La transición española - Eduardo Valencia Hernán

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que saliésemos de uno en uno sin prisas y, bajando por la escalera, me encontré con dos policías con pistolas en mano que me invitaron a subir de nuevo a la sala». Sellarés, huyendo en sentido contrario, también fue detenido mientras otros lograban escapar, como el pequeño de los hermanos Colominas, Agustí, que, con 15 años y estudiante de bachillerato, era el más joven de la Asamblea. Sus dos hermanos mayores, Joan Ramon y Lluís, no tuvieron la misma suerte.

      A las diez y cuarto de la mañana aproximadamente, la policía, pistola en mano, acordonó la iglesia e hizo acto de presencia mientras se celebraba la Misa. Se trataba de un destacamento formado por la 1ª Compañía de la 41 Bandera Móvil de la Policía Armada a las órdenes del comandante José Mª Martínez Viñado, con hombres del grupo III de la VI Brigada Regional de Investigación Social y sus jefes, los comisarios Julián Gil Mesas y Genuino Nicolás Navales García. La confusión era enorme puesto que las carreras se sucedían desordenadamente, situación que favoreció para que, tras algunos forcejeos, se escaparan una treintena de los allí reunidos. Sin embargo, la mayoría de los participantes optaron por permanecer en la sala donde se encontraban reunidos por lo que fueron presa fácil para la policía, procediéndose a continuación a la detención de todos los asistentes entre empujones y golpes, finalizando el atropello con 113 personas detenidas que representaban a 18 comarcas de Cataluña.

      La mayoría de los asistentes, aunque no habían sido nunca detenidos, denotaban un alto grado de nerviosismo; véase el ejemplo de Josep Ayza, pescador de Vilanova y la Geltrú y representante de La Asamblea del Garraf, más aún cuando le comentaron que podía ser condenado a cinco años de prisión, o la experiencia sufrida en la Jefatura de la Vía Layetana por Xavier Folch, editor en la Editorial Ariel y militante del PSUC, que comentó para tranquilizar a la concurrencia que, por su experiencia, los interrogatorios eran muy suaves.

      Por la tarde, el resto de la CPAC, reunida en sesión urgente, redactó un comunicado convocando a todos los sectores progresistas y democráticos de Cataluña, incluida la Iglesia, para denunciar la violación armada del recinto religioso, reclamar el derecho de reunión y exigir la libertad de todos los detenidos. La respuesta dentro de las posibilidades fue variopinta; hubo asambleas, paros laborales en Siemens, en la universidad, etc., poniéndose en marcha campañas de tipo económico y de solidaridad para conseguir dinero suficiente para pagar las fianzas de los detenidos.

      Dos días después, el diario Tele/eXpres publicó un pequeño artículo sobre los sucesos, anunciando lo siguiente:

      La Vanguardia Española publicó los hechos al final de la página de las esquelas; sin embargo, fue la Agencia France Press la que difundió a todo el mundo la noticia más fiable. En Madrid, el diario Informaciones de carácter más liberal publicó la noticia a través de su corresponsal en Barcelona, Enric Sopena, detenido con anterioridad por difundir la noticia de la constitución de la Asamblea; y un día después, fue el rotativo francés Le Monde el que informó mediante un artículo a dos columnas sobre los hechos.

      Carlos Quingles, militante del PSUC conocido como «el Fantasma», fue el encargado de la seguridad de lo que quedaba de la Permanente y fue él, junto con Quico Vila-Abadal, los encargados de buscar un lugar con garantías para reunirse de nuevo. En esa nueva convocatoria asistieron aproximadamente sesenta personas, con cita previa y entrada por un garaje de doble puerta que daba al restaurante «La Font dels Ocellets», donde cenaron. Después se dirigieron a casa de Nuria Pompeia, donde se realizó el acto. Las conclusiones a las que se llegó en el encuentro fueron publicadas por la CPAC, que emitió el siguiente comunicado:

      Con este escueto comunicado y con la proclama «¡CATALANS!», la CPAC, reunida en sesión urgente, comunicó a la ciudadanía este importante acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la Asamblea, con la exigencia de la inmediata libertad de todos los detenidos. El documento finalizó con la petición de los cuatro puntos planteados por la Asamblea, haciendo mención especial ante la jerarquía de la Iglesia catalana que, haciendo uso de sus derechos y deberes que le eran propios, debía denunciar la violación armada del recinto religioso, reivindicando el derecho de reunión y exigiendo la libertad de todos los detenidos.

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