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o grupos de individuos, pero no la interacción entre distintos poderes fácticos, diferenciando sus intereses y sus recursos políticos. La metodología de las redes tiene un enfoque relacional, o sea, identifica relaciones e interacciones y mide sus intensidades. Como se verá en las páginas siguientes, esta metodología nos ayuda a ir más allá del fenómeno de la captura e identificar puntos de acción para descapturar al Estado. En este sentido, el presente estudio también ofrece una valiosa metodología proveniente de las ciencias matemáticas y biológicas, que apenas hace poco tiempo se aplica en las ciencias sociales. Analizar sistemas complejos por medio de la teoría de redes permite, como explica el autor, “entender, modelar e incluso predecir comportamientos, con la finalidad de comprender el sistema y […] modificarlo de manera que se pueda disminuir el efecto devastador que ocasiona al Estado”.

      Uno de los resultados más sorprendentes del estudio que presentamos aquí es que elementos clave del Estado son la parte más activa de la red, la instancia que la organiza, constituyendo sus nodos centrales. La descaptura tiene que empezar por el propio Estado. El caso de Coahuila, al norte de la federación mexicana, nos da una idea concreta de la magnitud y complejidad del problema que el México democrático enfrenta. Como fue dicho arriba, el interés de fondo en este proyecto regional es contribuir a encontrar elementos para mejor el funcionamiento democrático en los países de la región y, por lo tanto, disminuir la captura y la efectividad de las redes ilegales de poder. En su parte final, esta investigación nos da algunas pistas para México. Seguramente una de las preguntas más complicadas es que en la situación de un Estado actor en redes ilegales, las herramientas propias de la democracia —que el Estado tiene que aplicar— serían útiles para esta tarea. Al responder a esta pregunta con escepticismo, nace la idea de implementar instituciones de justicia transicional que daría a organizaciones de la sociedad civil y mecanismos internacionales independientes un papel importante, para controlar las entidades estatales que históricamente se han empeñado en apenas simular justicia. México cuenta con organizaciones de derechos humanos profesionales, fuertes y comprometidas; en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014 ya hay una colaboración directa entre gobierno, sistema judicial y sociedad civil. Mecanismos de justicia tradicional han producido resultados positivos en diversos países de la región; los rechazos que recién se ha observado hacia los gobiernos de orientación autoritaria como en Guatemala son prueba de que esta herramienta puede funcionar.

      Esto nos lleva directamente a otro problema grave, discutido por Luis Daniel en esta obra: una de las principales dificultades para descapturar al Estado es la falta de voluntad política del propio Estado. México es un ejemplo claro de eso en los niveles municipales, estatales y federal de gobierno. Entretanto, el nuevo gobierno federal mexicano electo en 2018 ha declarado explícitamente el combate a la corrupción y a la connivencia del Estado con el crimen y con actividades económicas ilícitas como una prioridad. Con referencia a esta declaración, entendemos y presentamos este estudio también como un subsidio para actores estatales con esta voluntad política de concebir estrategias para reconducir al Estado a su tarea. Si es muy difícil desmantelar redes de poder en las que el Estado está involucrado de manera sistémica, también es imposible hacerlo sin él. Ofrecemos, por lo tanto, este estudio a organizaciones de la sociedad civil, académicos y académicas, individuos interesados y representantes de los tres poderes del Estado.

      Lo que se expone aquí es un work in progress y así lo entienden los autores. Por un lado, hay todavía otras fuentes secundarias que pueden ser consultadas. Pero, más importante, el estudio tenía una limitación inherente en su tema: la falta de seguridad. Una investigación de campo en el territorio del estado de Coahuila pondría en peligro la vida de los investigadores. De la misma manera, el riesgo no permite solicitar entrevistas a representantes de los poderes fácticos, así que las que se realizaron tuvieron que ser anonimizadas.

      La introducción teórica se ha concentrado en distinguir y contextualizar los conceptos más importantes para el análisis de la situación en México. Pero hay otros que introducen aspectos interesantes para entender redes de poderes fácticos. Al lado de conceptos como neopatrimonialismo, sultanismo, Estado metastásico, mencionados por el autor, el concepto de “Estado profundo”, que se utiliza en Turquía para describir una red conspirativa entre militares, el servicio secreto, políticos, el sistema judicial, partes de la administración estatal, grupos de la (extrema) derecha y crimen organizado, puede enriquecer el análisis. Si el papel de los militares es clave para comprender la política turca, en México parece ser constantemente subestimado, y no se manifiesta en nuestra red de Coahuila, lo que no coincide con el rol central que el Ejército tiene en la “guerra” contra el narcotráfico.

      Last but not least, en el seguimiento al trabajo sobre México es imperativo incluir también la perspectiva de género. Como Fundación trabajamos las diferencias que la violencia, la inseguridad, las desapariciones y también las desigualdades económicas y sociales —los efectos para los cuales la captura del Estado por redes ilegales de poder son corresponsables— producen sobre la vida de mujeres y hombres.

      Para finalizar, quienes conformamos la Fundación Heinrich Böll en México agradecemos muchísimo a Luis Daniel Vázquez y su equipo de investigación por la cooperación intensa de los últimos dos años y por entregarse a una tarea que ha ido e irá más allá de un trabajo académico. Ahora, con el producto en mano, el objetivo es que impacte en procesos políticos y sociales.

      Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019.

      Introducción

      Origen y objetivos de la investigación

      En el transcurso del siglo xx se han desarrollado fuertes poderes fácticos que violan derechos humanos. Ya sean grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia; pandillas como la Mara Salvatrucha en El Salvador, Guatemala y Honduras; empresas dedicadas a la minería, la energía eólica o la hídrica que pasan por encima de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas para implementar sus proyectos económicos; compañías en general que violentan de forma directa los derechos laborales de sus trabajadores en toda América Latina, y, de forma muy preocupante, las bandas del crimen organizado que son cada vez más violentas y que incrementan cada vez más su capacidad de control territorial. Estas últimas cobran mucho interés para el caso de México, en especial cuando se alían con la clase política y conforman redes de macrocriminalidad que capturan al Estado. En este tenor, los tres principales objetivos del texto son:

      1) Analizar la formación de redes de macrocriminalidad integradas por estructuras empresariales, criminales y políticas.

      2) Investigar de qué manera estas redes logran capturar al Estado.

      3) Reflexionar sobre cómo podemos desmantelar esas redes y descapturar al Estado.

      Uno de los aspectos centrales de esta investigación es observar la interacción entre estos poderes fácticos y el gobierno en el proceso que genera la violación a los derechos humanos, y el análisis se puede hacer en dos momentos: al realizarse la violación de los derechos humanos y después de que suceda. Para entender esta diferencia temporal vale la pena recuperar una de las cuatro obligaciones generales en materia de derechos humanos, a saber: respetar, garantizar, proteger y promover los derechos. La obligación que más nos interesa destacar es la de proteger. Se eligió esta obligación en especial porque, de forma técnico-jurídica, los particulares no violentan los derechos humanos.[1] Por su construcción empírica y teórica, se ha reconocido al Estado —a cualquier representante gubernamental en el ejercicio de sus funciones— como único violador de estos derechos. Bajo esta lógica, desde el policía municipal del rincón más alejado hasta el presidente de un país pueden violar derechos humanos, pero no los actores privados mencionados.

      Sin embargo, la obligación de protección de los derechos de las personas supone que el Estado debe prevenir las violaciones a derechos por parte tanto de particulares como de órganos estatales, así como tener mecanismos reforzados de protección cuando haya un riesgo real e inminente de que una persona o grupo en particular pueda sufrir una violación a sus derechos. Así, por ejemplo, el asesinato de una persona por una pandilla criminal o de varios integrantes de una comunidad indígena

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