Nuevas letras - Camila de Gamboa Tapias

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existe una ley, pero a la vez no existe, solo hay una separación de los individuos con el propósito de rendirlos, agotarlos y dejar que desaparezcan (Axát, 2013).

      La metáfora de Kafka apunta a un derecho esencial: el acceso a la justicia. Se trataba de la puerta de la justicia, con una verdad inaccesible por las víctimas y la sociedad colombiana, la gente del común. El pueblo no puede acceder a la verdad porque el Estado —guardián— no se lo permite, pero “la ley está ahí”. Así, llegamos a la conclusión de que la víctima es presentada frente a la ley como algo insignificante, subordinado, desprovisto de eso en lo que el mismo orden establecido, supuestamente, está fundado: el derecho subjetivo. No posee capacidad relevante de acción ni de palabra y no puede poseerla (Barbero, 2014).

      Igualmente, existe un vínculo entre la construcción de verdad como derecho de las víctimas y la sociedad colombiana, con la crisis de la tradición jurídica occidental que nos plantea Harold Berman. Frente a las dificultades de construcción de verdad en Colombia, tienen una gran similitud las características que desaparecieron en el derecho. En primer lugar, la pérdida del derecho como un cuerpo coherente (ratio legis) o un cuerpo que evoluciona, a causa de un pragmatismo azaroso, se ve reflejada en la medida en que el derecho deja de ser una unidad y se convierte en una mezcla debido a la falta de continuidad. Por otra parte, el derecho ya no tiene una primacía sobre la política y se vuelve producto de ella. Y, por último, se ha perdido la competencia de jurisdicciones —como pudimos analizar anteriormente— debido a la falta de pluralidad e integración, llevándonos a una confusión de jurisdicciones.

      Por otro lado, es necesario comprender que esta justicia debe ser plena y reparativa, pues, de lo contrario, llegaría a fracasar en su intento de normalizarse. Siempre se ha hiperinstitucionalizado (Pécaut, 2012) a la víctima, donde constantemente se presentan leyes para protegerlas, repararlas, darles un acompañamiento, pero estas leyes nunca fueron llevadas a la realidad en su totalidad. Según las diferentes instancias de gobierno, se reconocen unos marcos legales bajo los cuales las víctimas pueden recibir justicia, y se les da, además del reconocimiento como tales, muchas herramientas para acceder a estos beneficios, pero, entonces, ¿qué sucede? Si es así, ¿por qué se ven carencias al momento de impartir justicia?

      Si bien es cierto que las herramientas y mecanismos están presentes, no hay el seguimiento requerido. En adición, los procesos son lentos y costosos, donde van ley tras ley para poder tener de vuelta todo aquello que en algún momento dieron por perdido —tal es el caso de la restitución de tierras—, sumado a esto, está el desconocimiento de lo determinado por la ley, y los diversos problemas encontrados una vez se trata de acceder a los beneficios otorgados por ella.

      Otro factor importante implica observar hasta qué punto el estudiante de derecho —futuro juez, legislador, abogado, entre otros—, como actor en el ámbito jurídico, está sobrepolitizado; y, por otra parte, cómo esto puede afectar el ejercicio del derecho. No se puede tener una justicia plena cuando las ideologías políticas entran en juego, ya que, casi inconscientemente, la decisión tomada se verá afectada por este juicio. No obstante, esto no solo se evidencia en situaciones de la vida del estudiante de derecho o del litigante, sino también en ocasiones políticas tales como debates, conferencias y demás. La diferencia determinante es que en el primer caso se ve sobrepolitizado el juicio del sujeto, mientras que, en el segundo, se ve sobrepolitizada la víctima.

      Es común observar cómo se emplea el clientelismo en nombre de las víctimas para mostrar afinidades con determinado partido político y, así mismo, para atacar a los contrarios, lo que lleva a considerar que todos aquellos que sufrieron por los actos de las guerrillas son más ‘importantes’ que aquellos que vivieron los sucesos de los paramilitares —entre tantos otros grupos armados—, donde las víctimas de estos últimos son dejadas de lado por haber considerado ese grupo como ‘un mal necesario’, así que se minimizan —y en ocasiones se suprimen— las acciones cometidas por aquellos (paramilitares) y se consideran como atroces los hechos ocasionados por estos (guerrillas). Debemos tomar a los actores del conflicto como un todo, sin dejar de lado a las víctimas y a la sociedad colombiana, pues fueron los principales causantes de esta guerra y todo lo que ha acarreado.

      Por consiguiente, el orden y la violencia en Colombia no constituyen dimensiones separadas y excluyentes, al contrario, entre sí hay una relación de complementariedad. La violencia en Colombia es inherente al ejercicio de una democracia fundada en adhesiones colectivas y, además, redes privadas de dominación social (Pécaut, 2012).

      Teniendo en cuenta a Valencia Villa, es preciso decir que, si no se emplea la verdad en el posconflicto, el derecho dejará de ser la paz para seguir siendo guerra, y esta continuará haciendo que el pueblo sea reprimido tanto por las clases dirigentes como por los diferentes grupos armados que han propiciado la violencia. No se puede permitir que la guerra siga siendo una manera de ver la vida y, peor aún, de subsistir, sino como algo que debe combatirse de raíz, para lograr salvar la situación económica, política y sociocultural del país.

      Pero, sobre todo, es esencial tomar en consideración que, contrario a lo que afirma Posada Carbó, un estereotipo no puede ser lo que ha llevado a que la situación económica en Colombia esté en la crisis actual, sino que es el mismo abandono del Estado, ante lo cual las personas debieron llegar a obedecer a grupos al margen de la ley, dado que estos les brindaban resguardo, seguridad, apoyo, entre otras cosas. Tampoco se puede decir que en Colombia ha existido una democracia plena, cuando precisamente el conflicto en el que hemos estado inmersos desde hace tanto tiempo se ha presentado debido a la restricción existente hacia la participación política o, mejor dicho, la restricción a tener el poder.

      Sin embargo, es oportuno decir que Posada Carbó tiene razón en su percepción de los medios de comunicación, pues son ellos los que han hecho de la importancia de la verdad, en la historia y en el ámbito jurídico, una burla, donde se le hace ver como algo completamente innecesario e inútil para las víctimas, y donde, además, se presenta una minimización hacia algo tan relevante como son los acuerdos de paz y la terminación del conflicto con las FARC.

      El derecho a la verdad implica saber qué ocurrió; por esto, comparte un núcleo común con otros derechos, como el derecho a la justicia —conocimiento de autores, cómo actuaron, cuándo, por qué— y el derecho a la reparación (Rincón, 2010, p. 53). No obstante, si bien guarda una relación con estos, el derecho a la verdad es un derecho autónomo y complejo, que busca dar cuenta de manera amplia y detallada de lo sucedido en Colombia: autores, estructuras criminales, conexiones políticas y sociales, contextos, prácticas y patrones, hechos, causas y circunstancias relacionadas con el conflicto y toda violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

      Es importante que el estudiante de derecho reconozca esta realidad y la afronte, de manera que entienda que el derecho va más allá de leyes y códigos, y vea en el posconflicto su mejor campo de trabajo.

      La educación jurídica ve el posconflicto como un tema para hablar de y no para tratar de, donde se deja de lado la relevancia que tiene el ser preparado para enfrentarse a una etapa donde se estará dejando el conflicto atrás, se empleará una justicia distinta a la ordinaria y se manejará la verdad como factor fundamental para alcanzar todos los fines establecidos en el acuerdo. Tomar la educación jurídica como una simple forma de llegar a ganar dinero es, por mínimo, una situación preocupante. Pero es todavía más preocupante que aquellos que la enseñan lo hagan de un modo meramente formalista, donde se deja sobreentendido que el único deber del abogado es interpretar la ley y solucionar casos. No se debe olvidar que el objeto primordial del abogado es saber y encontrar la verdad, en cualquier caso, y esto se debe propiciar en una etapa tan relevante para la historia del país como lo es el posconflicto.

      Es frecuente que, en cuestiones que atañen a posturas políticas, religiosas o ideológicas, se

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