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      FIGURA 7. Montos donados entre 2000 y 2015 a los partidos políticos alemanes por algunas empresas, según su sector de actividad.

      Del mismo modo, ¿quién podría relacionar el hecho de que, entre 2000 y 2015, Volkswagen haya donado 1.8 millones de euros a los partidos políticos alemanes, BMW más de 3.7 millones y Daimler,⁷ 7.2 millones, con el dieselgate, otro ejemplo de fraude, esta vez en la industria automotriz? Cierto es que esas donaciones —y podemos alegrarnos— ya no protegen por completo de la justicia a esta industria, pero aun así convierten a las empresas automotrices alemanas en interlocutoras privilegiadas del poder.

      La figura 7 muestra algunos ejemplos de las relaciones cercanas —por medio del financiamiento de los partidos— entre la industria y la política en Alemania; las sumas de dinero son impresionantes. En el capítulo 7 trataré con mucho más detalle estas relaciones peligrosas.

       La tardía regulación francesa

      En Francia, si bien no se hizo nada, o casi nada, hasta fines de la década de 1980, desde 1988 se han puesto en marcha numerosas leyes para limitar el financiamiento privado de la política y, como compensación a esos límites, permitir su financiamiento público.⁸ En 1990 se creó la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques [Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político] (CNCCFP), encargada de verificar y aprobar las cuentas de los partidos y las campañas.⁹ De esta organización se habla con frecuencia en los medios cuando los periodistas desmenuzan los gastos electorales de los candidatos, desde los jets privados de Jean Lassalle hasta los gastos en comunicación de François Fillon.

      Hasta 1988, los partidos políticos eran simples asociaciones, en el sentido marcado por la ley de 1901 “relativa al contrato de asociación”.¹⁰ Como tales, podían recibir cuotas de sus miembros,¹¹ pero no estaban autorizados a recibir donaciones ni herencias (ese privilegio estaba reservado a las asociaciones de “reconocida utilidad pública”). Oficialmente al menos, aunque los gastos de los candidatos en las campañas electorales no estaban limitados por la ley, sí lo estaban por la relativa “pobreza” de los partidos, que, en el papel, debían conformarse con las exiguas contribuciones de sus militantes. Exiguas excepto para el Partido Comunista —y, en menor medida, para el Partido Socialista—, de recursos relativamente abundantes gracias a sus numerosos miembros (con cuotas fijas de 1% de sus ingresos), y gracias también a las contribuciones de los funcionarios electos que le transfieren la totalidad de sus remuneraciones y a cambio reciben financiamiento.

      Todo esto en el papel, puesto que los recursos secretos del gobierno, las finanzas patronales y muchas otras cajas negras no han dejado de alimentar, en la Quinta República, el funcionamiento de la vida política. No puedo más que invitar al lector nostálgico de la música disco y el flower power, de las viejas imágenes de los años de Giscard, a (re)sumergirse en el libro L’Argent secret [El dinero secreto], de André Campana.¹² Claro que habla más de money power que de bolas de espejos en el techo de una discoteca, pero en esa época, para ser el número uno, más valía contar con amigos pudientes. En esa época, y hoy, pues aunque sonreímos ante esta evocación, en “francos pesados”, de los sinsabores de Bouygues en el asunto de la urbanización de Chanteloup-les-Vignes —la empresa, en la década de 1970, pagó a la UDR 5 millones de francos por debajo de la mesa para la construcción de sus oficinas… que finalmente no recibió—, las sumas en juego durante el escándalo del financiamiento libio de la campaña de Sarkozy son, por otro lado, más importantes. Y no hablaré aquí de las sospechas de corrupción que hoy pesan sobre el grupo Bolloré por la asignación de concesiones portuarias en Togo y en Guinea a cambio de una pequeña “contribución” electoral (en este caso, mediante el pago de servicios de consultoría y comunicación).

      Pero me adelanto. Ha corrido mucha agua bajo los puentes —incluidos los del Danubio— desde la época en que aún se hablaba del Conseil National du Patronat Français [Consejo Nacional de Empleadores de Francia] (CNPF) para designar al empresariado.¹³ En particular, los partidos políticos han adquirido una verdadera existencia jurídica en lo que concierne a las modalidades de su financiamiento. Así, con las leyes de 1988, un partido político, en Francia, se convirtió en una asociación en los términos de la ley de 1901, pero sometida a las reglas de la ley del 11 de marzo de 1988 relativa a la transparencia financiera de la vida política.¹⁴ En Francia, sólo los partidos políticos regidos por la ley del 11 de marzo de 1988 están autorizados a financiar a un candidato para una elección.

      Además, con las leyes de 1988 y 1990¹⁵ no sólo se puso en marcha un sistema de financiamiento público —directo e indirecto— de la democracia (volveremos a eso en el capítulo 5), sino que su financiamiento privado quedó controlado. Por una parte, se legalizaron las donaciones (de individuos y de empresas) a candidatos o partidos políticos; por otra, se limitó el monto de esas donaciones. Así, a finales de la década de 1980, un individuo estaba autorizado a donar hasta 30 mil francos al año (equivalentes a unos 7300 euros actuales, tomando en cuenta la inflación) a un candidato, mientras que una empresa podía donar 50 mil francos (es decir, alrededor de 12 mil euros). En cuanto a las donaciones a partidos políticos, estaban limitadas a 50 mil francos para los individuos y a 500 mil para las empresas. Éstas, por cierto, contribuyeron muy generosamente al financiamiento de la vida política en Francia entre 1990 y 1995.

      Hoy en día, las donaciones de empresas a campañas y a partidos políticos están prohibidas por ley. Las donaciones de individuos particulares

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