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En la actualidad se constata una creciente y cada vez mayor recurrencia a la incorporación de tecnologías al ámbito de la empresa, e incluso, aparecen nuevas formas de empleo mediante el recurso de plataformas digitales, a las que se las ha catalogado como plataformas colaborativas, o también con diversos términos tales como «on demand economy», «Uber economy», etc. Tal realidad ha justificado el planteo de la interrogante acerca de si estas modalidades de prestación de trabajo se encuentran alcanzadas por el Derecho Laboral, o si por el contrario están excluidas. Una pregunta que han intentado responder en gran medida diversos tribunales de justicia en todos los continentes y, en el acierto o en el error, las respuestas han sido disímiles. Consecuentemente, se propone analizar el ámbito subjetivo de comprensión del Derecho del Trabajo, aportando una visión crítica de la subordinación como elemento definitorio de la relación laboral y revalorizando dos nociones para delimitar la laboralidad del trabajo mediante plataformas digitales, como lo son la autonomía y la ajenidad.

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La obra que tiene en las manos, o frente a la vista, tratará de ayudarle en su gestión de la actividad en prevención de riesgos laborales, independientemente de la labor que desempeñe en la misma; al final, todos los que nos dedicamos a esto tenemos el mismo objetivo: «Que a las personas no les pasen cosas». Se trata de una selección de artículos escritos por el autor, algunos en colaboración, en diversos medios y casi desde la promulgación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales; todo ello desde muy diversos puntos de vista, Servicios de Prevención Ajenos, Auditoras de Prevención, relaciones con la Administración y Agentes Sociales, Patronales vinculadas a la prevención de riesgos laborales, Servicios de Prevención Propios. Por ello, persigue ser un manual útil, que ayude en la resolución de problemas a los actuantes en prevención de riesgos laborales y en el aprendizaje práctico a los estudiantes que se estén acercando a esta actividad tan necesaria para el ser humano. En este carácter práctico, destaca la aportación de situaciones resueltas basadas en la experiencia a través de PREVYMAN, un personaje simpático que, sin duda, hará reconocerse a los técnicos de prevención en las distintas vicisitudes que atraviesa.

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El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y ofrecer un foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del ordenamiento jurídico-administrativo. El Anuario de Derecho Administrativo 2021 contiene cuarenta y seis estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran actualidad en la materia, que han sido elaborados por abogados de reconocido prestigio, y además incluye una selección de las normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia contencioso-administrativa, y la bibliografía más relevante de 2021 en esta disciplina. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho Administrativo, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y las cuestiones más candentes de la aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo actual. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

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En el marco del Módulo Jean Monnet «La Unión Europea en la encrucijada: los principales retos del proyecto de integración europeo», financiado por el Programa ERASMUS + de la Unión Europea (Referencia 600075-EPP-1-2018-1-ES-EPPJMO-MODULE) y dirigido por el profesor Oscar Abalde Cantero, el Área de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea ha organizado un ciclo de jornadas de carácter científico y divulgativo, bajo el paraguas de un título común «Cuestiones actuales de la integración europea», que ya comenzamos hace seis años en el marco de un Proyecto del Programa Jean Monnet de características semejantes. Una vez más se han abordado temas de la más rabiosa actualidad con un objetivo claro como es el de promover un debate serio y riguroso, pero al propio tiempo cercano al público no especializado, en torno a temas que reflejan un perfecto equilibrio entre el interés científico propio de la investigación universitaria y el interés social. Por un lado, una primera jornada sirvió para poner sobre la mesa la controvertida cuestión de las ayudas de Estado que tanto debate ha generado en los últimos años y que, en el particular caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha derivado en litigios ante los tribunales que se han saldado con la condena de tales ayudas. Desde esta perspectiva, se abordó el alcance de la prohibición de ayudas de Estado en el marco del Derecho de la Unión Europea con el objetivo de focalizar, a continuación, las consecuencias de esta en la particular experiencia vasca, donde fue necesario activar un mecanismo de recuperación de dichas ayudas. Por otro lado, en una coyuntura en la que el proceso de integración europeo parece estar poniéndose en cuestión, si cabe, con mayor contundencia que nunca, en una segunda jornada se abordó la necesidad de una vuelta a los orígenes en cuanto al papel que la Unión Europea debe desempeñar como garante de la paz, la solidaridad y el desarrollo económico y so

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¿La siguiente secuencia es cierta: delitos de odio + delitos de expresión = delito de opinión? En el debate social, académico y jurisprudencial posiblemente no exista una cuestión más discutida que la que hemos planteado. Resulta imperioso afrontar este interrogante a través de una obra colectiva como la que el lector tiene entre sus manos, máxime si se tiene en cuenta el reciente anuncio del legislador de afrontar una intensa reforma de estos delitos. Esta obra parte de una idea: el debate sobre los delitos de opinión debe plantearse inicialmente en un nivel previo a las propias figuras delictivas. Un estudio serio de estas cuestiones exige construir una Parte General y una Parte Especial de los delitos de opinión. Presentamos al lector aquí la Parte Especial. A través de un enfoque plural y coral, individual, pero, al mismo tiempo, común en cuanto al compromiso con el binomio «libertad de expresión y no discriminación de colectivos», examinamos el (central) delito del discurso del odio del art. 510, el delito de injurias al Rey del art. 490.3, el delito de enaltecimiento terrorista del art. 578 y el delito contra los sentimientos religiosos del art. 525. Sobre todas estas figuras sobrevuela, por su definición típica o por su cuestionable interpretación y aplicación jurisprudencial, el fantasma de los delitos de opinión. Entre la libertad de expresión y el delito. La Parte Especial de los delitos de opinión está atravesada por un propósito: suministrar pautas de interpretación restrictiva de los delitos de expresión contenidos en el Código Penal y allí donde la defensa de la libertad de expresión lo exija, proponer su reforma e incluso su derogación.

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La presente obra recoge el homenaje que se ha querido rendir al prof. Dr. Muñagorri Laguía, con ocasión de su jubilación, tras toda una vida de dedicación exclusiva e ininterrumpida a la Universidad Pública.
Por este motivo, los y las discípulas, amigas y colegas penalistas, en reconocimiento a su trayectoria académica, han preparado el presente libro-homenaje con más de 70 ensayos jurídico-penales, criminológicos, victimológicos, penitenciarios y de Política Criminal.
A lo largo de la presente obra, se abordan no sólo temas directamente relacionados con las aportaciones del Prof. Dr. Muñagorri Laguía, sino también otra serie de cuestiones muy próximas a los enfoques que han marcado la trayectoria investigadora de este gran penalista.

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En esta monográfica se aborda el régimen jurídico de la intervención de las comunicaciones electrónicas (telefónicas e informáticas. Medida de investigación que, en el contexto actual, ha de ser conocida por todo jurista que se precie, dado que la misma ha adquirido una importancia sin precedentes como resultado de la sociedad tecnológica en la que vivimos y donde la cibercriminalidad se ha disparado hasta límites insospechados (estafas en el comercio electrónico, robo de identidades, phishing, pharming y grooming, son tan sólo algunos ejemplos). Igualmente, se efectúa la delimitación legal y jurisprudencial del derecho al secreto de las comunicaciones y se analizan, pormenorizadamente, los presupuestos que han de aglutinarse para su intervención; cuestiones ambas cuyo conocimiento resulta tremendamente útil para plantear la validez o invalidez de la prueba. Asimismo, se concreta el ámbito subjetivo y objetivo de la intervención electrónica de las comunicaciones, así como su ejecución. Es decir, se determina sobre qué sujetos puede recaer la medida y qué datos son susceptibles de ser intervenidos y, todo ello, analizando la rica y variada casuística al respecto (correos electrónicos, claves IMSI e IMEI, listado de llamadas entrantes y salientes, SMS y MMS, videollamadas y videomensajes, obtención de la ip, etc.). Finalmente, se expone un tema crucial para los ejercientes del Derecho: las comunicaciones electrónicas como prueba en juicio, desarrollando una interesante guía práctica con varios supuestos que pueden suscitarse.

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En nuestro presente trabajo partimos de una idea básica que siempre hemos defendido firmemente y es que el Derecho privado tiene una clara vocación de universalidad, como la propia historia lo ha venido demostrando de forma incontrovertible. Máxime en este momento caracterizado por el fenómeno creciente de la globalización. Debemos hacer hincapié, por lo tanto, en la llamada uniformidad material de la mayoría de las relaciones sociales que vienen a constituir tradicionalmente el objeto del Derecho privado. En este sentido, consideramos que la unificación del Derecho de obligaciones y contratos forma parte esencial de este proceso. Es por ello que hemos seleccionado un litigio como es el caso Dieselgate, que pasará a nivel mundial a la historia judicial de los escándalos sociales y económicos más graves de la década del 2010, con posteriores efectos negativos, tanto para la salud y el patrimonio de las personas, como por los perjuicios causados al medio ambiente. En todos estos supuestos, corresponde también al Derecho de daños, a través de su sistema de responsabilidad civil, aplicar las soluciones correctoras de conductas en las que han intervenido el dolo o la culpa.

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Estereotipo, prejuicio o discriminación son los tres grandes conceptos que informan la articulación de un discurso del odio que han propiciado un alineado debate respecto de un imposible concepto omnímodo de ciudadano frente a sujetos o grupos sociales, de características diversas (etnia, raza, religión, genero, ideología…). De esta forma, como una de las manifestaciones mas execrables del discurso del odio, se configuran los tipos penales relacionados con los denominados delitos de odio, que protegen bienes jurídicos tradicionales, pero cuya vulneración se produce mediando alguna de las previsiones contempladas en el art. 14 CE. Actualmente, el tratamiento normativo del fenómeno del odio se ha producido desde instituciones internacionales, sectoriales y nacionales, aunque aún de manera notoriamente insuficiente, entre otras razones, porque la colisión de derechos fundamentales, especialmente respecto de la libertad de expresión e información, está siendo paulatinamente solventada mediante la aplicación de unos lógicos estándares jurisprudenciales, si bien, la instrumentalización de las barreras de protección ha supuesto una minusvaloración jurídica de sus resultados. La desatención social hacia determinadas causas de discriminación que revelan la existencia de un discurso de odio, se visibiliza con mayor nitidez en los casos de diversidad religiosa, si bien, la apuesta estructural por generar cierto grado de focalización geográfica de los diferentes colectivos religiosos minoritarios potencian su propia desintegración social. Asimismo, la escasa repercusión de los delitos de odio por motivo de diversidad religiosa en la operativa policial y su posterior consideración jurisdiccional puede conducir a la negación de las anteriores barreras de protección jurídica, con el consabido riesgo de que el propio colectivo religioso opte por la autodefensa de los derechos e intereses de los miembros de su colectividad, entre otras muchas cuestiones. Todos ellos, son debates e

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El objeto del presente libro es analizar la regulación del teletrabajo tras la Ley 10/2021 y las implicaciones en materia de seguridad y salud laboral. Tras analizar el concepto de teletrabajo -diferenciándolo de figuras afines como el trabajo a distancia o el trabajo flexible- y su nevo régimen jurídico, el libro ofrece un estudio completo y detallado de todas las esferas de la actividad preventiva y sus especialidades en el teletrabajo, aportando soluciones a problemáticas jurídicas, tales como la entrada al domicilio de la persona teletrabajadora, medidas concretas para prevenir riesgos psicosociales y tecnológicos propios del teletrabajo, el registro horario y el derecho a la desconexión digital como medidas preventivas esenciales e identificando la intensidad en el teletrabajo como elemento esencial para configurar la política preventiva.

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