Nuevas letras - Camila de Gamboa Tapias

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      La inmensa burocratización de los procesos legales referentes al proceso de memoria histórica no parece asequible a las personas del común, pues en Colombia nos hemos acostumbrado a vivir en una constante búsqueda, donde cada proceso es constantemente remitido y no parece tener fin ni solución, esto para evitar siempre la responsabilidad de los funcionarios. El derecho y la justicia en Colombia han caído en una infinita cadena de trampas y trabas, donde nos vemos en la penosa obligación de darlo todo por la ley, la cual debería estar para facilitarnos y no para impedirnos. Igualmente, vemos cómo la Ley de Justicia y Paz se ha convertido en algo ajeno a la población, lleno de impersonalidades y altas figuras públicas que parecen inalcanzables para las personas humildes, parece que nos encontramos en una lucha individual contra el tiempo, donde nada de lo que hagamos vale, donde solamente gana el más fuerte y las puertas cada día se cierran más; un derecho donde la norma no representa la reparación a víctimas, sino que es una herramienta que se usa para que los actores políticos ganen popularidad.

      Problemas centrales: el análisis de Aguilera pretende hacer visible no solo los fines políticos de las prácticas judiciales de la guerrilla, sino identificar los cambios en sus diferentes modalidades e instrumentos; parte, por lo tanto, de una mirada transversal a diferentes grupos insurgentes, desde sus orígenes hasta su actualidad, estableciendo puntos comunes y diferencias con relación a las prácticas judiciales que ejercen con respecto a la población civil. Busca mostrar el surgimiento de varias prácticas justicieras y su relación con la formación, influencia e ideología del grupo que las propugna, reafirmando de paso la existencia de una indisoluble conexión entre justicia y estrategia política guerrillera (Aguilera, 2000).

      La justicia ejemplarizante: los orígenes de la insurgencia se materializan entre 1964 y 1976. Los grupos guerrilleros anhelaban ganarse la voluntad de los campesinos, para así lograr asegurar su supervivencia y su expansión, no obstante, ante las decisiones apresuradas de dichos grupos por posicionarse y obtener una clara identidad, optaron por establecer una práctica judicial, la cual se fundamentó en la idea de utilizar la pena de muerte frente a los sujetos que pusieran en riesgo la integridad de los grupos guerrilleros y la seguridad de las zonas rurales campesinas, a estos sujetos se les denominó “chivos expiatorios” (Aguilera, 2000).

      La justicia retaliadora: este tipo de justicia se estableció durante la crisis y reconstrucción de las guerrillas colombianas, es decir, entre 1976 y 1985, y fue influenciada por los movimientos revolucionarios de Uruguay y Argentina, los cuales se fundamentaron en una lucha en contra del Estado burgués y en un medio de defensa para el pueblo. La adopción del sistema de dichos países en Colombia permitió que las organizaciones guerrilleras se distanciaran de los partidos tradicionales y conformarán una verdadera y estable identidad, la cual estuvo en vía de extinción al mismo tiempo que se desarrolló paralelamente el surgimiento de movimientos de izquierda; unos de ellos fueron el M-19, la Autodefensa Obrera y el Quintín Lame; se podría asegurar que de todos estos grupos el que tuvo mayor relevancia fue el M-19, ya que se dedicó a la ampliación de la democracia, al uso de la propaganda, y recurrieron a realizar ciertas actuaciones como la toma de la Embajada de la República Dominicana (Aguilera, 2000).

      La justicia del poder local: esta justicia se desarrolla a partir de la evolución de los movimientos insurgentes, es decir, entre 1985 y 1999; es en esta etapa en donde los grupos al margen de la ley se expanden tanto cuantitativa como cualitativamente, obtienen participación en los procesos electorales, enjuician a los malos alcaldes y a los concejales, conducen las inversiones públicas de las zonas rurales que habitan, continúan realizando la limpieza de delincuentes y construyen obras públicas para la explotación y conservación de los recursos naturales. Como aspecto relevante, continúan apoyando al campesino con aras de ganarse su voluntad (Aguilera, 2000).

      Los diversos grupos guerrilleros trataron de ofrecer alternativas a las insuficiencias del Estado, sin embargo, mientras, por un lado, proporcionaban juicios y limitaban los delitos de los pueblos; por el otro, perpetraron diversas masacres, atemorizaban gravemente a poblaciones enteras y, más aún, carecían de todo respeto por la normatividad o los conceptos de derecho y de derecho internacional humanitario. Es paradójico que sean los grupos al margen de la ley los que hablen de justicia y seguridad jurídica cuando uno de sus principales ideales era el de llevar una lucha contra el Estado y contra las normas que en muchas ocasiones clasificaron como limitantes e inapropiadas; es incoherente que sean grupos al margen de la ley y aquellos peculiarmente violentos los que tratan de generar la misma seguridad que en algunos casos proclaman querer destruir.

      Las justicias guerrilleras en Colombia fueron fundamentales a la hora de que al campesinado se le estigmatizara como un ente guerrillero, logrando que, como se menciona en la masacre de El Salado, estos se dejaran permear por dicha estigmatización, creyéndose la idea de que ellos eran personas malas e inútiles que merecían sufrir la guerra; por lo anterior, es fundamental la reconstrucción de la memoria histórica en aras de que la población pueda volver a ser la misma y pueda recuperar la tranquilidad que una vez tuvo, pues, como se expresó en la masacre de El Salado: “Esta guerra no era nuestra”. La reconstrucción de memoria histórica con estas poblaciones, que en su mayoría se podría decir son rurales, se debe realizar a través de mapas mentales, líneas del tiempo, mapas andantes y mapas del cuerpo, ya que dichas herramientas son las más adecuadas para que las víctimas puedan narrar sus historias a partir de las marcas que la guerra ha dejado impregnadas en ellas.

      Problemas centrales: según Cubides, el origen del paramilitarismo se debe analizar desde una perspectiva histórica que nos permita reconocer el rasgo específico, nuevo y propio de los paramilitares de hoy: la economía que los financia, los recursos con que cuentan, las redes en las que se apoyan, el dominio territorial que han adquirido y, en fin, el margen de impunidad que los ha revestido. Además, sin dejar de lado los elementos que han tomado de la guerrilla, su imitación consciente de orientaciones estratégicas y de técnicas probadas, y sus nexos con las prácticas corruptas de oficiales y suboficiales del Ejército regular (Cubides, 2005).

      Para Cubides, los grupos paramilitares han jugado un papel excepcional dentro del conflicto armado colombiano, se han adaptado con tal facilidad y flexibilidad que su impacto ha sido desconcertante. Sus alianzas, sus redes de información, su sistematicidad, su innovación y su funcionamiento les ha permitido asentarse y obtener mayor reconocimiento que sus rivales en muy poco tiempo. El constituirse como una empresa, innovadora desde su seno y completamente abierta a cualquier tecnología o desarrollo que le pudiese impulsar, de la mano de una constante búsqueda de aprendizaje de los diversos actores del conflicto armado y una cooperación o coacción mediante grandes redes y alianzas, es lo que le permite al paramilitarismo construir su macroproyecto de influencia y establecerse en la sociedad colombiana como uno de los más importantes grupos y poderes (Cubides, 2005).

      El grupo creado por los Castaño es extremadamente exitoso; en primer lugar, por el hecho de imitar los métodos guerrilleros que les fuesen pertinentes y dejar de lado todas aquellas técnicas poco provechosas, como los secuestros. Así mismo, establecen diferentes “frentes de guerra” en donde existe una estructura sólida que les permite generar un orden y control

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