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se legitimaban

      …por haberse enfrentado a otras facciones… Pero todo esto será a costa de restablecer el equilibrio patronal con nuevas facciones “revolucionarias” de fundamento igualmente clientelar. El “caudillismo” podría encontrar ahí su explicación, o acaso su apoyo lógico, sobre todo si lo interpretamos como una variante del clientelismo sostenido en la violencia.¹⁴

      Con la construcción de un Estado fuerte y cuya legitimidad buscaba sustentarse en la redención social sobre todo del campesinado, los mandos nacionales de la revolución buscaron restablecer un nuevo equilibrio con base ahora en una organización política de cobertura nacional que se impusiera al conjunto de intereses caciquiles del país subordinándolos a esa estructura y, en ese sentido, actualizando las relaciones padrino-cliente conforme a la nueva organización política del país. Lo anterior sería favorecido por el relevo de los jefes locales de la revolución en favor de jóvenes figuras revolucionarias como fue el caso de Rodolfo Neri (hijo del antiguo cacique y general Canuto A. Neri), quien con el apoyo de Obregón se convirtió en gobernador del estado el 1 de abril de 1921 y hasta el 31 de marzo de 1925, no obstante la vigorosa oposición que le representó el último de los caudillos militares guerrerenses, Rómulo Figueroa.

      De esta manera, en la etapa de construcción del régimen político mexicano que comprende los años de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, la inestabilidad política de Guerrero se dio porque mientras el “oficialismo revolucionario” se empeñaba en afirmar su control sobre la entidad, los grupos rivales buscaban también —como ocurrió durante la fase armada— el apoyo de los “jefes de la revolución” para alcanzar el poder. La inestabilidad de los poderes locales pareciera responder así, en esos años, a una pugna sin reglas y ajena a los intereses de la sociedad civil, por lo que la lucha política no era en realidad sino la confrontación abierta de los grupos por el poder, sancionada en última instancia por el “oficialismo revolucionario”.

      Después de los años cuarenta, la estructura del poder local quedó subordinada a los grupos que, habiéndose formado en esas circunstancias, detentaban el poder político e incluso controlaban los recursos del estado como consecuencia de la forma patrimonialista en que se ejercía el poder. Los grupos políticos locales se encontraban, además, estrechamente relacionados con el centro político del país a través de las estructuras corporativas del régimen. El monopolio en el ejercicio del poder político y la imposibilidad de enfrentar eficazmente en esas condiciones los problemas sociales de la entidad dieron lugar a una nueva escalada de inconformidad y de violencia, como la que protagonizaron los copreros, el movimiento cívico-estudiantil de 1960 y, en una situación extrema, la guerrilla a partir de esos años y hasta 1974.

      Las pugnas de los grupos locales sin una base social real (puesto que su protagonismo deriva de la capacidad que tienen para mantener el control del estado a través de la manipulación de las demandas sociales), han dado lugar a una inestabilidad agravada porque en última instancia la permanencia en el poder de esos grupos obedece a sus vínculos y apoyos políticos con la burocracia del centro del país. Así, los gobernadores mantienen su condición de representantes de los poderes locales en la medida en que puedan conciliar, de alguna forma, los intereses de esos grupos y además cumplan las tareas impuestas por el “oficialismo revolucionario”, pues sobre todo se encuentran subordinados al Ejecutivo federal, cuyo instrumento privilegiado ha sido un partido de Estado, primero federativo y después corporativo, que, más que procesar la demanda ciudadana, tiende a mediatizarla a través de sus distintos sectores.

      A partir de esta caracterización general de la estructura del poder local, resulta necesario llevar a cabo un recuento de la historia política de la entidad desde el momento en que el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se impuso localmente, estableciendo así las condiciones de una estructura del poder nacional que da forma y condiciona las estructuras de los poderes locales.

      A las circunstancias de conflictividad social y política que han existido en el estado se suma un atraso social y económico, por lo que ya en el informe de diciembre de 1930 el gobernador Adrián Castrejón (1de abril de 1929-28 de marzo de 1933) se refería a la necesidad de crear “nuevas condiciones de desarrollo” y reconocía que “si bien es cierto que hasta hoy [la entidad] ha brillado en las páginas de la historia nacional con los hechos heroicos de sus valientes hijos, ha quedado relativamente apartada de la acción civilizadora que por sus mejores condiciones económicas, impulsa y alienta a las demás entidades de la República”.¹⁵ Con estas palabras, Adrián Castrejón se refería a la paradójica situación del estado pues, no obstante que sus caudillos habían participado activamente en el movimiento de Independencia y en las luchas civiles posteriores, el atraso económico e incluso el aislamiento de la entidad eran hechos manifiestos.

      En el caso de Acapulco, hasta los años veinte había que trasladarse a Manzanillo o a Salina Cruz para continuar en tren hacia la ciudad de México, situación propiciada por los intereses económicos de las casas españolas asentadas en la costa a fin de mantener el monopolio económico de esa región. Las casas Alzuyeta y compañía, fundada en 1821; B. Fernández y compañía, fundada entre 1824 y 1826, y Fernández Hermanos, establecida en 1900, se constituyeron en los consorcios que regían la vida económica de Acapulco y de las costas. Incluso poseían también enormes extensiones de tierra. La empresa B. Fernández y compañía, entre otras propiedades, era dueña de la hacienda San Luis y Anexas, con 35 mil hectáreas en la Costa Grande, y junto con otras dos firmas, también españolas, tenían dos fábricas textiles: una en el Ticuí (Atoyac) y otra en Aguas Blancas, próxima a Coyuca de Benítez.

      En las condiciones sociales precarias y en el aislamiento en que sigue viviendo Guerrero aún después de la revolución, se produjo en el estado un cierto reformismo social, toda vez que la vida política de Guerrero de 1921 a 1924 se caracterizó por el enfrentamiento entre el gobernador Rodolfo Neri y quien resultó ser el último de los caudillos revolucionarios en el estado, Rómulo Figueroa, quienes representaban intereses distintos, puesto que la influencia de Figueroa se basaba en su control sobre las fuerzas militares de la entidad; Neri, en cambio, era activo defensor de los grupos agraristas y obreros que constituían su principal apoyo. A Neri habría de sucederle Héctor F. López (1 de abril de 1925-1 de febrero de 1928), quien proclamaba la necesidad de respetar los derechos tanto de los ejidatarios como de los propietarios “porque la iniciativa y el trabajo del hombre deben respetarse”.¹⁶

      Los choques entre los intereses representados por Rómulo Figueroa y el gobernador Neri fueron también frecuentes en la costa, donde Juan R. Escudero, político radical de Acapulco, se convirtió en activo defensor de los derechos de los trabajadores. Tanto en la Costa Grande, como en Acapulco, se produjo un reformismo social impulsado por partidos locales, como el Partido Obrero de Acapulco (POA) fundado en 1920, situación que se reprodujo también en Coyuca y en Tecpan, pero el activismo social se extendió a Atoyac y La Unión. De esta manera, en las elecciones municipales de diciembre de 1922 Escudero ganó la alcaldía de Acapulco por un año más —luego de haberla ganado en 1921— pero también triunfaron Amadeo Vidales por el Partido Obrero de Tecpan, Andrés G. Galeana en Atoyac y Rosendo Cárdenas por el Partido Obrero de Coyuca.

      Juan R. Escudero fue asesinado en 1923. Luego de su muerte, la costa siguió bajo el control de los agraristas, dirigidos ahora por Amadeo y Baldomero Vidales, quienes impulsaron la creación de la sociedad cooperativa agrícola Unión de Ambas Costas en la zona de La Sabana y sobre terrenos que habían sido de las haciendas La Unión y El Mirador. A principios de 1929, Vidales y sus seguidores abandonaron la lucha armada y se reincorporaron a la vida civil. Con ello se inició una segunda fase de reformismo social impulsada por el gobernador de origen zapatista Adrián Castrejón quien, como señalamos, llegó al poder el 1 de abril de 1929.

      En esas condiciones, Castrejón convirtió al agrarismo en programa de gobierno pero, a diferencia de Rodolfo Neri, la iniciativa estuvo a cargo del gobernador del estado, al constituir el Partido Socialista de Guerrero. Con ello, el recurso organizativo de los reformistas ya no eran los partidos locales de la costa, sino el nuevo Partido Socialista de Guerrero de cobertura estatal. En el que habría de ser el último informe de Castrejón, rendido el 1 de septiembre de 1932, se dirigía a los campesinos y obreros

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