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En este estudio, se revisa la situación actual de los flujos migratorios en la frontera sur de Europa, también se en utilizaran las teorías criminológicas explicativas, además de estudios de delincuencia auto-informada, para determinar qué factores influyen en la propensión o protección frente al delito de jóvenes de origen inmigrante en comparación con los jóvenes nativos en el sur de Europa, así como la influencia del proceso migratorio en esta relación. A través de los datos del estudio internacional sobre delincuencia juvenil (ISRD), que incluye muestras de adolescentes escolarizados de 12 a 18 años en España y Portugal, se evaluará si existen factores de riesgo diferenciales entre jóvenes de origen inmigrante, jóvenes de segunda generación, y autóctonos. Los resultados apuntan a que la delincuencia del grupo de amigos, el auto-control y la moralidad, además de la falta de supervisión parental están significativamente relacionadas con una mayor tendencia a la delincuencia, independientemente del origen migrante. En cuanto a las situaciones de victimización, éstas son más probables en ambos grupos de origen inmigrante; y especialmente reiteradas en el espacio cibernético. Finalmente, se discuten las implicaciones de los resultados para la intervención con menores de origen extranjero, así como para las políticas públicas de extranjería e integración social.

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La acción de cobertura del déficit concursal es un complejo instrumento jurídico que brinda a los tribunales la posibilidad de atribuir a los gestores de la sociedad concursada determinadas consecuencias jurídicas, de naturaleza esencialmente patrimonial, por haber realizado conductas ilícitas en el marco de una sociedad en crisis o directamente en concurso. Se añade dicha figura, de este modo, a soluciones tradicionales de carácter indemnizatorio, junto a otras sanciones vinculadas con la calificación culpable del concurso, como son la inhabilitación o la pérdida de derechos como acreedores.
Esta acción permite condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, a los apoderados generales y a los socios de una persona jurídica en concurso, a atender, total o parcialmente, el déficit resultante tras la liquidación de la masa activa del concurso; ello es así, en todo caso, siempre que la conducta determinante de la calificación culpable hubiera generado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia del deudor.
La Jurisprudencia ha contribuido a perfilar los caracteres de este singular instrumento jurídico, si bien con planteamientos no siempre conciliables y, en ocasiones, contradictorios, en claro perjuicio de la seguridad jurídica. Por su parte, la doctrina, igualmente abundante, tampoco ha llegado a resultados concluyentes ni uniformes. Era necesario, por ello, afrontar el tratamiento de la figura desde una perspectiva integral, como la que se aborda en este libro, que constituye la más completa aportación existente hasta el momento en nuestro Derecho sobre la acción de cobertura del déficit concursal.

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En nuestra sociedad son casi imprescindibles el correo electrónico, el almacenamiento remoto de archivos o las redes sociales, englobables bajo el término Cloud Computing. Esta obra analiza la naturaleza jurídica y las particularidades de los contratos cloud, así como su contenido obligacional, destacando aquellas prácticas susceptibles de considerarse desproporcionadas, injustificadas o abusivas. La pluralidad de actores y la escasa legislación y jurisprudencia al respecto exigen ciertas aclaraciones respecto de la normativa aplicable en España. Asimismo, estos contratos presentan obligaciones peculiares que subsisten a su extinción, como la recuperación, portabilidad y borrado de contendidos del cliente. Cabe destacar que este estudio se centra en la suscripción de servicios cloud por profesionales y pequeños empresarios, a menudo olvidados por el protagonismo que suscitan los consumidores (aunque más indefensos que estos), si bien muchas de las conclusiones son extensibles a contratos cloud de consumo. TEXTO BOLETÍN: Esta obra analiza la naturaleza jurídica y las particularidades de los contratos cloud, así como su contenido obligacional, destacando aquellas prácticas susceptibles de considerarse desproporcionadas, injustificadas o abusivas, respondiendo, entre otras, las siguientes cuestiones;
– ¿Cuáles son las obligaciones del proveedor de servicios cloud como prestador de servicios de la sociedad de la información según la LSSI? – ¿Cuál es el régimen jurídico de los datos que el cliente aloja en la nube? ¿Cómo puede proteger sus derechos de propiedad intelectual y secreto comercial? ¿Puede el proveedor usar esos contenidos o facilitarlos a terceros? – Efectos de la extinción contractual: ¿existen derechos a la recuperación y portabilidad de los contenidos alojados? ¿El proveedor estaría obligado a borrar los datos remanentes en sus equipos?
Destinado a proveedores o usuario de servicios de Cloud Computing, pequeños empresarios y profesionales, juristas exper

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El autor defendió hace años su tesis doctoral acerca de la ejecución sobre bienes gananciales por deudas de un cónyuge y durante toda su trayectoria investigadora ha estudiado numerosos aspectos del régimen de gananciales. Como colofón a tantos años de dedicación quiere ofrecer a los profesionales del Derecho y a los investigadores del Derecho Civil un completo estudio sobre el régimen económico matrimonial legal, tratando todos sus problemas desde la A hasta la Z. Eso le ha permitido constatar la evolución de la doctrina y la jurisprudencia sobre los diversos aspectos de la materia tratada hasta llegar a la situación actual, en la que ya se han aposentado muchas cuestiones que durante años han sido resueltas con vacilaciones. Como es lógico, todavía cabe mejorar muchos apartados desde los puntos de vista legislativo y jurisprudencial, y el autor ofrece sus aportaciones para esas mejoras legislativas que serían muy deseables.

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Este libro recoge las Conferencias sobre Arbitraje Hugo Grocio, pronunciadas en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación española durante el periodo 2008-2019, que fueron organizadas por el CIAMEN (Universidad San Pablo CEU, Madrid) centro académico promotor de la «cultura del arbitraje». Al igual que el resto de las actividades del CIAMEN, las conferencias Hugo Grocio están dirigidas a promover el debate y las buenas prácticas entre la comunidad de arbitraje española e internacional (con particular atención a los países latinoamericanos), en abierto diálogo con las empresas y los sectores implicados en los métodos de resolución alternativa de conflictos.
Contiene trece conferencias, impartidas por ponentes de gran prestigio internacional en el mundo del arbitraje, que expusieron una lección magistral sobre un tema libremente elegido por su actualidad o interés ante un grupo de juristas expertos en materias de arbitraje.
El libro constituye así un compendio o visión general de múltiples asuntos relacionados con el arbitraje nacional e internacional, y que conforman selectas miniaturas a través de las cuales se contemplan los vastos paisajes del arbitraje en el marco del derecho internacional económico.

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El régimen jurídico y de funcionamiento de las Entidades Locales en sus diversas manifestaciones y contenidos constituye uno de los grandes retos de la sociedad española del siglo XXI. Esta relevancia es consecuencia de diversas circunstancias entre las que se señala, específicamente, que se trata de la Administración más numerosa y, a la vez, más la más heterogénea con cobertura de pequeños fenómenos de actuación administrativa al lado de municipios con una relevancia más notable que otras Administraciones de carácter superior. Esta importancia numérica y su propia conformación heterogénea ha ido unida a un exponencial crecimiento de sus competencias y, sobre todo, de sus servicios ha producido un efecto complejo en la sociedad y en el equilibrio de las Administraciones Públicas. Este esquema previo, unido a la situación de crisis económica, ha justificado la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que tiene por objeto «… clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio „una Administración una competencia“, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas…». Posteriormente, se han ido introduciendo novedades que el Practicum contempla como las de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y, finalmente, un conjunto de acontecimientos en el ámbito de los impuestos locales y la fiscalidad que constit

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El libro consta de ocho capítulos en los que se parte de la descripción del cooperativismo agroalimentario a nivel Mundial, de los EE. UU., de la Unión Europea y de España, el posicionamiento empresarial de las cooperativas agroalimentarias de mayor dimensión, el estudio de los sistemas de gobierno y de crecimiento, el estudio y análisis del fenómeno de la descooperativización y los modelos híbridos cooperativa-sociedad mercantil, para finalizar con el estudio, descripción y análisis de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas en la Unión Europea y España, sus características, retos y sus problemáticas dentro de este sector, y como tratan de afrontar el futuro a través de los Fondos y los Programas Operativos que nacen de la PAC.

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La monografía analiza el régimen jurídico de la responsabilidad de los administradores desde la perspectiva del derecho de sociedades portugués. De esta manera, se analizan los supuestos de los deberes de diligencia en el ámbito corporativo y las consiguientes exigencias hacia los administradores en adoptar conductas positivas (deber de hacer), subrayadas por un importante abanico de obligaciones jurídicas. Dichos supuestos contrastan con la diligencia debida a los administradores en el ámbito del derecho concursal, que es objetivamente descriptiva y cuyos elementos se evidencian en el modelo de gestión empresarial negativo (deber de no hacer). A partir de la confluencia de la doble diligencia, es necesario releer los supuestos de responsabilidad de los administradores tanto en el ámbito del derecho de sociedades como del derecho concursal, en los que se busca lograr soluciones jurídicas que se adapten a los debidos criterios legales y jurídico interpretativo de la materia. (PT) A monografia analisa o regime jurídico da responsabilidade dos administradores desde a perspetiva do direito de sociedades portugués. Analisa-se, desse modo, os pressupostos dos deveres de diligência no âmbito societário e a exigência de comportamentos positivos (dever de fazer) dos administradores, sublinhando-se um importante leque de obrigações jurídicas. Tais pressupostos contrastam com a diligência exigida aos administradores no âmbito do direito da insolvência, objetivamente descritiva e cujos elementos se evidenciam no modelo negativo de gestão dos negócios (dever de não fazer). Da confluência da dupla diligência devida, faz-se necessário uma releitura dos pressupostos da responsabilidade dos administradores tanto no âmbito do direito de sociedades quanto no direito de insolvência, no qual, visa-se atingir soluções jurídicas que podem adequar os devidos critérios legais e jurídico interpretativos da matéria.

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El derecho a la vida es algo inherente al hombre y está protegido por los instrumentos jurídicos internacionales más importantes a los que se han adherido la inmensa mayoría de países. Pero para vivir una vida digna ha de existir una libertad que también pertenece al hombre desde el momento en el que nace y hasta que fenece. Vida y libertad, sin embargo, son derechos que pueden ser limitados de forma ilegal y/o legal por el propio hombre en una situación de clara contradicción, cuando no de perversa paradoja. Cuando el hombre comete supuestamente algún ataque grave contra bienes jurídicos dignos de ser protegidos por el Derecho penal, aparece de inmediato la necesidad de que se celebre un juicio con todas las garantías debidas, y con ello, el derecho-deber del Estado al ius puniendi que colisionará cuanto menos con los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías debidas. Pero para que se pueda materializar la justicia es preciso tener al investigado a disposición y sin riesgo de fuga, y por ende, existe la posibilidad de privar al hombre de la libertad de forma provisional hasta que se dicte una sentencia conforme a derecho en un tiempo que puede llegar hasta cuatro años, con una provisionalidad realmente insufrible. Estamos ante una realidad muy incómoda, cuando no peligrosa, pues pueden conculcarse derechos que jamás podrán ser compensados ni por la más generosa de las indemnizaciones en caso de error, y no es lo mismo que un investigado se presente ante la justicia con grilletes y procedente de unos calabozos, a hacerlo en libertad, aunque sea provisional. Ante una realidad tan compleja y necesaria como es la prisión provisional, se impone realizar un análisis sosegado sobre su aplicación y posibles alternativas cuando estamos ya en el siglo XXI en la llamada era digital. ¿Es tan precisa la prisión provisional?, ¿cómo podemos conjugar el derecho a hacer justicia con el derecho a la libertad?, ¿cómo podemos asegurar

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