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Uno de los temas más complicados y difíciles, en materia de responsabilidad civil, es el referido a los daños generados por el profesional de la Abogacía en el desempeño de la labor que le es propia. Cuando un profesional de la abogacía desempeña su trabajo incumpliendo negligentemente las obligaciones asumidas en virtud de la relación contractual que le vincula a su cliente, el elemento que plantea obstáculos es el que podríamos llamar el presupuesto primario de todo el conjunto normativo que regula la responsabilidad civil y que no es otro que el daño, lo cual resulta sorprendente porque parece poco razonable que un sistema normativo arbitrado para la reparación de los daños causados, en un caso concreto como el que aquí se analiza se aplique para comprobar si efectivamente el incumplimiento negligente del profesional genera un daño y, en su caso, cuál es su alcance. En efecto, en el ámbito de la responsabilidad civil del Abogado todos los esfuerzos doctrinales y jurisprudenciales se han aplicado al estudio del daño, desde el cual pretenden resolverse todos los interrogantes que esta materia suscita. Por ello, la perspectiva desde la que cualquier estudio, como el presente, debe efectuarse es la del daño porque éste se configura indubitadamente como el elemento que concentra las principales dificultades. El punto de partida de la obra estaba, por tanto, condicionado por lo que hasta entonces se había escrito y discurrido sobre el tema tanto doctrinal como jurisprudencialmente. Así las cosas, nada más comenzar el estudio de la materia pude apreciar cómo sobre el daño se reiteraban y reiteran una serie de ideas que podrían considerarse -si se me permite la expresión- «verdades absolutas», las cuales -cierto es- resulta complicado, ya no desmentir, sino incluso poner en tela de juicio. Entre estas líneas de pensamiento que se reiteran se encuentra la que considera que, cuando un Abogado deja pasar un plazo para la interposición de una demanda o recurso, el daño que

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La ley 8/2021, de 3 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, constituye un importante paso hacia la armonización de nuestro sistema jurídico con la Convención de Nueva York de 2006 y, en particular, con su artículo 12, en el que se proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en pie de igualdad con las demás en todos los aspectos de la vida. La nueva regulación implica una transformación radical de nuestro sistema jurídico que afecta, sobre todo al Código civil, pero también a otras normas como la Ley del Notariado, la Ley Hipotecaria, la Ley del Registro civil de 2011, la ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, el Código de comercio y las leyes procesales de enjuiciamiento civil y jurisdicción voluntaria. Esta obra tiene por objeto el tratamiento exhaustivo del contenido completo de la ley 8/2021, en forma de comentario analítico y crítico de cada uno de los preceptos legales que se ven afectados por la reforma, tratando de dar respuesta a las lagunas, contradicciones, dificultades interpretativas y problemas de orden práctico que se plantean en el nuevo texto. En su elaboración han participado distintos especialistas y expertos, entre ellos, Catedráticos y Profesores de diversas Universidades españolas y personas pertenecientes al movimiento asociativo de la discapacidad. El cambio radical de la concepción clásica y tradicional de la discapacidad intelectual y psicosocial como impedimento para el legítimo ejercicio de los derechos por su titular, sólo puede implantarse adecuadamente si va acompañado de una transformación de la mentalidad social y, en particular, de la de aquellos profesionales del Derecho – jueces y magistrados, funcionarios de la administración de justicia, notarios y registradores, abogados – que deberán desempeñar sus respectivas funciones bajo este nuevo paradigma y que precisa

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Tras la aprobación de diversas normas de urgencia sobre el trabajo a distancia (usualmente identificado como «teletrabajo»), la Ley 10/2021, de 9 julio, ha venido a dotar de cierta estabilidad a esta materia. La presente obra examina de forma detallada, sistemática y práctica su contenido. Aunque eso, por sí solo, justifica la presente publicación hay en ella otras facetas no menos interesantes: atención a los contenidos de la negociación colectiva, examen de las sentencias dictadas hasta el momento, o contraste con la regulación de otros países. La autoría de un cuadro solvente y profesionalmente heterogéneo de juristas avala la calidad y utilidad de los diversos estudios.

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Se trata de una obra que efectúa un análisis pormenorizado y riguroso de los presupuestos y diferentes tipos de medidas cautelares y diligencias preliminares que pueden encontrarse en la práctica de los tribunales, con una visión eminentemente práctica compaginada con un punto de vista docente

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La prevención y reacción frente a estas conductas oportunistas constituye en la actualidad uno de los grandes retos del derecho de patentes. Las diferentes contiendas entre las principales empresas fabricantes de teléfonos inteligentes es una buena muestra de la relevancia y especial atención alcanzada por esta temática en el último decenio. Fruto de ese interés y preocupación, las propias organizaciones de estandarización han ido elaborando herramientas, cada vez más refinadas, para corregir y limitar esos posibles abusos. Una de las que han alcanzado mayor difusión es la adopción de compromisos FRAND, en virtud de los cuales el titular de la patente se compromete a conceder licencias con arreglo a parámetros justos, razonables y no discriminatorios. Asimismo, en la medida en que muchos de los conflictos han terminado ante los tribunales, ha dado lugar a una amplia jurisprudencia que ha tratado de precisar en qué medida resulta lícito invocar determinadas instituciones del derecho procesal, derecho civil o de la competencia, entre otras, primordialmente, las medidas cautelares de cesación del acto infractor o el abuso de la posición de dominio.

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La obra realiza un análisis exhaustivo del impacto de la digitalización en las relaciones laborales, con especial referencia al trabajo autónomo. Por un lado, se formulan propuestas y se plantean soluciones sobre la configuración del trabajo en plataforma digitales, especialmente a la luz del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo. Asimismo, se realiza un estudio sobre los sistemas de reputación mediante el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en el ámbito laboral. También se aborda el derecho a la protección de datos, los derechos digitales, el derecho a la desconexión digital, el derecho la intimidad y el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Por otro lado, se analiza la Seguridad Social, la cotización y las dificultades ante las que se encuentran los trabajadores autónomos con respecto a determinadas prestaciones. Por último, se hace una valoración de la situación motivada por la pandemia del COVID-19 en el contexto del trabajo autónomo. En definitiva, en la obra se realiza de forma sistemática y rigurosa un análisis de los Derechos Fundamentales de los trabajadores ante el cambio del trabajo autónomo en la era digital, ofreciendo respuestas a toda la problemática que genera su reciente regulación y formulando soluciones prácticas. De ahí que resulte de indudable interés tanto para los operadores jurídicos como para los estudiosos de esta materia.

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Las sanciones más relevantes en materia de protección de datos impuestas tanto por la AEPD como por organismos análogos de otros países analizadas, de manera 100% práctica, por más de 20 autores de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la privacidad. También se analizan y comentan sentencias relevantes ¡Aprenda cómo aplica e interpreta el RGPD y la LOPDGDD el organismo garante, conociendo casos reales y evitando, así, sanciones para su entidad, ya sea DPO, responsable o asesor jurídico! Una obra diferente, práctica e indispensable para todos los que traten datos personales.

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Análisis completo, profundo y totalmente actualizado de la normativa contable de general aplicación en nuestro país. El estudio se distribuye por materias, exponiendo y comentando, párrafo a párrafo, en cada una de ellas, los preceptos contables que la regulan. Se estudia cada concepto acompañado de un supuesto práctico explicativo y un comentario de las incidencias fiscales. En cada capítulo se interpreta pormenorizadamente lo establecido en el Plan General de Contabilidad, el desarrollo realizado de cada materia por la correspondiente Resolución del ICAC y se exponen las diversas consultas realizadas al ICAC relativas al tema concreto. El acompañamiento a cada una de las cuestiones de uno o más casos prácticos facilita la correcta comprensión e interpretación de las dudas más frecuentes que en cada una de ellas suelen surgir. El resultado final es un análisis completo de la contabilidad financiera en España con más de 500 supuestos prácticos resueltos. Por último, dado que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se determina a partir del resultado contable, se analizan las incidencias en el impuesto de las diferentes operaciones, y la generación, o no, de diferencias contabilidad-fiscalidad. También se mencionan las repercusiones en el IVA.

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La Directiva (UE) 2019/771 establece un nuevo régimen jurídico para las faltas de conformidad de los bienes de consumo objeto de compraventa entre empresarios y consumidores. Deroga y sustituye a la Directiva 1999/44/CE que revolucionó la regulación de la llamada «garantía legal» en toda Europa, dando lugar a legislaciones nacionales que han logrado una unificación de mínimos de esta importante materia en el ámbito europeo. Sin embargo, la Unión Europea considera que es necesario profundizar en esta armonización, puesto que las diferencias legales nacionales lastran la realización del mercado único interior, también en su faceta de Mercado Único Digital. La Directiva (UE) 2019/771 nace con el propósito de armonizar plenamente, en un marco regulatorio único, la garantía legal en la venta de bienes de consumo en todo el territorio de la Unión. Su adopción provoca la necesidad de adaptar los ordenamientos jurídicos nacionales a sus nuevos postulados lo que, en el caso español, se concretará en la previsible reforma de los arts. 114 a 127 TRLGDCU que regulan actualmente la materia a que se refiere la Directiva.

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Esta obra aborda los derechos de las personas con discapacidad aportando un enfoque novedoso que justifica metodológicamente la existencia de un Derecho de la Discapacidad como rama específica del derecho, y desgrana un amplio repertorio de contenidos materiales que componen la protección de las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico.

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