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      Las negociaciones terminaban a veces con acuerdos y otras con desacuerdos, pero la tensión no impedía conversar. Fue entonces cuando los palestinos más violentos y Ariel Sharon, dirigente radical del Likud y por entonces jefe de la oposición en Israel, contribuyeron con su conducta a un nuevo estallido de la violencia.

      El 28 de septiembre de 2000 Ariel Sharon visitó en Jerusalén el Monte del Templo, conocido por los musulmanes como la Explanada de las Mezquitas (su tercer lugar sagrado), donde se levantan la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Quien era todavía jefe de la oposición en Israel acudió allí con intención de recordar la trascendencia para el judaísmo de aquel lugar, el más sagrado del mundo por ser la antigua sede de los templos judíos primero y segundo.

      La visita fue la excusa que provocó el estallido del segundo gran levantamiento palestino, la Intifada de Al-Aqsa (2000-2001), así llamada por el lugar donde se inició. Dirigida principalmente por el movimiento político-militar Al Fatah ―presidido por Arafat― los insurrectos reivindicaron una Palestina independiente y la expulsión de colonos judíos de los Territorios Ocupados; además, aprovecharon para protestar contra la mala gestión del gobierno de Arafat, acusado repetidas veces de corrupción por su propio pueblo. Una vez más, los disturbios engendraron una espiral de violencia que ha seguido aumentando las víctimas del conflicto, además de agravarse la situación económica en los Territorios Ocupados.

      En plena violencia, en febrero de 2001 tomó posesión en Israel un gobierno presidido por Ariel Sharon, que revalidó su mandato en las elecciones de 2003, en ambas ocasiones sin mayoría suficiente para gobernar en solitario y coaligado con otros partidos para mantenerse en el poder. Varios hechos relacionados con el conflicto de Oriente Próximo merecen ser destacados en estos últimos años. Uno de ellos es la muerte de Arafat, que se equivocó de estrategia en la última etapa de su vida y apoyó de nuevo el terror, quedando aislado internacionalmente e ignorado por la Administración estadounidense de George Bush. La sustitución del carismático dirigente palestino por Mahmoud Abbas contribuyó sin duda a desbloquear el proceso de paz y a mejorar las expectativas.

      Pero quizá el hecho más destacado fue la aceptación por Israel, los palestinos y la mayoría de la comunidad internacional de la Hoja de Ruta, un plan político encaminado a conseguir la convivencia pacífica y segura de dos estados independientes, Israel y Palestina. Elaborado por un cuarteto compuesto por representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, la Federación de Rusia y las Naciones Unidas, en el texto se reconocía que el fin de la violencia y el deseo por ambas partes de alcanzar una solución negociada son requisitos indispensables para la paz, estableciéndose además un calendario para la aplicación del plan:

       Fase I (hasta mayo de 2003): fin del terror y la violencia, normalización de la vida de los palestinos y creación de instituciones palestinas.

       Fase II (junio de 2003-diciembre de 2003): transición, en la que «los esfuerzos se centran en la opción de crear un estado palestino independiente con fronteras provisionales y atributos de soberanía basado en la nueva constitución, como paso hacia un acuerdo sobre un estatuto permanente». Entre los proyectos destacaban el restablecimiento de las relaciones anteriores a la Intifada (oficinas comerciales) entre estados árabes e Israel, así como la reactivación del compromiso multilateral sobre distintas cuestiones (recursos hídricos, medio ambiente, desarrollo económico, refugiados y control de armas).

       Fase III (2004-2005): acuerdo sobre un estatuto permanente y fin del conflicto israelo-palestino. Los objetivos eran «la consolidación de la reforma y la estabilización de las instituciones palestinas, el logro de progresos sostenidos y efectivos por parte de los palestinos en materia de seguridad, y negociaciones entre israelíes y palestinos a fin de llegar a un acuerdo sobre un estatuto permanente en el año 2005». Entre los puntos incluidos en esta fase destacan el fin de la ocupación iniciada por Israel en 1967, la solución acordada de la cuestión de los refugiados, la solución negociada del estatuto de Jerusalén que proteja los intereses religiosos de judíos, cristianos y musulmanes de todo el mundo, la aceptación por los estados árabes de plenas relaciones normales con Israel y la seguridad para todos los estados de la región.

      El primer gran avance desde entonces fue el llamado «Plan de desconexión», una histórica iniciativa aprobada por el gobierno de Sharon (6 de junio de 2004) y por la Knéset (25 de octubre de 2004), que contó con el apoyo mayoritario de la opinión pública israelí. Especialmente significativo fue el respaldo que recibió el plan de los principales mandatarios de la ANP (presidente Mahmoud Abbas), Egipto (presidente Hosni Mubarak) y Jordania (rey Abdala II) durante el encuentro que celebraron en la localidad egipcia de Sharem el-Sheik (8 de febrero de 2005), al que también asistió el presidente del gobierno de Israel.

      La cumbre sirvió igualmente para adoptar diversos acuerdos entre Sharon y Abbas: declaración de cese del fuego, finalizando formalmente con la violencia y el terrorismo padecidos desde el comienzo de la Intifada de Al-Aqsa; inicio de un proceso de transferencia en materias de seguridad en zonas palestinas, previo a la aplicación del plan; liberación de cientos de prisioneros palestinos; y aceptación de la construcción de un puerto marítimo en Gaza. Aun sin pretensiones de sustituir la Hoja de Ruta, el «Plan de desconexión» contenía, entre otras, las siguientes disposiciones: evacuación de todos los asentamientos judíos de Gaza y de varias aldeas del norte de Samaria (cerca de 9 mil personas en total), retirada del ejército de Israel de la Franja de Gaza y continuación de la construcción de la cerca antiterrorista de seguridad en Cisjordania, aprobada por el gobierno israelí en julio de 2001.

      La retirada de Gaza, comenzada a mediados de agosto de 2005 y finalizada el 12 de septiembre del mismo año, fue sin duda un avance histórico hacia la solución del conflicto. Aunque la mayoría de los 240 mil colonos judíos residentes en los Territorios Ocupados vive en Cisjordania y el «Plan de desconexión» solo afectó a menos del 5%, la iniciativa israelí mostró la voluntad de su ejecutivo de solventar su principal problema.

      En respuesta, las autoridades palestinas reconocieron el esfuerzo pero lo consideraron insuficiente: continuaron el control israelí del agua y del espacio aéreo de Gaza, las restricciones a la libre circulación de personas y mercancías entre los territorios palestinos y, sobre todo, se mantuvieron los asentamientos judíos y la ocupación militar en Cisjordania, donde los gobernantes israelíes decidieron levantar lo que llamaron una «valla de seguridad». A pesar de ello, los legítimos representantes del pueblo palestino tienen por delante el desafío de administrar con eficacia los recursos que generen sus ciudadanos y los que facilite la comunidad internacional para mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Es además previsible que siga la presión diplomática para que Israel abandone definitivamente Cisjordania y cualquier control sobre territorios que no sean suyos, en conformidad con las resoluciones al respecto aprobadas por la ONU.

      Difícilmente estos deseos se harán realidad si no cesan los atentados terroristas de grupos islámicos radicales y no acaban los actos de violencia perpetrados por palestinos contra ciudadanos e intereses israelíes. Conviene recordar que, hasta 1988, el Consejo Nacional Palestino no reconoció el derecho de Israel a existir y que los máximos representantes palestinos consideraban legítimo cualquier medio para hacerlo desaparecer. Otros estados árabes también se oponían a las resoluciones de la ONU sobre la existencia de Israel.

      A pesar de que varios países árabes aceptan ya la existencia de Israel, otros siguen sin hacerlo y algunos de ellos promueven el nacimiento o aceptan el proceder de movimientos radicales dispuestos a atacar al estado judío. Grupos islámicos como Al-Qaeda, Jihad y Hizbulá cuentan con medios abundantes para perpetrar actos terroristas, obligando a las fuerzas de seguridad israelíes a reforzar la vigilancia. Tanta o más capacidad tiene la organización islámica extremista Hamás. Tras triunfar dicho grupo en las elecciones legislativas de enero de 2006 y formar gobierno de unidad nacional con el partido Al Fatah, las divergencias entre ambas facciones palestinas condujeron a la disolución del gobierno y a la proclamación del estado de emergencia. Los milicianos de Hamás lograron en junio de 2007 el control de la Franja de Gaza y desde entonces ―al menos hasta 2013, año en que escribimos― allí han gobernado.

      Hamás ha seguido perpetrando acciones violentas ―especialmente

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