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libro reúne trabajos del equipo de investigación Antropología, Ciudad y Naturaleza, que desde 2011 integra el Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani.

      Los capítulos de este libro se gestaron en el intercambio regular con trabajadores de ONG, organismos estatales y habitantes de villas, que compartieron con nosotros sus inquietudes y anhelos. A todos ellos les agradecemos la confianza para dejarnos entrar en sus mundos y dejarnos hacer, de esos mundos, un relato.

      Extendemos nuestro agradecimiento a los compañeros del programa de investigación Contested Cities y Contested Territories; en particular, a Michael Janoschka, Sara González, Jorge Blanco, Beatriz Nussbaumer y Carlos Cowan Ros. También queremos agradecer a la Universidad de Buenos Aires, que financió estas investigaciones a partir de sucesivos proyectos UBACyT. Este trabajo ha recibido financiamiento del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 (European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme. Proyecto CONTESTED_TERRITORY, Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement nº 873.082).

      A Khalil Esteban, que abordó la tarea final de corrección con alegría y oficio.

      A Sebastián Carenzo, invitado especial del libro y “primo hermano” del equipo que sumó su valiosa contribución.

      A los colegas del Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani, con quienes compartimos intereses investigativos, territorios de indagación y un compromiso por acompañar los procesos de lucha por una ciudad más justa.

      Por último, queremos agradecer especialmente a Belén Demoy, Pablo Vitale, Paula Lanusse, Marina Wertheimer, María Solórzano, Mercedes Pico, Clarisa Martínez, Viliina Kaikkonen, Camila Jorge, Regina Ruete, Inés López Olaciregui y Victoria González Carman, queridos compañeros del equipo que acompañaron las discusiones sobre estos capítulos en tardes de mate y facturas en un pequeño departamento del barrio de Almagro, importunados por el gato Moscú.

Introducción

      María Carman

       Romina Olejarczyk

       Khalil Elías Esteban

      Lo desconocido es una abstracción; lo conocido, un desierto; pero lo conocido a medias, lo vislumbrado, es el lugar perfecto para hacer ondular deseo y alucinación.

      Juan José Saer, El entenado

      Fruto de etnografías individuales y colectivas, el presente libro aborda conflictos sociourbanos y experiencias del habitar que involucran a sectores populares y medios del Área Metropolitana de Buenos Aires entre 2000 y 2015. El recorrido por las políticas estatales, impugnaciones populares y mediaciones de múltiples agentes –funcionarios estatales, defensores públicos, profesionales de ONG, planificadores urbanos, emprendedores culturales, ambientalistas, huerteros, cartoneros, artistas– interpelan al lector respecto de quiénes pueden usar, embellecer o permanecer en la ciudad en función de sus capitales acumulados.

      Los estudios de caso indagan tanto en el despliegue de políticas sociourbanas y reconversiones de espacios motorizadas por el Estado, sectores empresariales, agentes inmobiliarios o turísticos como en disputas impulsadas por sectores populares o medios que incluyen apropiaciones de la vivienda social, participación en procesos de (re)urbanización de villas, producciones de paisaje, prácticas agrícolas, innovaciones tecnológicas a partir de residuos y apelaciones estratégicas a la naturaleza o al espacio público.

      Sabemos que el Estado, a partir de sus políticas sociourbanas e intervenciones territorializadas, constituye uno de los actores con mayor peso para profundizar o revertir los procesos de relegación. Los trabajos aquí presentados permiten marcar el contraste entre aquellos lugares que reciben la atención privilegiada del Estado y aquellos otros que no resultan dignos de tal apuesta. ¿Cómo se expresan prácticamente las tensiones entre derechos –a la vivienda, a un medio ambiente sano, al uso de los espacios públicos– y cuáles son los paradigmas más o menos emancipatorios que habilitan las luchas populares?

      Algunos capítulos del libro dan cuenta de una situación paradojal: ciertas políticas urbano-habitacionales del Poder Ejecutivo destinadas a los sectores populares reproducen la precariedad de sus condiciones de vida. La precariedad refiere a una condición impuesta políticamente merced a la cual algunos grupos de la población sufren la quiebra de las redes sociales y económicas de apoyo mucho más que otros y, en consecuencia, están más expuestos a los daños, la violencia y la muerte (Butler, 2017: 40). Lejos de verse interrumpidos por la intervención estatal, sus padecimientos sociales se ven recreados una y otra vez: viviendas sociales entregadas con una suma de déficits, asentamientos urbanos invisibilizados en una suerte de no categoría, habitantes considerados “indeseables” expulsados de modo más o menos solapado.

Veamos un ejemplo paradigmático: si bien de signos políticos diferentes, las gestiones del poder local de la ciudad de Buenos Aires desde 2006 hasta 2015 presentaron significativas coincidencias respecto de su concepción y regulación del espacio público. Este fue concebido como un espacio de libertad, azar y libre albedrío y, a la vez, como un espacio que debía ser ordenado y controlado.[1] Recordemos que, en los inicios de la jefatura de gobierno de Telerman[2] (2006-2007), la Legislatura porteña aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad, con cual se reformó el organigrama de administración y se creó –entre otros– el Ministerio de Espacio Público. En el mismo gesto en que se propició el espacio público como escenario de fiestas y encuentros,[3] también se lo concibió como frágil y excesivamente vulnerable a un conjunto de peligros. La apelación a la recuperación del espacio público resultó deliberadamente vaga e imprecisa, en tanto puso en juego una totalidad de elementos esencialmente heterogéneos entre sí (Laclau, 1991: 25): logro ambiental, desalojo de “intrusos”, disfrute para toda la ciudadanía.

Las gestiones del jefe de gobierno Macri[4] (2007-2011, 2011-2015) retomaron parte del discurso de su antecesor: se reivindicó el espacio público como el lugar más democrático que tenemos en una sociedad (Noticias Urbanas, 6 de mayo de 2009).[5] Sin embargo, esta retórica democrática se articuló con una política de baja ejecución presupuestaria en las áreas de educación, salud y vivienda, así como una reducción de los programas sociales y comunitarios. Aunque la recuperación del espacio público constituyó un objetivo común de las gestiones porteñas entre 2006 y 2015, el gobierno macrista incorporó un sesgo de mayor intransigencia en su discurso e institucionalizó el uso de políticas represivas.

En los años iniciales de la primera gestión de Macri como jefe de gobierno de la ciudad, una de las principales ideas-síntesis sostuvo que el espacio público no se negocia. El correlato institucional de este discurso de la intransigencia fue la creación por decreto de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) en 2008, cuyas funciones incluyeron tanto mantener el orden en el espacio público como preservar el espacio público libre de usurpadores. Si bien este virtual “grupo de tareas” ya actuaba subrepticiamente durante la gestión de Telerman, resultaba impensable institucionalizar su accionar, incompatible con la prédica democratizante y de un multiculturalismo blando[6] de aquel entonces.

Una vez superada la crisis socioeconómica de 2001, algunos vecinos solían denunciar la presencia atrevida de los sin techo pernoctando en las plazas de su barrio, y solicitaban que se los retirase aun en mitad de la noche. La materialidad de esos cuerpos fue interpretada hegemónicamente en términos de una interioridad deficitaria, como si esa fisicalidad non grata que “obstruía” el espacio urbano denotara ya criminalidad. Las acciones de la UCEP respondieron, en buena medida, a esas denuncias telefónicas.[7]

      Una de las más resonantes intervenciones de la UCEP fue la eliminación de una huerta comunitaria de un predio abandonado lindero a las vías del ferrocarril, a escasos metros de la estación de Caballito, caso analizado por Gallardo Araya en el capítulo 6. La huerta creció –no sin dificultades– hasta mayo de 2009, cuando fue violentamente destruida y desalojada sin orden judicial por personal de la policía y la UCEP. El gobierno justificó la medida alegando que el espacio estaba intrusado, que podía ser un peligroso foco de dengue y que debía ser recuperado como espacio verde para anexarlo

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