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Esta obra analiza la argumentación de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y otros tribunales argentinos, como así también extranjeros (Corte Suprema de EEUU, la Corte Suprema de Justicia de Chile y del Consejo de Estado Francés), para juzgar la validez de las normas de emergencia sanitaria dictadas durante la pandemia COVID-19, en lo que se refiere a la reglamentación del ejercicio de los derechos a la libertad de tránsito, a la libertad religiosa y a la educación. Partiendo de un concepto normativo de validez jurídica, en oposición a uno descriptivo, se advierte que no es posible desvincular la determinación de la validez jurídica de una norma de la justificación para su dictado. La justificación se valió de la aplicación del principio de razonabilidad. Luego de una reseña del test de validez constitucional aplicado por la Corte Suprema de Argentina en materia de emergencia económica, se analiza el aplicado durante la emergencia sanitaria por dicho tribunal y otros extranjeros, con el objetivo de señalar diferencias y semejanzas, y encontrar criterios de validez jurídica comunes entre los diversos órdenes constitucionales.

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El mundo pospandemia, y en particular en Latinoamérica y Argentina, presentará serios desafíos para el logro de un «desarrollo inclusivo y sostenible». La pandemia ha agudizado la desigualdad en distintas dimensiones a lo que se suman otros retos importantes como la revolución tecnológica, el medioambiente, y la paz continuamente amenazada. Frente a estas realidades nos preguntamos: ¿por qué las instituciones (como el mercado, el Estado, el sistema político) no alcanzan a revertir la exclusión? ¿No alcanzan a incorporar objetivos sociales y medioambientales que se manifiestan con evidencia? Entendemos que para el desarrollo de tales instituciones son necesarios el diálogo y ciertos consensos básicos, como plantea el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. En línea con esa búsqueda, caracterizamos y comparamos tres enfoques que pueden contribuir a tal diálogo social y a un cambio de lógica en las vinculaciones entre los agentes socioeconómicos y el Estado y para su articulación a nivel general. Estos son: la «Economía Social y Solidaria», la «Economía Civil» y la «Economía Social de Mercado». Creemos que una síntesis de este tipo puede orientar líneas de acción coordinada que den respuesta a los desafíos que presenta la realidad socioeconómica de la argentina actual.

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Frente a la agudización de las crisis alimentarias que desataron las cuarentenas del año 2020, este volumen se propone recuperar experiencias alimentarias esperanzadoras para una recuperación eco-social pospandemia. En una primera parte muestra los factores de agotamiento del modelo alimentario del desarrollo. En la segunda, presenta iniciativas vigentes que plasman vías de transición hacia modelos alimentarios socio-ecológicos.

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El escenario internacional de la pandemia de SARS-CoV-2 brinda la oportunidad para reflexionar sobre los retos de la promoción de la salud y la necesidad de avanzar sobre un pacto mundial para mejorar la gobernanza global de la salud, promoviendo una alianza para proteger la vida que conlleve a avanzar en un modelo de desarrollo orientado al bien común y al cuidado de la vida.
Juan Eduardo Guerrero Espinel hace un llamamiento a los gobiernos bajo el principio de protección de la vida en todas las políticas, ofreciendo reflexiones gestadas en su destacable trayectoria en salud pública y basadas en su inquietante preocupación por los determinantes internacionales de la salud, y su sensibilidad ante las desigualdades sociales.
Una invitación provocativa para que el ser humano, la naturaleza, la política, la sociedad civil, los organismos internacionales, la academia y la gobernanza sean refundadas con una especial sensibilidad en los ecosistemas, centrada en el desafío esencial de cuidar la salud y la vida, entendiendo la fragilidad de los seres humanos en el planeta, todo lo cual nos adentra en una nueva perspectiva de análisis para el escenario de post pandemia.

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Este volumen se propone abordar, desde el derecho del consumidor, el tratamiento jurídico de la particular situación de vulnerabilidad de los usuarios frente a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), puesta de manifiesto con mayor evidencia durante la pandemia causada por el coronavirus. Se postula como hipótesis que esta situación de vulnerabilidad genera una particular obligación de seguridad por parte de los prestadores frente a los usuarios de las tecnologías, que puede ser abordada como un nuevo carácter necesario del derecho humano al acceso a las TICs: el acceso seguro.

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La pandemia provocada por el Covid-19 nos ha enfrentado con la realidad del sufrimiento y de la muerte de un modo incluso dramático, exigiendo en muchos casos las fuerzas de los profesionales de la salud hasta el extremo. Ha llevado a situaciones en la vida cotidiana que antes hubiéramos visto como absurdas, como taparnos la cara para hablarnos o no abrazar a las personas que amamos como una manera de protegerlas de un contagio. Esta crisis es paradójicamente una oportunidad para redescubrir lo que realmente somos como seres humanos, aquello de lo cual somos capaces y qué es lo que nos cuesta. La intención de este trabajo es recuperar elementos de la tradición filosófica para repensar sobre aquello que es lo «propiamente humano» y sobre la necesidad de seguir humanizando todos los ámbitos de la vida, especialmente el de las ciencias médicas. En los nuevos escenarios se plantea de un modo nuevo la pregunta por el sentido del dolor, que en última instancia es siempre la pregunta por el sentido de la existencia. Encontrar esa respuesta será fundamental para salir fortalecidos de esta crisis.

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El derecho a migrar y el principio de ciudadanía universal estipulados en la Constitución de la República del Ecuador, se enfrentan a la materialidad de los hechos en el caso de inmigración venezolana, la cual develó la insuficiencia de las políticas públicas vigentes. El principio de igualdad ante la ley y no discriminación cobran importancia al momento de acceder a la atención de salud universal, no solo debido a las normas locales, sino a los estándares internacionales de protección, en especial en época de pandemia. Las cifras analizadas en el trabajo dan cuenta del acceso al sistema de salud ecuatoriano por parte de personas inmigrantes, sin embargo, la falta de información, no permite saber si en el 2020 estos pacientes fueron atendidos por motivos relacionado con el COVID 19 u otras causas. Un manejo efectivo de las cifras, permitirá tener mayor claridad para la elaboración de políticas públicas a futuro. En la investigación, se destaca la labor mancomunada entre el Estado ecuatoriano y Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) de ONU-OIM, como un ejemplo de tarea conjunta que puede permitir un mejor y mayor acceso al derecho a la salud con calidad y la calidez.