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estas perspectivas, cabe preguntarse por la sostenibilidad social de las zonas de libre comercio a partir de la última fase de su período transitorio. De no adoptarse medidas compensatorias para contrarrestar estos efectos negativos, se corre el riesgo de sobrepasar, en el caso de algunos grupos sociales y de algunos países, el «umbral de sostenibilidad social», es decir, el límite absoluto de efectos negativos de una política o de medidas de reforma económica, en término de deterioro de su situación o sus perspectivas económicas, que un grupo social o la sociedad en general está dispuesta a soportar sin rebelarse de un modo u otro, mediante la emigración o recurriendo a opciones políticas redentoristas, con la consiguiente inestabilidad que ello produce (ver gráfico 2).

      Paradójicamente, este vasto experimento de ingeniería económica se ha emprendido sin un diagnóstico exhaustivo previo de sus efectos previsibles (el Estudio de Impacto sobre la Sostenibilidad de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio en curso, encargado con excesivo retraso por la Comisión Europea siguiendo el mandato de la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores de Stuttgart de 1999, todavía no ha sido concluido), sin ningún tipo de salvaguardias preventivas para el caso de que en uno o más países la implantación de las ZLC provoque efectos negativos insostenibles, y sin establecer un sistema de compensación para el caso de que los efectos negativos superen a los efectos positivos.

      Por supuesto, para completar el análisis no deben tenerse en cuenta únicamente los costes sociales de la reforma y la liberalización económica, sino también los costes sociales de no emprender dichas reformas, lo que subraya la importancia de abordar simultáneamente el proceso de reformas políticas, económicas e institucionales en los PAM (como se pretende hacer con la nueva Política Europea de Vecindad) y la dimensión social de la integración económica euromediterránea. Como mínimo, en términos incluso de viabilidad política, para que las reformas económicas en los PAM sean aceptables deben ir acompañadas de estrategias de gestión de las consecuencias sociales de dichas reformas. La credibilidad de la Asociación Euromediterránea exige que esa gestión sea compartida con arreglo al principio de corresponsabilidad y no recaiga únicamente sobre los propios PAM, como ha sucedido en buena parte hasta ahora.

      3ª conclusión: El impacto social negativo de las zonas de libre comercio sobre el empleo, los ingresos de la población y el gasto social público se dejará sentir sobre todo en los próximos diez años, y corre el riesgo de tener efectos sociales y políticos desestabilizadores. Sin embargo, no se ha previsto ningún sistema permanente de evaluación de impacto ni salvaguardias contra los efectos negativos de las zonas de libre comercio. Si no se adoptan medidas compensatorias, se corre el riesgo de sobrepasar el umbral de sostenibilidad social.

      LA NUEVA POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD Y EL EMPLEO

      Una de las motivaciones subyacentes de la PEV responde a necesidades económicas. Una preocupación importante de la UE es el declive demográfico que va a experimentar en las próximas décadas. Su población activa decrecerá, con las consabidas consecuencias para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Esto, además de las cuestiones de seguridad, convierte en perentoria la articulación de la UE y sus vecinos en un polo de desarrollo y competitivo a escala global. Este interés estratégico europeo en el desarrollo integrado de sus vecinos se encuentra en la base de los sucesivos intentos de la UE por configurar un modelo de relaciones de proximidad que le sean funcionales. Se trata de un escenario que, obviamente, afecta al empleo y los derechos económicos y sociales. En los sucesivos documentos de la PEV encontramos referencias a estas cuestiones, pero también importantes ausencias.

      En sus documentos fundacionales, la nueva Política Europea de Vecindad (PEV) ya se fija explícitamente como uno de sus objetivos, al igual que la Asociación Euromediterránea, el promover el desarrollo económico y social sostenible. Pero inicialmente no explicita la importancia del empleo y de los derechos sociales. En las conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Generales y Asuntos Exteriores de 16 de junio

      2003, ninguno de los principales ejes de actuación se refería explícitamente al empleo y los derechos económicos y sociales, con lo que se sigue la misma tónica que ya caracterizaba la Asociación Euromediterránea. Como se ha visto, en los documentos de la AEM (Declaración de Barcelona, Acuerdos de Asociación, documentos de estrategia, Planes Indicativos Nacionales...) las referencias al empleo y los derechos sociales eran mínimas.

Sin embargo, al desarrollarse la PEV, se introducen algunos cambios positivos. En primer lugar, entre los criterios de referencia para que un país pueda beneficiarse de la PEV se incluyen los instrumentos internacionales de derechos humanos, los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y las libertades sindicales.[14]

Posteriormente, al plantearse una mayor integración económica y un acercamiento a la legislación de la UE, se prevé el reforzamiento del diálogo y de la cooperación en la dimensión social (políticas sociales, empleo, desarrollo socioeconómico y reformas estructurales) y poner en marcha políticas activas contra la pobreza y la exclusión.[15]De hecho, en los cinco primeros Planes de Acción, estas cuestiones aparecen mencionadas de manera explícita, aunque no con tanta relevancia, por ejemplo, como las cuestiones de cooperación en asuntos de justicia e interior. Para cada país, se contemplan acciones o líneas de intervención concretas, que van desde la coordinación de políticas, el fomento del empleo, medidas de inclusión, lucha contra la discriminación, etc. Es importante subrayar que las normas internacionales del trabajo y las libertades sindicales se señalan como parte de los criterios de referencia (valores compartidos) que sustentan los Acuerdos de Vecindad.

      El contenido de los Planes de Acción en materia de empleo y derechos sociales no puede quedarse en letra muerta, sino que deben traducirse en programas concretos con recursos específicos. La insistencia en que la PEV puede potenciar realmente el diálogo en estas materias abre un campo de posibilidades para los agentes económicos y sociales de la UE y de los PAM a través de las instituciones consultivas o mecanismos ad hoc. Sin embargo, la actual ausencia total de consulta con los agentes sociales contradice la misma lógica de la PEV (el acercamiento legislativo y la adopción de prácticas de la UE) al negar una práctica asentada en la UE como es la consulta social.

      4ª conclusión: La nueva Política Europea de Vecindad establece una nueva metodología y los Planes de Acción se refieren de manera expresa a la política de empleo, la libertad sindical y los convenios internacionales en material laboral. Sin embargo, aún deben pasar el test de su aplicación efectiva y establecer mecanismos de consulta con los agentes sociales, totalmente ausentes hasta ahora de este proceso

      PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

      El respeto de los DES es esencialmente una responsabilidad de los Estados, en primer lugar nacionales, pero también de la UE (en el marco de la AEM) y del conjunto de la comunidad internacional (en el marco de los organismos internacionales, financieros o de otra naturaleza). Por ello hay que estructurar un debate sobre la corresponsabilidad en el marco de la AEM, a la hora de abordar el derecho al trabajo y el derecho al desarrollo, y especialmente en cuanto a empleo y DES. La PEV debería facilitarlo.

      Las siguientes propuestas se basan en tres principios básicos: a) el principal reto que deben afrontar conjuntamente los PAM y los países europeos es cómo garantizar empleo de calidad tanto en el Norte como en el Sur del Mediterráneo, así como la realización de los derechos sociales fundamentales para todos los ciudadanos; b) para ello, la creación de empleo y la mejora de los derechos económicos y sociales de los PAM deben incluirse como uno de los objetivos explícitos de la Asociación Euromediterránea, con la consiguiente necesidad de emprender acciones directas en este ámbito con recursos financieros específicos; c) el principio de corresponsabilidad que se encuentra en la base de una verdadera Asociación, es decir, la responsabilidad compartida entre los países de la UE y los PAM en relación con las cuestiones de interés común (y el empleo y la situación económica y social, sin lugar a dudas, lo son). Esto implica el imperativo de buscar conjuntamente soluciones y, eventualmente, diseñar estrategias comunes y utilizar recursos compartidos para llevarlas a cabo.

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