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      Fuente: JNE. Congreso de la República. Elaboración propia

      Dos experiencias inéditas en el Perú llegaron con las elecciones de 2016. La primera, el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski en segunda vuelta, con un Congreso electo en la fecha de las elecciones generales. El Ejecutivo lograría 14% de escaños, mientras que Fuerza Popular, que perdió las elecciones, obtuvo el 56% de escaños. Interpelaciones, censuras y votos de confianza denegados, fueron el escenario previo a la renuncia del Presidente Kuczynski, después de librar un proceso de vacancia por permanente incapacidad moral. Martín Vizcarra, que ocupaba la Vicepresidencia, asumió la Presidencia. En medio de un escalamiento de conflictos con el Congreso, su gabinete presenta una cuestión de confianza que, al considerarla denegada, habilita la primera disolución del Congreso, convocando a elecciones parlamentarias extraordinarias. A la fecha, el Presidente gobierna no sólo sin mayoría sino sin una bancada de gobierno. Un hecho extraordinario se suma a este complicado escenario, la pandemia del COVID-19, que ha planteado retos no sólo a las personas en el ámbito personal, familiar y laboral, sino en su condición de ciudadanos, pues la restricción de derechos y las deficiencias en el acceso a otros, demandan respuestas del Estado. Es en ese contexto en el que analizamos la relación Ejecutivo-Legislativo.

      El artículo aborda en una primera parte un breve repaso del debate sobre las dificultades del presidencialismo latinoamericano, en el que se enmarca el diseño del sistema de gobierno peruano, para garantizar estabilidad política y gobernabilidad democrática. En una segunda parte, se plantean para el debate algunos ajustes al sistema de gobierno. No son los únicos, pero empezamos por plantear: 1) permitir la reelección parlamentaria entre otras razones para dar un adecuado contrapeso al Ejecutivo con parlamentarios que tengan experiencia; 2) eliminar el llamado voto de investidura, manteniendo la exposición y debate del gabinete en el Congreso, pero eliminando el voto; 3) buscar mecanismos para racionalizar la censura ministerial; 4) la disolución contrapeso y control de los decretos de urgencia en congreso unicameral; 5) insistir en el retorno a la bicameralidad para mejorar la representación y la deliberación; 6) revisar la regulación de la insistencia de proyectos observados por el Ejecutivo. Finalmente, una reflexión sobre los desafíos en el control y balance de poderes en el contexto del COVID-19.

III. EL DEBATE SOBRE EL PRESIDENCIALISMO LATINOAMERICANO

      El presidencialismo latinoamericano, que en mayor o menor medida se apartó del modelo clásico norteamericano, ha sido el centro del debate sobre la inestabilidad política en la región. Sin minimizar las razones que tienen su origen en factores económicos, sociales e histórico-culturales (Lipset, 2016; Adam Przeworski , 2016; Carpizo, 2007), nos vamos a referir al análisis del diseño institucional como causa de la inestabilidad política (Josep Colomer y Gabriel Negretto, 2003; Córdova, 2007; Nogueira, 2015).

      En el debate, diversos estudios han puesto énfasis en la tendencia del presidencialismo a concentrar poderes en una persona, el presidente y lograr una democracia estable. Para Linz los problemas se encuentran en: “a) la legitimidad democrática dual, del presidente y del congreso; b) la probabilidad de conflicto y la ausencia de mecanismos obvios para resolverlo; c) el carácter de suma cero de las elecciones presidenciales; d) la implicación mayoritaria que puede llevar a la desproporcionalidad, e) la polarización potencial; f) la rigidez de los mandatos fijos”, poco apta para la política democrática de la negociación e incapaz de enfrentar situaciones de crisis (Linz, 1997). Esas características del presidencialismo establecerían incentivos para estrategias no cooperativas entre los actores políticos y de ello derivarían situaciones de bloqueo institucional que podrían degenerar en intervenciones militares y propiciar el derrumbe de la democracia (Linz, 1994).

      Otras críticas señalan que siendo el origen y la supervivencia de Ejecutivo y Legislativo independientes, los sistemas presidenciales carecen de mecanismos institucionales que incentiven conductas cooperativas. La fuente del conflicto sería institucional (Figueiredo y Limongi, 2000). La falta de flexibilidad y de armonización de mayorías parlamentarias y Presidente de la República ocasiona que las mayorías parlamentarias condicionen la realización del programa de gobierno que requiere desarrollo legislativo o lo bloqueen. Si la oposición mayoritaria “no está disponible para negociar con el gobierno”, pueden desarrollar una oposición obstruccionista de desgaste gubernamental con el objeto de asumir más tarde el gobierno, el sistema político se bloquea y paraliza, crisis que carece de solución constitucional”, con el consiguiente peligro de crisis del sistema político institucional (Nogueira, 2017). Otros estudios señalan que el presidencialismo en sistemas multipartidistas con un Congreso electo por representación proporcional alienta la crisis de gobernabilidad y el culto a la personalidad (Ackerman, 2007).

      Los estudios de Shugart y Carey sugirieron considerar dos variables: las facultades legislativas de los presidentes y el apoyo de los partidos con representación parlamentaria. (Shugart y Carey, 1992); Nohlen incorpora la interrelación entre sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos y sus variables que deben ser consideradas en el análisis de los problemas del presidencialismo (Nohlen, 1999) Manwaring y Shugart analizan diversos sistemas presidencialistas en la región en función del número de partidos y su disciplina. (Mainwaring y Shugart, 2002) Negretto apunta a reformas en el sistema electoral para evitar los problemas de gobernabilidad en los regímenes presidenciales en gobiernos divididos (Negretto, 2003). Otros estudios muestran que el presidencialismo puede tener un buen despeño si funciona con mayoría o coaliciones y adecuados controles. Lanzaro y Chasquetti en defensa del presidencialismo muestran que los presidencialismos multipartidistas pueden mantener la estabilidad democrática, siempre y cuando se formen coaliciones de gobierno. (Lanzaro, 2001).

      Otra respuesta a las críticas al presidencialismo se ha encontrado en la parlamentarización de los regímenes presidenciales (Colomer y Negretto, 2005; Fix-Fierro y Salazar-Ugarte, 2012; García Roca, 2016). García Roca señala que los presidencialismos iberoamericanos llevan tiempo parlamentarizándose como un remedio para frenar el hiperpresidencialismo. La tendencia hacia la parlamentarización implica ampliar la capacidad de la legislatura para controlar al ejecutivo. Ello incluye involucrar al parlamento en el nombramiento y remoción de los miembros del gabinete y así fortalecer los poderes de control con informes periódicos o, ampliar su intervención en la elaboración de políticas públicas. Fix-Fierro anota que incluso en los casos en que el presidente renunció o fue destituido de su cargo, la democracia no se derrumbó y la crisis se manejó de alguna manera por medios pacíficos e institucionales (Fix-Fierro y Salazar-Ugarte, 2012).

      El sistema de gobierno peruano se forjó desde el siglo XIX con una paulatina parlamentarización. El camino de la parlamentarización del presidencialismo no desnaturaliza el presidencialismo (Sartori, 2003) que por lo demás no surge nítidamente de los textos, sino de la realidad política cotidiana (García Belaunde, 1991). Se aprecia una cierta «parlamentarización» del sistema de gobierno, pero no pueden conducirnos a olvidar que el Presidente de la República tiene siembre la última decisión sobre los asuntos de gobierno (Fernández Segado, 1994). No vamos a realizar una historia de ese proceso que ha sido ampliamente estudiada. En los apartados siguientes expondremos algunos aspectos de este presidencialismo parlamentarizado a fin de reflexionar sobre los ajustes que con el propósito de optimizar la gobernabilidad democrática.

IV. PROPUESTAS PARA EL DEBATE DE UNA REFORMA DEL SISTEMA DE GOBIERNO PERUANO PARA OPTIMIZAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

      En el marco de las IV Jornada Nacional sobre Derechos Fundamentales planteaba una reflexión en torno al diseño institucional de los sistemas de gobierno, a fin de procurar construir herramientas que contribuyan a consolidar la democracia constitucional. La estabilidad política resulta de condiciones sociales, pero en la política supone acuerdos y arreglos institucionales, así como políticas consensuadas. A continuación, presento los temas para la consideración en el debate.

      4.1. Reelección Parlamentaria

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