archivos de la época (Fundación Archivo y Centro de Documentación de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol) y Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)). Dentro de los casos que cumplen con estos requisitos, el seleccionado, al participar de una operación colectiva, nos permitía hacer transitar el análisis documental entre tres niveles: el caso individual (Muriel Dockendorff), el caso colectivo (la Operación Colombo o caso de los 119) y el evento victimizante en sí (la detención forzada de personas).

      Luego, analizamos este corpus de datos intentando identificar los dispositivos intervinientes en la figuración del sujeto y las tecnologías mediante las cuales cada uno actúa, distinguiendo:

      ♦El dispositivo legal y las tecnologías jurídicas como el recurso de amparo o la querella por presunta desgracia.

      ♦El dispositivo comunicacional y la tecnología del montaje de prensa,

      ♦Los dispositivos afectivos y sus varias tecnologías, entre ellas el archivo personal.

      ♦Los dispositivos de calificación y reparación estatal, y la tecnología del Informe de la Comisión Estatal de Verdad.

      ♦El dispositivo forense y la tecnología de la ficha antropomórfica, o las pruebas de identificación.

      A continuación, procedimos al análisis detallado de cada dispositivo. Siguiendo los postulados de la lingüística pragmática, el análisis de la enunciación del sujeto en cada dispositivo asumió heterogeneidad enunciativa, heterogeneidad entre condiciones de producción e intertextualidad (Angermüller 2011, Anscombre 2008). El examen de cada dispositivo estuvo abocado a identificar sus condiciones de existencia, su productividad (es decir, su capacidad de inscripción del sujeto en cuestión), y las relaciones y efectos que su aparición genera en la lucha performativa que tiene lugar alrededor del sujeto, y en el tejido social, de modo más general.

      Siguiendo a Taylor (2003), argumentamos que la inscripción del detenido desaparecido en distintos dispositivos conforma una red de marcas referenciales circunscrita, pero abierta a innovaciones (Taylor 2003, 13). El análisis de la red de marcas referenciales nos permitió identificar no solo las diferentes figuraciones del/la detenido/a desaparecido/a en cada dispositivo sino, también, las relaciones entre los enunciados de los distintos dispositivos, o si se quiere, los “retornos” de esos actos que ponen en juego al sujeto. Recordemos que, en la concepción de Foucault, la función estratégica del dispositivo no es articulada por ningún actor específico y, por lo tanto, efectos no planificados y contra-efectos pueden ocurrir (Rabinow 2003, 52-53). En nuestro análisis de la red de marcas referenciales, identificamos que estas relaciones entre dispositivos pueden adquirir la forma de:

      ♦Iteración o “repetición diferida” o transferida (Derrida 1971) de enunciados anteriores. En este caso, la iteración tiene efectos en futuras enunciaciones y prácticas y permite al sujeto transitar y ser sostenido en distintos tiempos y espacios.

      ♦Adición o agregación de enunciados sobre el sujeto en el marco de una semántica preexistente.

      ♦Exclusión u omisión de enunciados anteriores.

      ♦Enfrentamiento entre enunciados con sentidos distintos.

      ♦Irritación. Aquí imaginamos un espectro variado de afectaciones, incluyendo “refracciones” (Haraway 1992), donde los enunciados de un dispositivo interfieren sobre los enunciados de otro dispositivo y la activación de una nueva tecnología performática en reacción a los enunciados precedentes.

      Para fines expositivos, el relato que construimos para dar cuenta del sostenimiento social de el o la detenido/a desaparecido/a sigue un orden cronológico. Comúnmente estos dispositivos han tenido varias apariciones mediante las mismas o diferentes tecnologías. En lo que sigue, recurriré a la tecnología del montaje de comunicaciones para ilustrar el tipo de análisis que esta genealogía de dispositivos posibilita.

      El dispositivo comunicacional y la tecnología del montaje de prensa

      Como adelantaba, una tecnología ampliamente utilizada por el régimen opresor para intentar sostener su impunidad y diseminar la “verdad estatal” con respecto al amplio repertorio de prácticas criminales desplegado por la Dictadura, fue el del montaje comunicacional. Recordemos que los medios de comunicación que operaron en el período lo hicieron porque se alineaban con las versiones “oficiales”. En nuestro artículo, analizamos el primer gran montaje de la infamia ocurrido en julio de 1975 y que implicó a 119 hombres y mujeres pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionario, denunciados por sus familiares como desaparecidos y desaparecidas a manos del Estado. Citando revistas extranjeras, que luego conoceríamos, existieron solo para efectos de este recurso los periódicos nacionales El Mercurio, La Tercera y La Segunda desplegaron portadas y sendos titulares, figurando a estos individuos como “desertores”, “traidores” y “criminales” que se estarían matando entre ellos en “purgas” internas. En esta propuesta no se trataría de víctimas del terrorismo de Estado, sino de revanchas partidarias.

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      Imagen 1. Montaje comunicacional. Diario ‘El Mercurio’.

      23 julio 1975. Fuente: Archivo Nacional.

      Dos caminos al menos se abren aquí en términos del análisis genealógico. Por una parte, examinar las distintas formas de aparición de este dispositivo comunicacional y sus tecnologías en el tiempo, de modo de trazar la historia de su participación en la figuración de este sujeto. Por otra parte, explorar las relaciones que los montajes comunicacionales establecen con otros dispositivos y tecnologías en la lucha performativa sobre el/la detenido/a desaparecido/a.

      La trayectoria de los montajes comunicacionales

      En el primer caso, podríamos analizar otros montajes comunicacionales y sus efectos en la figuración de el/la detenido/a desaparecido/a. Por ejemplo, el montaje que ocurrió en los días posteriores al 9 de septiembre de 1976, cuando el mar pone al descubierto las prácticas criminales de la Dictadura, devolviendo a la playa el cuerpo sin vida y brutalmente violentado de la profesora Marta Ugarte, miembro del comité central del partido comunista, detenida por agentes de la DINA en agosto de ese año y vista por última vez en el centro clandestino de tortura y exterminio Villa Grimaldi. La prensa nacional destinó incesantes portadas para encubrir la muerte y posterior disposición del cuerpo de “la bella” Marta Ugarte como un “crimen pasional”, sin informar que ella pertenecía a las listas de detenidos desaparecidos denunciadas por el organismo de derechos humanos Vicaría de la Solidaridad. La investigación posterior comprobó que agentes de la DINA lanzaron su cuerpo al mar en un helicóptero Puma del Ejército de Chile y que el cuerpo se liberó del riel destinado a retenerlo al fondo marino, porque uno de los alambres que lo amarraban fue retirado para ser usado para ahorcarla en la base militar de Peldehue.

      En noviembre de 1978, tras la alerta de hallazgo de osamentas en una ex mina de cal en la localidad de Lonquén, la Vicaría de la Solidaridad activa una investigación. El Servicio Médico Legal identifica los quince cuerpos hallados como correspondientes a campesinos desaparecidos de la zona de Isla de Maipo luego de ser detenidos por carabineros con la asistencia de vecinos del sector. Si el caso de los 119 grafica los intentos del Estado por negar el crimen de la desaparición forzada, la aparición al año siguiente del cadáver de Marta Ugarte dentro de un saco y con un alambre amarrado al cuello volvió plausible la tesis de que los hasta entonces “detenidos no ubicados” habían sido ejecutados y sus cadáveres dispuestos para nunca ser encontrados. Finalmente, ante la contundente evidencia de Lonquén, el régimen desiste con este tipo de montajes, reconoce por primera vez la existencia de los desaparecidos y declara su voluntad de investigar los casos denunciados –inaugurando otra maniobra disuasiva–. La genealogía de este dispositivo indica, entonces, el período de su uso (cinco años) y las funciones que cumplió: ocultar esta práctica represiva ante la opinión pública y, con ello, a su sujeto; negar las denuncias de los familiares y organismos de derechos humanos y, desde que el crimen se hace evidente, desplazar la gestión del caso desde su negación

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