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      INTRODUCCIÓN

      Muy posiblemente el texto que más ha influido en la libertad de expresión tal como se entiende en la actualidad haya sido la primera de las diez enmiendas –Bill of Rights– de 1791 a la Constitución de EE. UU.

      Enmienda I

El Congreso no hará ley alguna por la que se establezca una religión, o se prohíba profesarla, o se limite la libertad de palabra, o la de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al Gobierno la reparación de sus agravios.¹

Pues bien, pocos años después de su aprobación, la Sedition Act (1798) –condicionada por las noticias llegadas de la Francia revolucionaria– condenaba escribir, imprimir, proferir o publicar escritos escandalosos o maliciosos contra el Gobierno de los Estados Unidos, el Congreso o el presidente.² Y es que censurar no constituye algo excepcional, lo verdaderamente extraordinario es que se hable o se escriba sobre muchos asuntos solo pensando en los posibles destinatarios y sin temer una prohibición o un castigo por ello. De hecho, actualmente padece una censura oficial (§ 1.4.1) buena parte de la humanidad y tampoco es una situación ajena a las personas que viven en los países democráticos.³ Más todavía, el escritor John M. Coetzee (2007 [1996]: 23) nos advierte de que mientras que en la década de 1980 los intelectuales compartían la opinión de que lo deseable era el menor número posible de restricciones legales a la expresión, en la actualidad, conforme ha pasado el tiempo, hay voces que defienden sanciones contra todo aquello que consideran ofensivo.⁴

Esta universalidad de la censura explica que se ocupe de ella una amplia bibliografía.⁵ El presente libro pretende, no obstante, aportar un punto de vista que aspira a ser original: su análisis a partir de distintos conceptos propuestos por la pragmática y el análisis del discurso. Estas dos disciplinas de la lingüística estudian el uso de una lengua en los contextos concretos y, en las últimas décadas, han planteado una serie de instrumentos teóricos que permiten describir de un modo más ajustado las situaciones que se dan en la interacción verbal. Estas son, pues, las herramientas con las que se procura iluminar el fenómeno censorio. Para iniciar esta tarea, comencemos con dos teorías pragmáticas ya tradicionales: la teoría de actos de habla de John Searle y el análisis de la conversación.

De acuerdo con Searle (1997), los hechos del mundo no son todos de la misma clase. Existen, al menos, dos tipos: hechos brutos y hechos institucionales. Una piedra, un árbol, una carretera o una tachadura en un papel son hechos brutos; un informe geológico para una prospección petrolera, las subvenciones al olivar de la Unión Europea, la preferencia en los cruces de los coches de bomberos o los índices de libros prohibidos de la Inquisición española son hechos institucionales. Si nos fijamos, hemos nacido y hemos crecido en una cultura construida a partir de hechos institucionales que nos son tan cercanos como los propios hechos brutos: los padres tienen responsabilidades para con sus hijos, pagan con el dinero que ganan en sus trabajos sus alimentos y la casa en la que habitan, y los niños cada mañana van a la escuela, donde los profesores tienen unas obligaciones y ellos otras. ¿Son estos hechos institucionales –las responsabilidades de los progenitores, el dinero, la enseñanza escolar y sus deberes– menos reales que el hielo de los polos o los rayos ultravioletas? Así las cosas, en su argumentación, Searle basa la existencia de las distintas instituciones humanas en una primera: el lenguaje, ya que sin él no se explicaría el resto. Comprobémoslo con un primer ejemplo de censura oficial: el bando nacional promulgó en plena Guerra Civil española una ley de prensa que estuvo vigente hasta 1966 (BOE, 23-04-1938). A raíz de su aprobación se requirió un permiso especial para ejercer como periodista,⁶ a las nuevas publicaciones se les exigía una autorización administrativa, se regulaba, asimismo, la intervención gubernativa en la designación del personal directivo de los periódicos –se imponía un cierto censor interno– y, por último, se instituía la censura previa (§ 9.5.2): los periódicos y revistas debían enviar a la censura aquello que iba a aparecer en sus páginas antes de ser publicado –artículos, fotografías, dibujos o publicidad–.⁷ Todo este complicado aparato censor precisaba de la existencia del lenguaje, se ocupaba de él y había de estar condicionado por sus propiedades. En suma, volviendo a Searle, el hecho institucional primario del lenguaje permitía y determinaba los hechos institucionales de la censura franquista.⁸

Desde una perspectiva de estudio distinta de la teoría de actos de habla, los investigadores del análisis de la conversación (Conversation Analysis) llegan a unas conclusiones similares. Aquellos analistas que se dedican a la elucidación de la comunicación oral en las instituciones mantienen que, bajo sus peculiaridades comunicativas, se advierten las características propias de la conversación cotidiana. Lo que sucede es que algunos hechos que se encuentran esporádicamente en las conversaciones se vuelven recurrentes en interacciones institucionales por estar sus tareas fuertemente orientadas a un fin determinado.⁹

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