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      A modo de introducción

      La OMS, en 2002, definió el abuso sexual a menores como «una acción en la cual se involucra a un menor en una actividad sexual que él o ella no comprende completamente y para la cual no tiene capacidad de libre consentimiento o su desarrollo evolutivo (biológico, psicológico y social) no está preparado o, también, que viola las normas o preceptos sociales».

      Por su parte, Loredo, en 2004, ante la National Center of Child Abuse and Neglect, contempló este tipo de abuso sexual del siguiente modo: «Contactos e interacciones entre un niño y un adulto (agresor), quien usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona».

      Igualmente, el ICBSF colombiano, en la misma línea, planteó en 2007 que el abuso sexual sobre la infancia «va más allá del contacto físico e incluye las siguientes manifestaciones, que pueden perjudicar psicológicamente a un niño en lo que respecta a su temperamento y personalidad, además de aspectos psicosomáticos y psicopatológicos reflejados a nivel personal, familiar y social de forma inmediata y mediata: el incesto, la violación, el tocamiento o manoseo a un niño o niña, con ropa o sin ella, alentar o permitir a un niño o una niña que toque de manera inapropiada a un adulto y el abuso sexual sin contacto físico como seducción verbal, solicitud indecente, realizar actos sexuales en presencia de los niños o las niñas, la masturbación, la pornografía, la exhibición de los genitales o gestos sexuales para obtener gratificación sexual espiándolos mientras se visten, bañan o realizan sus necesidades en el baño».

      Cualquiera de las prácticas descritas, pues, en los tres enunciados anteriores es constitutiva de abusos y debería ser desterrada de nuestra sociedad con el fin de preservar y garantizar el normal desarrollo emocional del estamento más débil y vulnerable de aquella: las niñas y los niños de cada país.

      Los gobiernos y los Estados, a fecha de hoy, parecen haber tomado una mayor conciencia del problema y su importancia, articulando medidas y mecanismos para evitar, en lo posible, que se produzcan las situaciones que se denuncian.

      Sin embargo, y por desgracia, hay algo que los Estados y los gobiernos no pueden cambiar por mucho que quieran: la mentalidad que, por edad, les corresponde a niñas y niños víctimas de abusos sexuales. Esa permanece invariable e indiferente a las leyes que se promulguen. Las víctimas no asumirán la realidad de los hechos en que su agresor les obligó a participar hasta pasados unos años. Será entonces cuando surgirá el verdadero problema.

      No digo, como apunto en el último capítulo del libro, que la solución que yo di a mi situación fuera la correcta ni la aconsejable. Seguro que había otras, pero yo no las vi y fue la que fue. Y, como también afirmo al final del capítulo, no me arrepiento de ella en absoluto.

      La autora