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       Andrea RepettoComo bien destacan los autores en el artículo, la iniciativa exclusiva en materia de gastos no parece ser suficiente para asegurar la sostenibilidad fiscal. Por algo, de acuerdo a información recopilada por el Fondo Monetario Internacional, cerca de 100 economías en el mundo han adoptado reglas que restringen la política fiscal. Estas reglas son compartidas por países con distintos sistemas políticos, ya sean presidenciales, semipresidenciales o parlamentarios. Esto es, la dificultad para la sostenibilidad fiscal no es una problemática que se les puede atribuir únicamente a los congresos.De este modo, la iniciativa exclusiva no asegura los beneficios que se esperan de ella. Asimismo, la iniciativa exclusiva, junto a otras medidas descritas por Claro y Repetto en el capítulo II, configura un balance en las competencias presupuestarias en Chile demasiado favorable al Ejecutivo en desmedro del Legislativo. ¿Por qué solo el Ejecutivo puede tomar decisiones de priorización de gastos, siendo que el Legislativo también ha sido elegido democráticamente?Al igual que los autores, me parece que se puede avanzar en dar una mayor relevancia al Congreso en este ámbito, sin perder la preocupación por la sostenibilidad fiscal. Pero iría un poco más allá: que los parlamentarios puedan hacer propuestas de gasto siempre que estas sean acompañadas de propuestas de financiamiento. Asimismo, y si bien no es materia constitucional, para entregar estas eventuales capacidades de iniciativa al Congreso, sería muy importante dotarlo de capacidades técnicas que permitan una evaluación independiente del impacto de sus iniciativas.

       Claudia SanhuezaEn mi opinión, la principal consecuencia de la iniciativa exclusiva en la actual Constitución es que, sumado a un régimen presidencial, le da un poder excesivo al Ejecutivo en el sistema político, el que el resto de las instituciones políticas no puede contrarrestar. Esto, en el caso de malas decisiones, tensiona negativamente todo el sistema. Ahora bien, esto eventualmente puede cambiar en una nueva Constitución: en el caso de modificar el sistema político a uno semiparlamentario, como ocurre en Francia por ejemplo, sí tendría sentido mantener la iniciativa exclusiva de gasto.En cambio, si se mantiene el sistema presidencial (como supone este texto) sería conveniente avanzar hacia un sistema sin iniciativa exclusiva de gasto del Ejecutivo pero con responsabilidad fiscal, como en Estados Unidos, o hacia una iniciativa intermedia como la de Uruguay.Adicionalmente, creo que independiente de lo antes dicho, debe haber mayores niveles de democracia ciudadana o elementos de democracia directa. Por ejemplo, a través de iniciativas populares de ley, como en Suiza, aunque si las iniciativas superan un límite de gasto debe haber referéndum.