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relativo. La nación está por encima de todo” y ello explicaba que “nuestra patria chilena se (haya) convertido en un Monstruo-Nación que va comiéndose a sus propios hijos”53. Segundo, la ideología de la seguridad nacional no se circunscribe a la eliminación de quienes son calificados como enemigos de la nación, sino que la doctrina tiene también un aspecto que es posible llamar productivo, esto es, un programa de gobierno. Dicho programa se articulará a través de tres elementos. Primero, un modelo económico que la revista caracterizó como un capitalismo global inspirado en la escuela liberal de Chicago54; “la sumisión y la miseria de la clase obrera”, considerada como la condición necesaria del modelo económico55 y, finalmente, la creación de una estructura jurídica que legalizó el proyecto56. Al armazón formado por estos tres elementos, No Podemos Callar le llamará “la nueva institucionalidad”57.

      Propuestas y tácticas para superar la Dictadura

      Al mismo tiempo que No Podemos Callar identificaba y analizaba las urgencias del momento e intentaba develar su racionalidad, comenzaba a esbozar propuestas de cambio de distinto orden. Frente a las acciones del gobierno dictatorial “se levanta el descontento de la mayoría. Pero no basta con el descontento. La tarea de Chile es la de transformar el descontento en conciencia. Conciencia en torno a un proyecto que funde nuestra convivencia sobre nuevas bases económicas y políticas. Y, en esto hay que ganar tiempo”58. Fue en este intento que una serie de conceptos comenzaron a presentarse como criterios normativos no solo para justificar una crítica al modo de gobernar de la Dictadura sino también para modelar alternativas. Aunque no es posible en este espacio delimitar detalladamente el contenido de esos conceptos y sus posibles relaciones, es relevante identificar tres nociones que organizan la propuesta que No Podemos Callar esbozará.

      Los derechos humanos fueron, sin duda, una de esas nociones. Para empezar, a través de ellos se pensó la violencia ejercida por la Dictadura. “Afirmar la vigencia de estos derechos, en un país donde son violados cotidianamente, es un acto claro de oposición a la dictadura y a las dictaduras militares latinoamericanas”59. Adicionalmente, y es este el asunto relevante en este momento, ellos se utilizarán para sentar las bases de la convivencia social y la organización política del país. “Hablar de derechos humanos es ya una opción política. Que cuando se habla de derechos humanos necesariamente se habla desde un proyecto político y en función de un proyecto de una sociedad por construir”60. Y la revista suscribió y defendió esa opción cuya especificación se deletrea con una precisión en ocasiones vaga, pero fundamental: se han de garantizar todos los derechos humanos. Esto quiere decir, indicará No Podemos Callar, los derechos civiles como el derecho a la vida y a la libertad de movimiento; los derechos políticos, que aseguran a los ciudadanos su participación en la construcción de la sociedad política; y los derechos sociales, económicos y culturales destinados a garantizar un bienestar material conforme a la dignidad humana y que incluyen asuntos que convocan a la revista regularmente, tales como el derecho al trabajo, a asegurar condiciones de empleo equitativas y satisfactorias, a formar sindicatos, a la educación y a la seguridad social61.

      La vertiente de participación política de los derechos humanos fue fundamental para la noción de democracia, segundo concepto de la propuesta de No Podemos Callar. Defender los derechos políticos supone, sin duda, enarbolar la posibilidad de todos los ciudadanos de ser agentes deliberativos y, por supuesto, de poder elegir las principales autoridades políticas. El documento “Nuestra Convivencia Nacional” escrito por los obispos de Chile en 1977 y citado por la revista subraya la urgencia de poder elegir a los representantes:

      “Creemos que no existirán plenas garantías de respeto a los derechos humanos, mientras el país no tenga una Constitución, vieja o nueva, ratificada por sufragio popular. Mientras las leyes no sean dictadas por legítimos representantes de la ciudadanía. Y mientras todos los organismos del Estado, desde el más alto hasta el más bajo, no estén sometidos a la Constitución y a la ley”62.

      Era por ello, concluían los redactores de la revista, que “un régimen militar no sujeto a una constitución, no apoyado por el veredicto de la nación, es contrario a la democracia, no garantiza los derechos humanos y, lejos de poder conducir hacia el bien común, es funesto y destructor. En una palabra, es ilegítimo y ya no tiene autoridad para gobernar”63.

      La democracia que No Podemos Callar defendía no debía ser “una democracia menor de edad, tutelada por los que se arrogan la prerrogativa de ser ellos ‘la nación’”, esto es, una democracia protegida cuyos representantes auténticos serían los militares en el poder y aquellos actores económicos que se benefician de las nuevas decisiones políticas. Un régimen de este tipo era un régimen de excepción que, además, planeaba continuar incluso luego que el gobierno militar concluyera. En estas circunstancias, es decir, frente a una ideología que no solo había eliminado a sus opositores políticos, sino que había modelado una nueva institucionalidad, No Podemos Callar planteaba que se hacía indispensable una nueva independencia política64. Independencia que habría de forjar desde prácticas de libertad fundadas en el igual respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Independencia que habría de dirigirse a asegurar la participación y la igualdad de oportunidades en los ámbitos políticos y económicos. La noción de justicia, tercer concepto fundamental para No Podemos Callar, parece encontrar aquí uno de sus lugares de anclaje. Si bien, por un lado, el uso del término justicia indica la exigencia de juzgar en sede judicial los crímenes cometidos65; por otro, refiere al resultado del establecimiento institucional de un nuevo orden democrático que asegurase todos los derechos humanos a los habitantes de la patria.

      Las propuestas de cambio articuladas por No Podemos Callar a partir de los derechos humanos, la democracia y la justicia tenían, además, al pueblo como origen y destino. Si bien la revista utilizaba la noción de pueblo con profusión y de formas variadas, con ella refiere preferentemente a un actor colectivo donde “convergen obreros, trabajadores campesinos, profesionales, artistas, estudiantes, mujeres y hombres”66. Un actor que, por un lado, está sufriendo con exclusividad los rigores económicos de la vida en común, que clama por justicia, que pide su liberación y que, precisamente por estas tres razones, grita en las calles “¡Pan, justicia, libertad!”67. Por otro lado, se trataría de un actor llamado a ser el sujeto político de la transformación por venir68.

      Desde la perspectiva del sujeto político, la referencia al pueblo no es casual sino polémica. En efecto, frente a la “gran nación” que la nueva racionalidad identificaba como el sujeto colectivo desde donde se fundaría el modo de gobernar dictatorial —liderado por las nuevas castas militares— No Podemos Callar oponía al pueblo como un actor colectivo alternativo y de antiguo linaje69. La dicotomía entre la nación y el pueblo que la revista proponía no era un ejercicio ocioso de refinamiento teórico, sino una distinción conceptual que permitía comprender con precisión la racionalidad gubernamental que se implementaba para así actuar respecto de ella. No Podemos Callar sostuvo que la ideología de la seguridad nacional consideraba a la nación como el ente colectivo que sostenía el Estado y en quien, consistentemente, las actas constitucionales habían depositado la soberanía ejercida por la junta militar. Dicha junta había sido transformada, por lo tanto, en el único ente capaz de representar a la nación y sus intereses70. Este modo de organizar las instituciones políticas tiene por consecuencias que “la esencia de la nacionalidad se concentra en un grupo privilegiado que está por encima de la democracia y del orden jurídico dependiente de ella, sustraído al control del pueblo. El ciudadano corriente es mantenido en minoría de edad, sin real participación en las decisiones fundamentales de la vida nacional”71. Se instaura así un nuevo orden político institucional que, la revista se lamentará, lleva a la destrucción del pueblo72. Este temor explica, en parte, que No Podemos Callar no haya dejado de celebrar cada ocasión en que el pueblo se reunió y organizó durante los primeros años de Dictadura. El seguimiento cuidadoso de los movimientos populares supone por lo tanto la certeza de que el pueblo, y no la nación, era el sujeto que refería a la totalidad que forma la sociedad política —el sujeto donde residía la soberanía, con quien habría de forjarse una democracia y quien justificaba el Estado—73. Solo desde el pueblo se podía “construir una voluntad política común” que pudiese ser auténticamente universal74. Era dicho pueblo, por lo tanto, quien debía decidir respecto de todo lo que competía a la vida nacional, incluyendo

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