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Este texto presenta al lector un análisis inédito de la dimensión iusfundamental de la prohibición constitucional de deliberar que recae sobre los miembros de la Fuerza Pública en Colombia, dimensión inexplorada y desatendida por las ramas del poder público, por las organizaciones civiles y por el pensamiento académico y político de la sociedad en su conjunto. Corresponde a una versión mejorada de la tesis de doctorado elaborada por su autor , reconocida por su tribunal evaluador con la máxima calificación.
"Esta es una de las mejores tesis de doctorado que he tenido la oportunidad de dirigir. Con la incomparable originalidad, fundado en el marco conceptual de las teorías de la democracia deliberativa, el documento desarrolla una teoría jurídica y de filosofía política sobre el derecho a deliberar. Con base en ella, refuta la prohibición de deliberara y de ejercer los derechos políticos que injustificadamente se ha impuesto sobre los miembros de la Fuerza Pública en Colombia y propone una reforma institucional que reivindique la dignidad y los derechos fundamentales de estos ciudadanos. Asimismo, a lo largo de este ejercicio, el doctorado propone contribuciones de inmenso valor a la propia teoría de la democracia deliberativa. Quizás l más notable es el concepto de oportunidad equitativa". Carlos Bernal Pulido.

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PRESENTACIÓN Quizá nunca como ahora las demandas por más y mejor democracia han sido tan comunes, ni tantas las voces que denuncian el deterioro y retroceso de los progresos democráticos en diferentes latitudes. La agresiva pandemia que atravesamos exteriorizó con crudeza la brecha entre las promesas que subyacen al ideal democrático y el estado de desarrollo de los sistemas políticos en el mundo. Colombia no solo no es ajena a esta realidad, sino que a ella se suman las preocupantes condiciones económicas que incluyen tasas de desempleo históricas, pobreza monetaria creciente, aumento de la pobreza extrema y de las brechas de desigualdad. Luego de tres décadas de la promulgación de la Constitución Política de 1991, existen mandatos que acusan una deuda creciente producto de un aplazamiento endémico que hace que, como en el caso del contenido del artículo 222 –concerniente a la obligatoriedad de impartir enseñanza a los integrantes de la Fuerza Pública en sus etapas de formación sobre los fundamentos de la democracia–, permanezcan ajenos al debate político nacional, en un silencio que no es anodino, sino que tiene efectos profundos que explican la necesidad y urgencia de su incorporación en la vida política. Esta ausencia de desarrollos normativos e institucionales es generalizada, y se extiende a todas las autoridades democráticas, incluso a la justicia constitucional. Si existe un consenso generalizado en que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; en que de su esencia hace parte el avance de los intereses fundamentales de todas las personas, y en que su estructura se afinca en los pilares de la dignidad humana, la igualdad política y la libertad, es preciso reflexionar, por incómodo que pueda resultar, sobre las razones por las cuales su avance gradual no ha incluido a los miembros de la Fuerza Pública en tanto sujetos de derechos, quienes no solo están cobijados por una elección constitucional que los separa de la comunidad política a la que sirven, sino, además, destinados a la protección y defensa de un ideal democrático que, por razones inexploradas, no es objeto estructural de su educación. El contexto descrito no riñe con los progresos democráticos innegables de la sociedad en general y de la Fuerza Pública en particular; por el contrario, busca llamar la atención sobre la importancia de que, en medio de las voces que reclaman un nuevo pacto constitucional, se dé cabida a la discusión sobre el desarrollo de los mandatos aplazados pero que no dan espera, por involucrar aspectos irreductibles del modelo social y democrático de derecho. Esta es la finalidad del texto que el lector tiene en sus manos. Esta es la apuesta franca y sincera que, con independencia, rigor académico y compromiso por el fortalecimiento de la legitimidad institucional del Ejército Nacional de Colombia, desarrolla cada uno de los autores.

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