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colectiva en la empresa y por sectores.

      1ª conclusión: En estos diez años, la Asociación Euromediterránea no ha contribuido efectivamente a la creación de empleo ni a la mejora de la situación económica y social o la mejora de los derechos sociales y laborales de la población en los PAM. Ni el empleo ni los DES ha constituido prioridades políticas de la Asociación ni han adoptado acciones directas en este ámbito. Desde este punto de vista, la Asociación Euromediterránea ha sido más bien irrelevante.

      Falta de diálogo social

Por regla general, las instituciones euromediterráneas han limitado la participación de la sociedad civil, ya de por sí escasa,[12]al tercer capítulo sobre «colaboración en el ámbito social, cultural y humano», excluyéndola de las cuestiones relacionadas con el diálogo político y la seguridad y de la cooperación económica y financiera. Resulta paradójico que la Unión Europea haya suscrito Acuerdos de Asociación que pretenden contribuir a desarrollar y consolidar la democracia en los PAM y suponen una transformación económica y social de tanta trascendencia en las próximas décadas tras un proceso que, en la inmensa mayoría de los casos, no contempló ningún tipo de consulta o concertación social interna.

      Del mismo modo, la imposición de reformas económicas, políticas e institucionales prefabricadas o tecnocráticas sin un amplio debate político y social previo en el seno de los propios PAM que sirva para interiorizar dichas reformas y crear un consenso en torno a la visión y el proyecto de sociedad que subyace en ellas, corre el riesgo de enajenar a las sociedades de los PAM del proceso euromediterráneo y poner en peligro su sostenibilidad, en la medida en que la sociedad como tal no se sentirá ni identificada ni comprometida con dichas reformas para el futuro.

      A nivel de la propia Asociación Euromediterránea, más allá de las obligadas consultas al Comité Económico y Social Europeo, las instituciones euromediterráneas no han establecido mecanismos de concertación social efectiva. Es muy significativo y preocupante que, en diez años de proceso, no se haya implicado a los agentes sociales en la discusión ni en la implementación de los Acuerdos de la AEM, ni de los Planes Indicativos Nacionales ni en los más recientes Planes de Acción de Vecindad.

      En la experiencia europea, la función consultiva con los agentes económicos y sociales ha sido un pilar de la democracia participativa. Extender esta práctica en el marco de la AEM ha sido un empeño de los agentes sociales de la región. Gracias a los esfuerzos multilaterales se han dado avances desde 1995; se han creado organismos de consulta en varios países (Israel, Palestina), pero varios siguen sin tenerlos (Marruecos, Egipto, Siria, Jordania). Globalmente el diálogo social sigue estando poco desarrollado y las escasas iniciativas adoptadas en este ámbito, aunque apoyadas en ocasiones con fondos regionales MEDA, como el Foro Sindical Euromediterráneo o las nueve sucesivas Cumbres Euromediterráneas de Consejos Económicos y Sociales u organismos similares, han sido iniciativa de los propios agentes sociales y no han tenido vías efectivas para influir en la agenda o la toma de decisiones en el marco del Proceso Euromediterráneo.

      Esta situación contrasta con las orientaciones que emanan de un reciente documento estratégico europeo, la Agenda Social (febrero 2005), inserta en el marco de la estrategia de Lisboa, que pretende hacer de la economía de Europa la más competitiva del mundo en 2010. Entre las tres condiciones para el éxito de la Agenda se encuentra la dimensión exterior y, en este apartado, se apunta como propuesta concreta: «la integración del modelo social europeo en los diálogos y las actuaciones exteriores, a nivel bilateral, regional y multilateral».

      2º conclusión. La Asociación Euromediterránea no ha promovido en los PAM la concertación social como elemento fundamental de una sociedad democrática ni ha establecido en su propio seno mecanismos de consulta y concertación con los agentes sociales euromediterráneos. La proyección del «modelo social europeo» en sus relaciones con sus vecinos menos desarrollados es una condición para el mantenimiento de ese modelo dentro de la propia UE.

      Perspectivas:

      ¿es socialmente sostenible el actual modelo de Asociación Euromediterránea?

      Las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio (ZLC) establecen períodos transitorios de doce años y concentran el desmantelamiento de los aranceles sobre los productos de consumo producidos nacionalmente (es decir, aquellos sectores más sensibles a la competencia de los productos europeos) en los últimos cuatro años de ese período. Esto implica que los ciudadanos de los PAM empezarán a sentir los efectos negativos de las ZLC ocho años después de la entrada en vigor de los Acuerdos de Asociación: en 2006 en Túnez, el primer país en el que entró en vigor, en 2008 en el caso de Marruecos, etc. (ver gráfico 1).

      GRÁFICO 1

      Período transitorio de implantación de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio

      Fuente: Elaboración propia. Publicado en Iván Martín (2005), «¿Hacia ‘una’ Zona Euromediterránea de Libre comercio en 2010?», Economía Exterior, 34, Otoño 2005, pp. 103-114.

      Mientras que los beneficios económicos de las ZLC son inciertos (especialmente como consecuencia de su limitación a los productos industriales y la exclusión de los productos agrícolas, pero también a que dependen en parte de factores externos, como los flujos de inversión extranjera) y en todo caso sólo se materializarán a medio-largo plazo y se difundirán por toda la sociedad, los efectos sociales negativos se dejarán sentir a corto plazo y sobre grupos sociales específicos. En concreto, las ZLC tendrán un impacto negativo a corto plazo sobre el empleo (siendo Marruecos, Argelia y Siria los países con una mayor vulnerabilidad del empleo al libre comercio), probablemente también sobre los ingresos de la población (reducción de salarios reales), y sin lugar a dudas sobre los ingresos del Estado (Líbano, Jordania, Marruecos y Egipto son los países con mayor vulnerabilidad presupuestaria al libre comercio; dependiendo del país, los PAM perderán unos ingresos arancelarios de entre el 10 y el 20 % de los ingresos del estado, y entre el 1 y el 4 % del PIB, una pérdida que sólo se verá parcialmente compensada por el aflujo de fondos MEDA, que suponen entre un 10 % y un 25 % de las pérdidas de ingresos arancelarios del Estado). Esta reducción de los ingresos del Estado corre el riesgo de traducirse en un recorte de los gastos sociales en educación y sanidad y, por consiguiente, de afectar negativamente a los sistemas de protección social en los PAM.

Es más, paradójicamente las zonas de libre comercio, que pretenden reforzar el funcionamiento de los mercados de los PAM, pueden acabar impulsando la economía informal como válvula de escape, lo que distorsiona las condiciones de la competencia, refuerza la desigualdad y limita la capacidad de acción del Estado, además de socavar los derechos económicos y sociales y las condiciones de trabajo en el sector formal. En ausencia de un incremento sustancial de los flujos de inversión extranjera directa o de la liberalización de los mercados agrícolas europeos, las zonas de libre comercio podrían incluso afectar negativamente a las posibilidades de crecimiento de estos países.[13]

      En síntesis, las ZLC se configuran como un instrumento de política económica que prolonga la lógica del ajuste estructural seguida por los gobiernos de los PAM desde mediados de los años ochenta con éxito en materia de estabilización pero sin resultados tangibles en términos de crecimiento, empleo y condiciones de vida de la población. Lógicamente, cabe prever que los efectos de las ZLE sean también similares.

      La falta de integración Sur-Sur entre los PAM, y especialmente entre los países del Magreb, agrava esta situación, con indeterminados pero cuantiosos costes en términos de atracción de inversiones extranjeras, competitividad, flujos comerciales y, por consiguiente, empleo.

      GRÁFICO 2

      Distribución temporal de los costes y beneficios sociales de la reforma económica y umbral de sostenibilidad social

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