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que se había puesto de manifiesto en la muerte de Manuel Fernández y del etarra Eustaquio Mendizábal, los casos de tortura como el del estudiante Miquel Josep Anduig Aldea, por el proceso contra Marcelino Camacho y sus compañeros donde el fiscal pedía 161 años de prisión, y por los consejos de guerra previstos contra tres obreros de la Térmica de Sant Adrián. Por otro lado, las actuaciones de la llamada «policía paralela», PENS, Guerrilleros de Cristo Rey, etc., contribuían a crear un clima de miedo y de inseguridad que en nada beneficiaba a las fuerzas de oposición.

      En julio de 1973, en un artículo publicado desde París titulado «Els Feixistes en Acció», la Asamblea denunció que algunos detenidos en los locales de la Dirección General de Seguridad (DGS) en Madrid fueron víctimas de agresiones, al parecer preparadas por inspectores de la Brigada Político Social que, dirigiéndose a los calabozos, golpearon con barras de hierro a los detenidos indefensos, en particular al obrero de la construcción de Madrid, Tranquilino Sánchez Alvarados y algunos jóvenes más. En declaraciones posteriores, el coronel Blanco, responsable de la DGS, afirmó haber perdido el control de la situación. Posteriormente, al ver el presidente del Tribunal de Orden Público, Jaime Mariscal de Gante, el lamentable estado de los detenidos; declaró el inmediato ingreso en Carabanchel de estos, aunque la orden no llegó a realizarse por la disconformidad del director de la cárcel. Finalmente, este incidente fue resuelto por el acostumbrado silencio gubernativo.

      Al día siguiente saltó la noticia del nombramiento del almirante Luis Carrero Blanco como jefe del gobierno por un espacio de cinco años, que como sabemos, no pudo concluir ni el primero, pues su proyecto concluyó con su propia muerte a manos de ETA en la ya conocida Operación Ogro. Su gabinete estaba formado por Luis Carrero Blanco (Presidencia), Torcuato Fernández Miranda (Vicepresidencia), Laureano López Rodó (Exteriores), Francisco Ruiz Jarabo (Justicia), Francisco Coloma Gallegos (Ejército), Gabriel Pita da Veiga (Marina), Antonio Barrera de Irimo (Hacienda), Carlos Arias Navarro (Gobernación), Gonzalo Fernández de la Mora (Obras Públicas), Julio Rodríguez Martínez (Educación y Ciencia), Licinio de la Fuente (Trabajo), José Mª López de Letona (Industria), Tomás Allende y García Baxter (Agricultura), Julio Salvador y Díaz Benjumea (Aire), Agustín Cotorruelo Sendagorta (Comercio), Fernando de Liñán y Zofío (Información y Turismo), José Utrera Molina (Vivienda), Cruz Martínez Esteruelas (Planificación y Desarrollo), Enrique García del Ramal (Relaciones Sindicales) y José Mª Gamazo (Subsecretario de la Presidencia).

      Este gobierno fue diseñado por Carrero para la irremediable transición que comportaría la próxima muerte del dictador, pero, a su vez, su fin era la continuidad del régimen, de ahí la pluralidad en parte de su composición, donde el elemento falangista pasaba a un segundo nivel de influencia en el gabinete.

      La respuesta de la oposición a la formación del nuevo gobierno fue de indiferencia, continuando por todo el país las movilizaciones de carácter laboral; así pues, ocho días después comenzó en Pamplona una huelga en la empresa Motor Ibérica, debido al despido de doscientos obreros. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente encerrándose los trabajadores en una iglesia en complicidad con el capellán de la parroquia. El gobernador civil ordenó expulsar a los huelguistas con métodos expeditivos, oponiéndose con firmeza a ese tipo de situaciones. Gran parte de las empresas de la zona se hicieron eco de la situación paralizando la actividad, calculándose alrededor de cincuenta mil personas las que participaron en solidaridad, produciéndose manifestaciones, detenciones, enfrentamientos con la fuerza pública y varios heridos.

      La Asamblea, en vista de la gravedad de los hechos, expresó a través de su Comisión en París su rechazo a la violenta intervención de la policía, señalando en uno de sus párrafos la situación cada vez más crispante con el régimen:

      En España, siguiendo la costumbre estival, la actividad política oficial se detuvo hasta el nuevo curso político; relajación que, por otro lado, no influyó en la oposición, aunque sí varió su estrategia, trasladando a los festivales y a los artistas parte del protagonismo político. Mientras que el cantante Joan Manuel Serrat era detenido en Pamplona por apoyar las reivindicaciones laborales ocurridas en dicha ciudad, otras tantas detenciones se practicaron en las Sis Hores de Canet que en aquel año se celebró el día 4 de julio. Por esas fechas, diversos mensajes dirigidos desde el gobierno adelantaban la línea a seguir por el régimen en el nuevo curso político, acentuando el continuismo como característica principal de su gestión. El almirante Carrero Blanco pronunció un discurso con un trasfondo político de apoyo a la futura monarquía, anunciando que «Esta monarquía, instaurada con el asenso clamoroso del pueblo español, es una monarquía nueva.» Sin embargo, los tiempos estaban cambiando y esta vez fue la Iglesia la que acaparó el protagonismo crítico ante el inmovilismo imperante, y fue a través del cardenal Tarancón, que tomó posición con unas frases previsoras en cierto modo del futuro: «Contra el uniformismo inaceptable, se exalta un pluralismo que puede ser también inaceptable», refiriéndose, al parecer, al nuevo sistema de representación política asociacionista sin una base popular.

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