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      INTRODUCCIÓN

      El año 1900 se promulgaron en España sendas leyes sobre las condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños y sobre los accidentes de trabajo. A estas primeras leyes siguieron otras, en los años posteriores, sobre el descanso dominical (1904), la inspección de trabajo (1906), las huelgas (1909), la jornada máxima de trabajo de ocho horas (1910-1919) y el seguro obrero obligatorio (1919). Al mismo tiempo, se crearon dos organismos cuya función era, respectivamente, ocuparse de la situación de los trabajadores y gestionar el sistema de pensiones de vejez y de seguros obreros, el Instituto de Reformas Sociales (1903) y el Instituto Nacional de Previsión (1908). Esas leyes y organismos eran considerados como medidas de reforma social y su objetivo era contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. La aprobación de dichas medidas fue el resultado de la puesta en práctica de los postulados y las propuestas del denominado reformismo social. Esas medidas legales e institucionales estuvieron precedidas de un prolongado y vivo debate público entre partidarios y detractores del reformismo social en el que los primeros fueron ganando terreno a costa de los segundos, hasta alcanzar la influencia suficiente como para lograr la aceptación de sus propuestas por parte de las Cortes. Además de esa nueva legislación laboral, que es el resultado más visible y novedoso de la influencia alcanzada por el reformismo social, éste promovió medidas de reforma social en muchos otros terrenos, como el educativo, el económico, el moral y el religioso. Las leyes y organismos mencionados constituían una novedad con respecto a la situación precedente y supusieron una brusca reorientación de la política oficial en el terreno de las relaciones laborales y, en particular, en lo relativo al papel del Estado. Con anterioridad había prevalecido el principio de que el Estado debía abstenerse de intervenir en las relaciones entre obreros y patronos, mientras que a partir de ahora la intervención estatal se considera no sólo como necesaria sino como legítima. Una convicción que no dejaría de robustecerse y de extenderse en las décadas siguientes, hasta llegar a formar parte del sentido común cultural y político de la mayor parte de la sociedad española. Asimismo, esa primera legislación laboral abrió el camino y sentó las bases preliminares del llamado Estado del bienestar, que se desarrollaría en España a lo largo del siglo siguiente.

      Las medidas de reforma social promulgadas a partir del cambio de siglo tenían como objetivo resolver el denominado problema social, término que hacía referencia, en general, a las desigualdades y a los conflictos sociales existentes en ese momento. El reformismo social nació como respuesta a la persistencia y recrudecimiento de dicho problema y estaba movido por el propósito expreso de encontrar remedios más eficaces con que resolverlo. Dado que el más importante de esos conflictos se localizaba en el terreno laboral y estaba protagonizado por las organizaciones obreras, éste constituía el principal objeto de preocupación del reformismo social. Mediante la adopción de medidas de reforma social los reformistas sociales pretendían apaciguar el descontento y la agitación de los trabajadores, contener el crecimiento del movimiento obrero y conjurar la amenaza de una revolución obrera. Y, de hecho, ésta era la manera en que se concebía y se presentaba a sí mismo el propio reformismo social, como una respuesta y un antídoto frente al riesgo de una posible revolución social. Dado que los reformistas sociales pensaban que el malestar obrero estaba causado por la existencia de desigualdades sociales y por las condiciones de trabajo y de vida de los propios trabajadores, sus medidas de reforma social se dirigían a reducir dichas desigualdades y a mejorar esas condiciones.

      El término reformismo social –ya utilizado por sus propios partidarios– designa a un movimiento ideológico-político surgido en la década de 1870 que propugnaba y promovía la reforma de la sociedad liberal. Movidos, como he dicho, por la preocupación por el problema social y con el propósito de resolver éste, los reformistas sociales consideraban que era necesario modificar determinados aspectos de la presente organización social y adoptar ciertas medidas suplementarias. Esa reforma del régimen liberal incluía desde una revisión y reformulación de algunos de los principios del liberalismo clásico a una rectificación de la forma en que esos principios habían sido puestos en práctica e institucionalizados. En particular, el liberalismo reformista propugnaba una rectificación del régimen económico de libre concurrencia y una revisión de la noción de libertad económica sobre la que éste se asentaba. Frente al régimen de economía de mercado clásico, el reformismo social defendía la necesidad de introducir mecanismos correctores que evitaran los efectos perniciosos ocasionados por la libre concurrencia, uno de los cuales era, precisamente, en su opinión, la persistencia del problema social. Y ello porque pensaba que el hecho de que el interés propio fuera el único móvil reconocido de la actividad económica impedía una mayor distribución de la riqueza y, de ese modo, exacerbaba el descontento y alentaba las protestas de los trabajadores. En función de esa revisión teórica del liberalismo clásico, de ese diagnóstico sobre las causas del problema social y de ese propósito de rectificación práctica del sistema económico liberal, el reformismo social propuso una serie de soluciones o medidas de reforma. Entre ellas, la más novedosa –y, con el tiempo, la principal– fue la intervención del Estado mediante la promulgación de una legislación laboral que contrarrestara lo que consideraba como efectos indeseados del régimen económico de libre concurrencia.

      El objetivo de este trabajo es investigar

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