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a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley”.

      ²⁵ El artículo XVIII establece: “Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.

      ²⁶ El artículo 25, numeral 1, establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

      ²⁷ La parte 2, título VI, artículo II, 107 establece: “Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia”.

      ²⁸ Jorge Iván Rincón Córdoba, Tutela judicial efectiva. Actuaciones administrativas y control judicial en el derecho regional europeo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 13.

      ²⁹ Rocío Mercedes Araújo Oñate, “Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado”, en Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 13, n.º 1 (2011), pp. 247-291.

      ³⁰ Jesús González Pérez, El derecho a la tutela jurisdiccional, Madrid, Cuadernos Civitas, 1984, p. 29. Citado por Juan Manuel Campo Cabal, Medidas cautelares en el contencioso-administrativo, Bogotá, Temis, 1989, pp. 4 y ss.

      ³¹ Francisco Chamorro Bernal, La tutela judicial efectiva. Derechos y garantías procesales derivados del artículo 24.1 de la Constitución, Barcelona, Bosch, 1994, pp. 12, 13.

      ³² Víctor Rafael Hernández-Mendible, La tutela judicial cautelar en el contencioso-administrativo, Caracas, Vadell Hermanos, 1997, p. 13.

      ³³ Miguel Hernández Terán, La tutela judicial efectiva como instrumento esencial de la democracia, Guayaquil, Universidad Católica de Guayaquil, 2005, p. 29.

      ³⁴ Ibid.

      ³⁵ Rúa Castaño y Lopera Lopera, op. cit., p. 13.

      ³⁶ Ibid., p 15.

      ³⁷ Néstor Iván Osuna Patiño, Tutela y amparo derechos protegidos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 156. Citado por Rúa Castaño y Lopera Lopera, op. cit., p. 21.

      ³⁸ Corte Constitucional, Sentencia C-544 del 25 de noviembre de 1993.

      ³⁹ Corte Constitucional, Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996.

      ⁴⁰ Al respecto, véase Corte Constitucional, Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993; Corte Constitucional, Sentencia T-275 del 15 de junio de 1994; Corte Constitucional, Sentencia T-538 del 29 de noviembre de 1994; Corte Constitucional, Sentencia T-004 del 16 de enero de 1995; Corte Constitucional, Sentencia T-268 del 18 de junio de 1996, entre otras.

      ⁴¹ Corte Constitucional, Sentencia C-318 del 30 de junio de 1998.

      ⁴² Corte Constitucional, Sentencia C-426 del 12 de abril de 2000.

      ⁴³ Corte Constitucional, Sentencia C-483 del 15 de mayo de 2008.

      ⁴⁴ Corte Constitucional, Sentencia C-1177 del 17 de noviembre de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-483 del 15 de mayo de 2008; Corte Constitucional, Sentencia C-279 del 15 de mayo de 2013; Corte Constitucional, Sentencia C-086 del 24 de febrero de 2016; Corte Constitucional, Sentencia C-337 del 29 de junio de 2016; Corte Constitucional, Sentencia T-550 del 11 de octubre de 2016; Corte Constitucional, Sentencia C-352 del 25 de mayo de 2017.

      ⁴⁵ Op. cit., p. 13.

      ⁴⁶ Campo Cabal, op. cit., pp. 2-17.

      ⁴⁷ Hernández Terán, op. cit., pp. 29-30.

      ⁴⁸ “La tutela judicial cautelar en el orden contencioso-administrativo”, Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 49 (1986), pp. 19-44. Citado por Jorge Orlando Ramírez, Función precautelar. Medidas cautelares, procesos urgentes, autosatisfactivas, Buenos Aires, Astrea, 2005, pp. 24 y 25.

      ⁴⁹ Jorge Zavala Baquerizo, El debido proceso penal, Guayaquil, Edino, 2002, p. 64. Citado por Hernández Terán, op. cit., pp. 37 y ss.

      ⁵⁰ Hernández Terán, op. cit., p. 19.

      ⁵¹ Fernando Arrázola Jaramillo, “El concepto de seguridad jurídica, elementos y amenazas ante la crisis de la ley como fuente del derecho”, Derecho Público, n.º 32 (2014), p. 32.

      ⁵² Manuel Alberto Restrepo Medina, Dimensión de la congestión en la jurisdicción administrativa, Bogotá, Universidad del Rosario, 2009, pp. 191-205.

      ⁵³ Roland Arazi, Medidas cautelares (3.ª ed.), Buenos Aires, Astrea, 2007, pp. 2 y ss.

      ⁵⁴ Carmen Chinchilla Marín, La tutela cautelar en la justicia administrativa, Madrid, Civitas, 1991, p. 28.

      ⁵⁵ Campo Cabal, op. cit., pp. 2-17.

      ⁵⁶ Carolina Rodríguez Bejarano y Deiner Stiwar Andrade Armijo, “El plazo razonable en el marco de las garantías judiciales”, en Memorando de Derecho, vol. 2, n.º 2 (2011), pp. 113-125. Consultado en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3851181>.

      ⁵⁷ César Landa, “Derecho fundamental al debido proceso ya la tutela jurisdiccional”, en Pensamiento Constitucional, vol. 8, n.º 8 (2002), pp. 445-461. Consultado en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3287/3129/0>.

      ⁵⁸ Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo y obras selectas (11.ª ed.), Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 2016, p. 1.

      ⁵⁹ Chinchilla Marín, op. cit., p. 27.

      ⁶⁰ Jorge Orlando Ramírez, Medidas cautelares. Códigos procesales de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, anotados y comentados, Buenos Aires, Depalma, 1976, p. 5.

      ⁶¹ Chinchilla Marín, op. cit., p. 27.

      ⁶² Al respecto, véase Eduardo García de Enterría, La batalla por las medidas cautelares (3.ª ed.). Madrid, Civitas-Thomson, 2006.

      ⁶³ Al respecto, véase De la Sierra Morón, op. cit.

      ⁶⁴ Pelayo Ariel Labrada, “Reflexiones en torno al Congreso de Viena”, en Suplemento de la Actualidad de la Ley (t. 9), 1999. Citado por Ramírez, op. cit., pp. 24 y ss.

      ⁶⁵ Ramírez, op. cit., pp. 24 y ss.

      ⁶⁶ Francisco

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