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Madrid: Akal, 2010.

      101 Aróstegui, Julio (coord.). Franco, la represión como sistema. Barcelona: Flor de Viento, 2012.

      102 Aróstegui, Julio. “Violencia, sociedad y política. La definición de la violencia”. Ayer, núm. 13, 1994, p. 31.

      103 Aróstegui, “Violencia, sociedad…”, op. cit., p. 32.

      104 Weber, op. cit.

      105 Bourdieu, Pierre. “Violencia simbólica y luchas políticas”. Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama, 1999, p. 225.

      106 González Calleja, op. cit.

      107 Oppenheimer, Franz. El Estado. Su historia y evolución desde un punto de vista sociológico. Madrid: Unión Editorial, 2014.

      108 Weber, op. cit. Oppenheimer, op. cit.

      109 Bourdieu, op. cit.

      110 González Calleja, op. cit., p. 398.

      111 Brodeur, op. cit.

      112 González Calleja, op. cit.

      113 Duhalde, op. cit. Calveiro, op. cit. Feierstein, op. cit.

      114 Policzer, op. cit., pp. 19-33.

      115 Seguel, La organización de la represión…, op. cit.

      116 Brodeur, op. cit.

      117 Brodeur, op. cit.

      118 Águila. “La represión en la historia reciente argentina: fases…”, op. cit. Águila. “La represión en la historia reciente argentina: perspectivas…”, op. cit.

      119 Bernasconi, op. cit.

      120 Ricoeur, Paul. Fase documental: la memoria archivada. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 208-236.

      121 Da Silva Catela, Luciana. “El mundo de los archivos”. En: Luciana da Silva Catela y Elizabeth Jelin. Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002; Seguel, Pablo. Derechos humanos y patrimonio. Historias/memoria de la represión (para)estatal en Chile. Santiago: Subdirección de Investigación Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 2019, pp. 43-84.

      122 Osiel, Mark. “Perder la perspectiva, distorsionar la historia”. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 7, 2005, pp. 43-112; Rincón, Tatiana. “La verdad histórica: una verdad que se establece y legitima desde el punto de vista de las víctimas”. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 7, 2005, pp. 331-354.

      123 Rincón, op. cit.

      124 Garaño, Santiago. “Pabellones de la muerte: los límites difusos entre la represión legal y la clandestina”. Revista Entrepasados, núm. 34, 2008, pp. 33-53. Muzzopappa, Eva y Villalta, Carla. “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales”. Revista Colombiana de Antropología, Vol. 47, núm.1, 2011, pp. 13-42. Sarrabayrouse, María José. “Reflexiones metodológicas en torno al trabajo de campo antropológico en el terreno de la historia reciente”. Cuadernos de Antropología Social, núm. 29, 2009, pp. 61-83. Sarrabayrouse, María José. “El caso de la morgue judicial”. En: Juan Pablo Bohoslavsky (ed.). Ud. también, Doctor? Complicidad judicial durante la dictadura. Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, pp. 147-161. Carnovale, Vera. El historiador del pasado reciente y los relatos consagrados: empatía, incomodidades y desafíos del campo historiográfico frente a los usos políticos del pasado. Ciencia e Investigación. Tomo 68, núm. 4, 2018, pp. 19-35.

      125 Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. Barcelona: Pre-textos, 2002. Ricoeur, op. cit.

      126 Dinges, op. cit. Kornbluh, op. cit.

      CAPÍTULO I

      UNAS FF.AA. PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA CONTRASUBVERSIÓN: PROFESIONALISMO MILITAR ANTICOMUNISTA

Un hecho, como lo fue el cambio de Gobierno el 11 de septiembre de 1973, no habría pasado de ser un simple golpe militar, como muchos anteriores en otras partes del mundo, si no hubiese estado sustentado adecuadamente por una definida posición ideológica de sus gestores (…). No existía un documento que estableciera las bases doctrinarias de un pensamiento político del sector militar. Sin embargo, podemos establecer claramente que existe una notable unidad de doctrina en todo el cuerpo de oficiales, que permite que estos hayan asumido la gestión gubernativa con uniformidad de criterios y acción, que los partidos políticos tradicionales jamás supieron imponer a sus militantes (…). Estos principios conforman un modo de vida y sustentan una posición que el oficial del Ejército mantiene en la estructura social de Chile1.

      La organización del grupo de oficiales y generales conjurados que pusieron en marcha el golpe de Estado de septiembre de 1973, se desarrolló al interior de instituciones y organizaciones burocráticas normadas legalmente. Esto supone entender que los marcos normativos que dotaron de legitimidad interna (ante la propia tropa) y externa (ante la sociedad) su accionar, se construyeron al interior de sus instituciones en contextos históricos específicos y en coyunturas sociopolíticas determinadas. La justificación del golpe de Estado no solo tomó sentido en el interior de los cuerpos armados en la coyuntura producto de la crisis política y social del país, de la debilitación del sistema político y la fragilidad del sistema institucional para resolver los conflictos de poder que cruzaban la sociedad chilena a comienzos de la década de 1970, como han sostenido el grueso de las investigaciones historiográficas sobre el quiebre de la democracia en Chile, sino que también producto de dimensiones internas a la propia institución y al desarrollo de dispositivos legales que permitieron ir posicionando a los militares como un factor de poder en diversas labores de seguridad interior y política nacional. Esta situación se materializó a través de cuatro factores. En primer lugar, la decretación del estado de emergencia y zona de catástrofe mediante la ficción jurídica de la “calamidad pública” en el período

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