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      DNP: Departamento Nacional de Planeación

      DPAE: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias

      EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

      EEP: Escuela de Estudios de Paz

      EIC: environmental intractable conflicts

      ERC: Escuela de Resolución de Conflictos

      FMI: Fondo Monetario Internacional

      ICT: Instituto de Crédito Territorial

      IDU: Instituto de Desarrollo Urbano

      Inderena: Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente

      JAC: junta de acción comunal

      MMA: Ministerio del Medio Ambiente

      MV: medios de vida

      ONG: organización no gubernamental

      Piduzob: Programa Integrado de Desarrollo Urbano para la Zona Oriente de Bogotá

      POMCO: Plan de Manejo de los Cerros Orientales

      POT: Plan de Ordenamiento Territorial

      PSC: protracted social conflicts

      RUC: recurso de uso común

      SINA: Sistema Nacional Ambiental

      Sisbén: Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales

      TAC: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

      UPAC: Unidad de Poder Adquisitivo Constante

      UPZ: Unidad de Planeación Zonal

      VIS: vivienda de interés social

      ZRC: zonas de reserva campesina

INTRODUCCIÓN

      En el año 2003, fui contratado, junto con Martha Reina, para trabajar para el Departamento Administrativo de Medio Ambiente —en adelante, DAMA— en la formulación de un plan participativo con miras a mejorar la calidad de vida de la población del área conocida como San Isidro Patios, un asentamiento informal conformado por cinco barrios, resultado de la urbanización ilegal sobre predios afectados por la Reserva Oriental Bosque de Bogotá. El asentamiento de San Isidro data de los años setenta y está ubicado en el kilómetro 8 de la vía a La Calera, en los límites entre la localidad de Chapinero y Usaquén del Distrito Capital (DC) de Bogotá.

      De esta manera, comencé a familiarizarme con la complejidad y dinámica del proceso de urbanización ilegal llevado a cabo sobre la Reserva Forestal, iniciado antes de ser declarada como tal en 1976. Para dar continuidad al engorroso y paquidérmico tramite de legalización era necesario un proceso de reglamentación de la Unidad de Planeamiento Zonal —en adelante, UPZ—, cuyo componente técnico estuvo a cargo del arquitecto Daniel Arteaga.

      En el año 2004 fui contratado, nuevamente con Martha Reina, por la Subdirección de Ecosistemas, a cargo de Germán Camargo, para elaborar un Protocolo Distrital de Pactos de Borde, con el fin de operacionalizar un acuerdo a firmar entre el Distrito y las juntas de acción comunal —en adelante, JAC—, en representación de los líderes barriales, en el que estos se comprometían en una estrecha colaboración con el DAMA para frenar la expansión urbana sobre la Reserva, para lo cual se requería ordenar tanto las formas de intervención y articulación de las entidades que componen las instituciones distritales como la adecuada participación de las comunidades, dos de los grandes obstáculos a superar identificados por las comunidades y por el DAMA para garantizar la sostenibilidad del acuerdo, detener la expansión y proceder a la legalización de cuatro de los cinco barrios que componen San Isidro.

      No obstante, y a pesar de los numerosos intentos de legalización, cuyos primeros trámites datan de los años ochenta, era evidente la poca viabilidad del proceso y la situación se encontraba cada vez más lejos de resolverse, pues una vez que se lograba avanzar en alguna parte del proceso, como la Hydra de Lerna, nuevos obstáculos de carácter legal, institucional y técnico surgían.

      Casi de manera simultánea, en el año 2004, Martha y yo fuimos contratados por la GTZ (agencia alemana de cooperación técnica) como parte de un equipo para diseñar un diplomado sobre conflictos ambientales para la Escuela Superior de Administración Pública (ESAB), y, a partir de este trabajo de investigación y de la formulación de los módulos pedagógicos, pudimos discutir y analizar el caso de San Isidro a la luz de diferentes escuelas de análisis y autores, en particular las escuelas de estudios de paz, resolución de conflictos y las escuelas latinoamericanas que en aquellos momentos analizaban los impactos sociales y ecológicos de los grandes proyectos minero-energéticos enmarcados en la adopción por parte de los países de la región del modelo neoliberal, unido al desmantelamiento del Estado, la privatización y la creciente desregulación.

      Fue durante esta investigación que descubrí el concepto, traducido con mala fortuna, de intratabilidad, acuñado por el investigador Edward Azar, perteneciente a la escuela de estudios de paz, que a su vez sirvió de base para acuñar el concepto de conflictos ambientales intratables por parte de la escuela norteamericana, lo cual aumentó mi curiosidad académica por un tema que ya desde mis estudios de sociología y durante mis maestrías, una en Estudios de Desarrollo y otra en Ciencia Política, Problemas Contemporáneos y Relaciones Internacionales, había despertado el conflicto por la tierra y la cuestión agraria en Colombia, los enfrentamientos por recursos naturales y su relación dialéctica con la pobreza y el deterioro ambiental bajo el contexto de un Estado que en los años noventa se catalogaba como “débil y en crisis”.

      Durante mis estudios doctorales, aparecieron los estudios culturales, y fundamentalmente el análisis de las relaciones de poder, desde una perspectiva para mí inexplorada, relacionada con el saber, con las disciplinas del conocimiento, el pasado colonial y las relaciones poscoloniales presentes en los países del Sur. Así, durante mis clases y lecturas bajo este eje de conocimiento, aparecía de manera recurrente y como ejemplo sumamente ilustrativo el caso de San Isidro Patios, y por esta razón decidí seleccionarlo como caso de análisis para mi disertación doctoral.

      Es claro que existe una larga tradición de estudios disciplinares que han abordado el análisis de los conflictos por recursos naturales, según el lugar de enunciación y experticia de cada disciplina, de modo que han sido acuñados conceptos tales como conflictos ambientales, desde los estudios ambientales; conflictos ambientales intratables, desde los estudios de paz y resolución de conflictos; conflictos socioambientales o redistributivos, desde la ecología política, e incluso el fenómeno denominado la maldición de los recursos naturales, desde la economía, entre otros, como veremos.

      Sin embargo, tratar de realizar una síntesis desde todas estas áreas de conocimiento, relacionando lo cultural, en clave de dispositivo de poder, el gobierno, el territorio y la pobreza y aplicarla para analizar un caso específico no parecía ser, a ojos de mis evaluadores, una tarea viable, dado que, por ejemplo, se ha señalado que la categoría conflictos ambientales es excesivamente amplia, etérea y compleja. Para Leff, “los conflictos ambientales constituyen un importante fenómeno que presenta un barómetro de las relaciones sociales y económicas existentes en torno al uso, acceso y aprovechamiento de los recursos naturales” (Leff, 1998, citado por Ramírez, 2009, p. 75).

      Ahora que, desde el enfoque de los estudios culturales, se considera que este tipo de conflictos emerge del papel que desempeñan los dispositivos de poder, cuya función es regular la conducta de los individuos, las formas como son percibidos, valorados, apropiados y controlados, determinando los grados de acceso a los recursos de un territorio por parte de diferentes grupos de población.

Tabla 1. Metodología general.

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